La justicia de Córdoba procesa a médicos y a un abogado por presunta trata en una causa de subrogación de vientres
El resultado de este proceso determinará si la justicia argentina decide castigar penalmente a los actores que facilitaron acuerdos de subrogación comercial
El tribunal analiza una causa que podría establecer un precedente judicial histórico para todo el país en torno a este tipo de procedimiento para concebir.
La Justicia Federal de Córdoba dictó el procesamiento del Dr. Pérez Alzaa, de Paula Liendo y del abogado Nicolás Gigena por el presunto delito de trata de personas. La investigación se centra en actividades vinculadas al centro de fertilización Fecundart, donde se habrían captado mujeres en situación de vulnerabilidad económica para embarazos subrogados. Al abogado Nicolás Gigena se le imputa adicionalmente el delito de falsedad ideológica en el marco del mismo expediente judicial iniciado en 2024.
El Juez Federal N° 2, Alejandro Sanchez Freytes, determinó el sobreseimiento de la Lic. Expósito y del Dr. César Sánchez Sarmiento al no hallar pruebas suficientes sobre su participación. El fiscal federal Enrique Senestrari, junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas,impulsó el proceso tras recibir múltiples denuncias a través de la línea 145. Esta causa judicial involucra, según estimaciones del fiscal, a 14 víctimas identificadas dentro de una red de intermediarios y estudios jurídicos privados.
Este proceso penal pone bajo el foco el vacío legal que caracteriza actualmente a la gestación por sustitución en el territorio nacional argentino. La fiscalía investiga presuntas contrataciones directas que involucran cifras de decenas de miles de dólares, especialmente en casos de turismo reproductivo internacional. Durante el año 2025, el expediente sumó nuevas líneas de investigación relacionadas con un bebé prematuro rechazado por su madre comitente extranjera.
Juez Federal N° 2, Alejandro Sanchez Freytes, magistrado de la causa
La causa judicial avanza en Córdoba
La investigación cobró relevancia pública tras testimonios de familias que denunciaron irregularidades en el asesoramiento recibido por profesionales y diversos estudios jurídicos locales. Una pareja vinculó en entrevistas a la actual titular de SENAF, Julia Reartes, aunque la funcionaria no figura como imputada en los documentos judiciales actuales. El caso continúa generando tensiones debido a la ausencia de normativas claras que regulen esta práctica médica en el país.
El expediente judicial cordobés ya es objeto de seguimiento por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en fertilidad. La justicia busca esclarecer si el aprovechamiento económico de personas en contextos de vulnerabilidad configura legalmente una red de explotación de seres humanos. El resultado de este proceso determinará si la justicia argentina decide castigar penalmente a los actores que facilitaron acuerdos de subrogación comercial.
Las instancias procesales recientes consolidan a Córdoba como el epicentro de un debate legal que podría cambiar la jurisprudencia argentina sobre estas prácticas. Los profesionales procesados enfrentan una etapa decisiva mientras la se esperan definiciones claras sobre los límites penales en la materia. El avance de esta causa constituye un hecho sin precedentes para el sistema jurídico nacional frente a la complejidad de los nuevos procedimientos reproductivos.
