La actividad económica no crece desde mediados del año 2011, pero la tasa de inflación escaló del 25% a casi el 200% desde entonces. El poder adquisitivo de los ingresos reales es cada vez menor, y la pobreza volvió a los mismos umbrales que tenía en el año 2001.

La Vicepresidente saliente Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “el peor infierno” para la economía del país es la estanflación, es decir, una situación en la cual la actividad se estanca o decrece y al mismo tiempo tiene lugar un violento proceso inflacionario.

Pero ese infierno no es nuevo en Argentina, la estanflación lleva 12 años afectando al desarrollo del país precisamente por el agotamiento del modelo económico kirchnerista. Las sucesivas gestiones del kirchnerismo llevaron a cabo una contrarreforma sobre todo el avance conseguido durante la década del 90, y los resultados están a la vista.

La actividad económica del país no crece desde mediados de 2011, sin importar a partir de qué indicador se la quiera medir. El índice EMAE del INDEC solamente registró un magro crecimiento del 1,35% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2023, con fuertes recesiones en 2012, 2014, 2015 y 2016, 2018 y 2019, el shock por la pandemia en 2020, y finalmente una nueva recesión comenzada a mediados de agosto del año 2022.

Lo mismo ocurre si se medida la actividad de la construcción a partir del ISAC que publica el INDEC, o el índice de producción industrial (IPI) del mismo organismo. Ambos indicadores no registraron crecimiento alguno en los últimos 12 años. Desde que Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía la producción industrial se contrajo un 3,3%, mientras que la construcción se derrumbó hasta un 6,2%.

Todos estos episodios recesivos fueron acompañados por una dinámica inflacionaria explosiva. La tasa de inflación minorista promediaba el 24% en 2012 y llegó a superar el 25% para diciembre de aquel año. 

Escaló al 41% en octubre de 2014 tras la devaluación de Kicillof, rompió el techo del 46% en julio de 2016 durante los primeros meses de la gestión de Cambiemos, en mayo de 2019 repuntó por encima del 57% interanual, y desde febrero de 2023 ingresó en el terreno de los 3 dígitos. El último dato del INDEC marcó una inflación superior al 142% al cierre de octubre, y casi 150% en el mercado mayorista.

La tasa de inflación podría finalizar el año en un valor cercano al 200% según anticipan la mayoría de las consultoras privadas. El país entró en un régimen de dos dígitos de inflación mensual tras la devaluación de agosto, y la variación de los precios minoristas podría llegar a superar el 20% en el último mes del 2023. 

Las reformas estructurales que propone llevar a cabo el Presidente Javier Milei a partir del 10 de diciembre no son responsables de la profundización de la estanflación, la estanflación es el resultado natural de el colapso del modelo kirchnerista, y las reformas estructurales se perfilan para terminar con ese modelo.

El régimen económico del kirchnerismo, sustentando sobre la base de la dominancia fiscal del Tesoro sobre el Banco Central, el proteccionismo, las regulaciones excesivas, la distorsión de precios relativos y la presión tributaria desorbitada, se encuentra en un proceso de agotamiento similar al que tuvo el mismo sistema durante la década de 1980.

El ministro de Economía dejó una situación macroeconómica fuera de control. En algunas provincias del interior del país la inflación mensual alcanza los récords más violentos de los últimos 32 años, y las consultoras privadas sugieren un salto inflacionario del 20% en diciembre.

Los efectos de la política económica de Sergio Massa siguen llegando, y causan estragos en el poder adquisitivo de los ingresos. La tasa de inflación de noviembre se encamina a romper un nuevo récord histórico por lo menos en los últimos 32 años. 

La consultora EcoGo estima un alza mensual de precios minoristas en noviembre en torno al 13,4%, y de convalidarse esta cifra la tasa de inflación interanual (con respecto al IPC del mismo mes del año pasado) llegaría cómodamente al 160%. No se registra un valor mensual de semejante calibre desde febrero de 1991, antes del lanzamiento del Plan de Convertibilidad en marzo de ese mismo año.

Según EcoGo, el precio de los alimentos repuntó hasta un 3,4% solamente en la última semana de noviembre, y la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, a cargo de Gabriel Rubinstein, convalidó un alza general de precios minoristas de por lo menos el 3,1% para esa semana de referencia. La nominalidad está completamente descontrolada.

En la misma línea de análisis, el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia Córdoba confirmó una suba de precios promedio del 14,6% para el mes de noviembre, y una tasa de inflación interanual 178,2% con respecto al mismo período del año 2022.

La inflación técnica proyectada para Córdoba asciende al 218% para el cierre de 2023, mientras que las consultoras privadas esperan una tasa superior al 190% si se convalida un aumento en torno al 20% para el último mes del año.

El kirchnerismo recuperó el poder en diciembre de 2019 habiendo recibido una tasa de inflación que no superaba el 54% interanual. Cuatro años más tarde, entregaría una inflación casi cuatro veces superior. 

Los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central son actualmente la principal fuente de la emisión monetaria, seguido por el rescate de títulos públicos en el mercado secundario y la asistencia directa al Tesoro Nacional.

Los controles y los acuerdos de precios están en una situación de virtual colapso, ya que el Gobierno perdió margen para amenazar a las empresas con restricciones cambiarias y la sombra del desabastecimiento hace inútil la idea de reforzar cualquier control. El Gobierno kirchnerista se quedó sin herramientas para preservar la represión financiera que llevó adelante en los últimos 4 años.

El equipo del Presidente Javier Milei deberá asumir el poder en medio del caos inflacionario más adverso en tres décadas. Se hereda una monstruosa distorsión de precios relativos (atraso en el valor real de las tarifas públicas y el tipo de cambio regulado), un Banco Central virtualmente quebrado y una muy inestable demanda de pesos (la renovación de plazos fijos es cada vez más baja).

La economía de Brasil sufrió una importante desaceleración desde el segundo trimestre del año, en línea con la dureza de la política monetaria y la política tributaria del Gobierno socialista. Las expectativas de crecimiento para fin de año volvieron a caer, y son aún más bajas para el año próximo.

El Banco Central de Brasil confirmó que el índice de actividad económica mensual (IBC-Br) registró un retroceso del 0,1% al término de septiembre, después de haberse desplomado casi un 1% en el mes anterior. Este indicador se encuentra cada vez más resentido, y en particular desde el segundo trimestre del año.

La economía brasileña acumuló una muy fuerte caída del 2,13% entre mayo y septiembre, y el promedio móvil de 4 meses permaneció prácticamente estancado desde aquel entonces. Se perdió la mayor parte del dinamismo que había sido heredado de la gestión de Jair Bolsonaro.

El crecimiento trimestral de la economía alcanzó el 1,4% en los primeros 3 meses de 2023, cayó al 1% en el segundo trimestre, y el tercer trimestre registró un ligero aumento de tan solo el 0,1%, explicado en mayor medida por el arrastre estadístico de marzo y abril.

Todo esto significa un escenario más adverso para la economía argentina en 2024, ya que Brasil se constituye como el principal destino de las exportaciones argentinas llegando a representar más del 14% del total (por encima de China y Estados Unidos).

La actividad responde negativamente a la dureza de la política monetaria que dirige Roberto Campos Neto desde el Banco Central con el fin de controlar definitivamente el proceso inflacionario. Por otra parte, la política tributaria del Gobierno de Lula da Silva tampoco ayudó a afianzar la expansión económica.

El socialismo estableció nuevos impuestos sobre las ganancias de criptoactivos, apuestas online, ganancias de capital, exportadores de hidrocarburos, importaciones desgravadas por Bolsonaro, y tarifas de combustibles. Todo esto avanzó en la dirección favorable para resentir el nivel de actividad.

Las expectativas de crecimiento del FMI sugerían un alza del 3,1% para el PBI de Brasil en 2023, pero los mercados financieros esperan un incremento más modesto en torno al 2,8% con respecto al año pasado, concentrado principalmente en el primer semestre del año. Para 2024 las expectativas empeoran drásticamente a un alza de solo el 1,4% según el FMI.

El Gobierno socialista prepara el lanzamiento de su reforma tributaria a partir de enero de 2024, y entre otros lineamientos se dispondrá de un “Super-IVA” fijado en el 27,5% (el más alto del mundo), nuevos impuestos a las ganancias de capital para contribuyentes de altos rendimientos y las inversiones financieras en el exterior (con tasas del 8% al 22,5%), y la habilitación a los Estados locales para crear nuevos impuestos.

El rediseño del sistema impositivo está en línea con la nueva regla fiscal que ata el techo legal del gasto público a la recaudación efectiva. Se eliminan los límites nominales (vigentes entre 2016 y 2022), y se aplica una nueva regla que habilita a gastar indiscriminadamente, siempre y cuando se logre compensar esas nuevas erogaciones con una mayor presión tributaria sobre familias y empresas.