El ex mandatario Miguel Negro y el dirigente Ignacio Alaniz están imputados por instigar la toma de terrenos fiscales.
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La Justicia Federal fijó para el próximo 11 de junio el comienzo de las audiencias contra el ex intendente de Holmberg (cuyo nombre oficial es Santa Catalina), Miguel “Minino” Negro. Junto a él será juzgado Ignacio Alaniz, quien fuera candidato a la intendencia, por su presunta responsabilidad en la ocupación ilegal de tierras estatales. El magistrado Sergio Pinto rechazó las propuestas de reparación de la defensa, confirmando así el avance de la causa hacia la instancia de debate oral.
La investigación judicial se centra en una serie de maniobras ocurridas entre 2022 y 2023 que habrían facilitado el despojo de predios al concesionario ferroviario. La situación procesal de los acusados se complicó tras la difusión de un video donde se alentaba a familias a ocupar parcelas con promesas de regularización. Este escándalo marcó el final de la gestión de Negro, quien se desempeñó como jefe comunal de la localidad cordobesa durante 40 años consecutivos.
Durante la etapa de instrucción, se realizaron múltiples allanamientos en dependencias municipales donde se secuestraron teléfonos celulares y documentos de seis camiones. El fiscal Cabanillas mantiene la acusación por instigación a la usurpación, mientras que otros involucrados enfrentan cargos como coautores del delito de despojo. Estos episodios judiciales debilitaron el capital político del oficialismo local, que finalmente perdió las elecciones municipales por una diferencia de 4 puntos.
Maximiliano Rossetto, actual intendente de Holmberg (Santa Catalina)
Fin de ciclo y recambio en Holmberg
El triunfo de Maximiliano Rossetto en los comicios de 2023 puso fin a cuatro décadas de hegemonía política del sector liderado por Miguel Negro en la región. El actual intendente logró imponerse tras haber perdido por un margen muy escaso en 2019, contando en esta oportunidad con el respaldo del gobierno provincial. En tanto, el ex mandatario se retiró de la función pública bajo un clima de fuerte tensión y cuestionamientos por el manejo de los recursos territoriales.
A pesar de haber sido reconocido anteriormente por su austeridad administrativa, el procesamiento judicial obligó a Negro a concluir su mandato con una imagen deteriorada. La causa reflota las polémicas promesas electorales de Alaniz, quien aseguraba que una futura gestión compraría las tierras para dar prioridad a los ocupantes. Estos hechos son considerados por la fiscalía como una maniobra deliberada para intervenir en la posesión de terrenos que pertenecen exclusivamente al Estado Nacional.
El juicio que comenzará en menos de dos meses genera una gran expectativa en la comunidad de Holmberg debido a la relevancia institucional de los protagonistas. Los imputados deberán responder ante el tribunal por las pruebas recolectadas, que incluyen grabaciones y peritajes realizados sobre los dispositivos móviles incautados. La resolución de este conflicto legal definirá las responsabilidades penales sobre un caso que alteró el mapa político del sur de la provincia de Córdoba.
