La abogada brindó detalles ante la fiscalía sobre presuntas maniobras para favorecer a personas vinculadas al poder.
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La abogada Teodora Perassi rompió el silencio tras presentarse como testigo protegida en una causa que investiga presuntas irregularidades en los tribunales de Villa María. Durante su exposición, la letrada describió la existencia de una red de corrupción organizada por fiscales, jueces y abogados locales que supuestamente incide en procesos penales para beneficiar a ciertos implicados. Según sus declaraciones, el objetivo de esta presentación es que se realice una auditoría profunda sobre el funcionamiento actual de los juzgados locales.
La profesional del derecho enfatizó que su acusación no se limita a un episodio aislado, sino que señala un comportamiento habitual en diversas dependencias judiciales. Ante los medios de prensa, Perassi manifestó: "No se trata de un hecho puntual sino de un entramado en general. No se trata de una persona sino de varias personas y juzgados, fiscalías y demás". De esta manera, la testigo busca que la investigación penal abarque a múltiples actores que participarían de estas conductas.
Perassi fundamentó sus sospechas al observar una disparidad en los tiempos de resolución de las causas según el perfil de cada cliente involucrado. La abogada denunció que existen privilegios evidentes para personas con vínculos políticos, mientras que el resto de los ciudadanos enfrenta esperas excesivas para obtener justicia. "La mayoría de nuestros clientes esperan un montón de tiempo para una resolución", señaló al comparar el trato desigual que recibirían los diferentes imputados.
Juliana Companys, fiscal de segundo turno de Villa María
Declaraciones sobre el temor a posibles represalias
Desde el mes de febrero hasta la fecha actual, la letrada compareció en más de 8 oportunidades ante la fiscalía para aportar datos precisos y testimonios adicionales. Perassi admitió públicamente sentir miedo debido al poder de las personas que mencionó en su extensa denuncia por corrupción institucional. La testigo teme tanto por su integridad física como por la posibilidad de sufrir una persecución profesional que intente silenciar sus graves afirmaciones.
La denuncia sostiene que existen maniobras deliberadas para que ciertos abogados del foro local obtengan ventajas procesales ajenas a la aplicación estricta del derecho vigente. Por este motivo, la fiscal de segundo turno Juliana Companys impulsó una investigación contra su colega, el fiscal de tercer turno, René Bosio (quien rechazó de plano todo tipo de acusación), y una serie de funcionarios y abogados del fuero local. Pese al clima de tensión en el edificio de Tribunales de Villa María, la abogada ratificó su postura de continuar adelante con el proceso hasta esclarecer los hechos.
Finalmente, la profesional solicitó que se analice el patrón de conducta en múltiples fiscalías y juzgados de control para detectar la repetición de estos supuestos beneficios. El caso ya se encuentra en manos de la jueza María Soledad Dottori, quien deberá evaluar la promoción de investigación formal contra los funcionarios señalados. Teodora Perassi concluyó sus declaraciones insistiendo en la necesidad de transparencia total para recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia de Córdoba.
