La Municipalidad de Córdoba finalmente decidió revocar finalmente la habilitación comercial de Wachitas, el bar ubicado en Nueva Córdoba que operó como centro de operaciones de un grupo vinculado a la causa por el crimen de Agostina Vega. La decisión del Ente de Fiscalización y Control Municipal llegó tras años de permisividad, donde el local funcionó bajo un esquema de rotación de titulares que, desde 2016, permitió a la misma red familiar obtener sucesivos permisos a pesar de las constantes faltas a la seguridad e higiene.
Esta clausura definitiva no es producto de una política de control proactiva, sino la reacción tardía de una gestión que recién actúa cuando el establecimiento queda envuelto en un hecho de extrema gravedad. El local acumulaba 3 clausuras en menos de 2 años, presentando fallas críticas como instalaciones eléctricas clandestinas, falta de salidas de emergencia y modificaciones edilicias no declaradas, incluyendo la demolición de una pared divisoria y la insólita instalación de camas en una zona supuestamente destinada a servicios.
"Si vos modificás algo en cualquier habilitación, ya es grave porque no lo declaraste", intentó justificar el titular del ente municipal, deslindando una responsabilidad política que debió ejecutarse mucho antes de que el nombre del bar apareciera en expedientes judiciales por encubrimiento.
