Tres denuncias por hechos que afectan a menores de 4 y 5 años exigen avances en una investigación que permanece paralizada.
Una serie de graves acusaciones por presunto abuso sexual infantil sacude a la comunidad de un establecimiento educativo con gestión religiosa en Córdoba. La abogada Macarena Martín Ubiergo confirmó que ya son tres las familias que formalizaron sus presentaciones tras detectar comportamientos extraños en sus hijos. Las víctimas, niños y niñas de apenas 4 y 5 años, habrían coincidido en relatos y pesadillas que vinculan directamente los sucesos dentro de la institución.
La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades judiciales genera una profunda angustia y malestar entre los padres que iniciaron el proceso. A pesar de que las dos primeras denuncias fueron radicadas en el mes de octubre del año pasado, el expediente no registra movimientos procesales de relevancia. El ingreso de una tercera causa en una fiscalía diferente renueva las esperanzas de obtener finalmente una investigación técnica que sea rápida y exhaustiva.
Mientras tanto, el colegio continúa funcionando con normalidad sin haber brindado explicaciones claras a los damnificados que asistían al lugar hace 10 años. Hasta el momento, entre 10 y 14 familias decidieron retirar de manera inmediata a sus hijos de la institución ante la sospecha de irregularidades internas. La querella solicitó formalmente la unificación de todas las causas presentadas, pero las fiscalías intervinientes rechazaron el pedido de forma sistemática.
Los expedientes tramitan actualmente ante las fiscalías dirigidas por los magistrados Mario Mazzuchi, en la Fiscalía N° 2, y Jorgelina Gómez, en la Fiscalía N°3, sin que se hayan tomado medidas urgentes. La abogada defensora debió presentar declaraciones por escrito debido a que la justicia demoró más de 6 meses en citar a las madres de las víctimas. "Tuvimos que presentar una declaración de la madre por escrito porque, a pesar del tiempo transcurrido, no había sido citada a declarar. Recién ahí la citaron de manera inmediata".
La postura de las autoridades educativas fue calificada como dolorosa por los denunciantes, quienes solo recibieron evasivas durante una breve reunión informativa inicial. Según la representación legal, existen indicios objetivos que podrían señalar a una persona perteneciente a la comunidad religiosa que conduce el establecimiento escolar. Pese a la gravedad de los testimonios aportados, la institución se limitó a deslindar responsabilidades alegando que el hecho no tiene vinculación con la entidad.
El estudio jurídico que representa a las familias ratificó que mantendrá una vigilancia constante sobre el desempeño de cada fiscal interviniente en el caso. El objetivo primordial es garantizar que se apliquen los protocolos de protección infantil y se recolecten las pruebas necesarias para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el pedido de unificación sigue vigente para evitar que la dispersión de los datos objetivos termine favoreciendo la impunidad de los responsables.
