La Municipalidad de Córdoba dispuso una fuerte actualización en las tarifas de la Inspección Técnica Vehicular que restringe la libre circulación de los conductores bajo un esquema de control centralizado. La medida entró en vigencia este 1 de julio tras la aprobación oficial de la resolución 185B.
El ajuste interanual del servicio trepó al 42,6%, superando por casi 10 puntos porcentuales a la inflación acumulada del 33,1% registrada en el mismo período. Con este nuevo esquema, los propietarios de automóviles particulares deberán abonar $56.084, mientras que el control para camionetas se elevó a $80.711 y para camiones a $112.085.
"La adecuación tarifaria busca garantizar la continuidad y sostenibilidad de la prestación", informaron de manera oficial las autoridades locales.
Córdoba aumentó un 28,42% la ITV y ya acumula un 42,6% interanual en incrementos, casi 10 puntos por encima de la inflación en el mismo periodo.
Monopolio regulado frente a la desregulación nacional
La decisión local contrasta con las recientes medidas del gobierno nacional que avanzan hacia la desregulación de los controles automotores obligatorios. La órbita federal habilitó que los talleres privados y concesionarias compitan libremente para emitir certificaciones sin la obligatoriedad de tributar a un esquema estatal rígido.
Mientras el mercado libre tiende a abaratar costos mediante la competencia de los prestadores, la administración municipal prefiere mantener un esquema de caja cerrada. La falta de opciones de elección para los usuarios consolida un monopolio concesionado que encarece la logística y el transporte de manera artificial.
El incremento del transporte escolar a $95.682 y de los ómnibus a $102.381 afecta la competitividad de las cadenas de distribución y servicios locales. Los transportistas y comerciantes de la provincia absorben costos fijos regulados que restan dinamismo al desarrollo de la actividad económica regional.
Córdoba aumentó un 28,42% la ITV
El impacto en el bolsillo del contribuyente
La política cordobesa, habituada a estar desconectada de la ciudadanía, debe revisar la necesidad de sostener tasas obligatorias gravosas cuando existen alternativas privadas más eficientes. El sostenimiento de estructuras de recaudación forzosa contradice la urgencia de aliviar la carga financiera sobre los ciudadanos que producen riqueza.
Hacia el futuro, los inversores y contribuyentes locales enfrentarán una presión sostenida si la administración no adhiere a los procesos de desregulación vigentes en el país. El costo de mantenimiento de las flotas comerciales continuará reduciendo los márgenes de ganancia del sector privado cordobés.
El verdadero progreso económico requiere de un mercado transparente donde la seguridad vial no dependa de la exclusividad fiscal de un municipio.
La decisión de Passerini contrasta con la reciente desregulación del gobierno nacional respecto a los controles automotores obligatorios.
