La Bolsa de Comercio de Córdoba y otras once entidades de todo el país expresaron su rechazo a la reforma aprobada por el Senado. La norma, votada el pasado 10 de julio, modifica el régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), claves para financiar a las PyMEs. El comunicado denuncia que esta medida es una amenaza directa al crédito productivo y al empleo.
Las SGR permiten que miles de micro, pequeñas y medianas empresas accedan al financiamiento formal. El sistema ha movilizado más de 3,8 billones de pesos y sostiene más de 500.000 empleos. El cambio fiscal pone en riesgo un esquema que ha sido eficiente, federal y de fuerte impacto positivo en todo el país.
Las entidades advierten que esta modificación no fue debatida ni consultada con el sector. Consideran que la decisión se tomó con fines recaudatorios inmediatos y sin evaluar las consecuencias productivas. Enfatizan que eliminar exenciones a aportantes de SGR es un retroceso grave en términos económicos y sociales.
Las SGR permiten que miles de micro, pequeñas y medianas empresas accedan al financiamiento formal.
Quiénes firmaron el comunicado y por qué es clave para Córdoba
El rechazo fue firmado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, junto a otras entidades bursátiles de peso nacional. Entre ellas se encuentran la Bolsa de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Chaco, Confederada (Corrientes) y la Caja de Valores. También adhirieron BYMA, Mercado Argentino de Valores y A3.
Las bolsas señalaron que el sistema de SGR ha sido uno de los instrumentos más federales del país. Su eliminación implicaría romper un modelo público-privado exitoso que ha canalizado inversión productiva y mejorado la recaudación.
Córdoba es una de las provincias más activas en el financiamiento PyME a través de SGR. La Bolsa cordobesa cumple un rol central en el desarrollo económico regional y en la articulación con el sector productivo local.
El rechazo fue firmado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, junto a otras entidades bursátiles de peso nacional.
Una reforma sin sustento técnico, impulsada por el bloque kirchnerista
El proyecto fue aprobado en la Cámara Alta con impulso del bloque kirchnerista y aliados provinciales. Fue incluido dentro de una reforma previsional que buscaba romper con el plan económico del gobierno, sin proponer un plan real de recomposición. Para compensar ese aumento, se eliminan beneficios fiscales a quienes aportan capital a las SGR.
Este artículo de la ley implica desfinanciar un sistema virtuoso por una ganancia fiscal mínima. El crédito productivo en Argentina ya representa apenas el 11% del PBI, y las SGR avalan uno de cada tres préstamos PyME. Sin ellas, el acceso a crédito formal para pequeñas empresas se vería severamente restringido.
El secretario de la Cámara de Sociedades de Garantía, Ignacio Pérez Riba, señaló que el costo fiscal anual de este esquema es de solo USD 136 millones. Esa cifra es ampliamente compensada por la recaudación que generan las PyMEs a las que se financia.
Córdoba es una de las provincias más activas en el financiamiento PyME a través de SGR.
Una medida que perjudica a quienes sí hacen el esfuerzo por ordenar el Estado
Las bolsas remarcan que esta decisión es parte de una estrategia de los gobernadores para evitar hacer el ajuste que el país necesita. Mientras el gobierno nacional recortó privilegios, achicó ministerios y eliminó cargos políticos, muchas provincias mantienen estructuras sobredimensionadas.
En lugar de reducir la planta política o revisar gastos superfluos, el Congreso optó por desarmar un sistema que funciona y genera empleo. Lejos de cuidar al sector privado, este proyecto castiga a quienes invierten y producen.
La Bolsa de Comercio de Córdoba advirtió que esta ley daña severamente al entramado productivo del interior del país. Exhortan a que se revise la norma antes de que los efectos sean irreversibles para las economías regionales.
