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Economía

Impuesto al “lujo”: el kirchnerismo impulsa un nuevo impuesto para autos 0 km de más de US$ 28.100

Tras la actualización en la base imponible del impuesto al “lujo”, los autos de más de $2.250.000 de precio al público comenzarán a pagar una alícuota del 20%. La alícuota más alta permanece en el 35%. 

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A partir del 1° de diciembre, todos los autos de más de US$ 28.100 serán alcanzados por una
alícuota del 20%
, correspondiente a la primera escala de este gravamen. Hasta fin de
noviembre, el impuesto se cobra a partir de unos $2.040.000 de valor al público

La segunda escala tendrá un sobrecargo fiscal del 35%, y aplica a partir de los modelos cuyo
valor supere los US$ 51.000, es decir, $4.150.000. Esto se debe al ajuste del 8,93%
correspondiente al trimestre de julio, agosto y septiembre, según el SIPM (Sistema de Índices
de Precios Mayoristas). 

En lo que va de la gestión kirchnerista, un total de casi 11 meses, Alberto Fernández decidió aumentar e incluso crear nuevos impuestos. El impuestazo del kirchnerismo promete alcanzar nuevas dimensiones para 2021. 

Cabe destacar que, con el cambio de la fórmula establecida en el
gobierno de Cambiemos, el impuesto ya no se calcula en base a la inflación general sino que
se actualiza según el índice de precios mayoristas

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Debe remarcarse que, debido a la forma de aplicación del impuesto, una alícuota del 20%
representa una suba del precio de venta del 25%, mientras que una del 35% hace que se
dispare el valor en un 50%. 

Como consecuencia de esto, muchos modelos quedan con un precio fijo justo por debajo de la
base imponible para no sufrir ese recargo y, en el caso de que no se pueden sostener en ese
nivel, simplemente se dejan de comercializar esos autos debido a que no pueden competir

Aunque la mayoría de los modelos afectados son importados, el gravamen también alcanza a
algunos de producción nacional. Hay que tener en consideración que el precio de los 0 kms
más accesibles ronda alrededor del millón de pesos, por lo cual muchos modelos del segmento
mediando tendrán que tributar el “impuesto al lujo”, quedando una franja mínima de modelos
exentos. 

Este impuesto se viene aplicando desde hace años en diversos períodos, pero con variable intensidad. Había sido eliminado por Domingo Cavallo en 1991 como parte una reforma a los impuestos internos, pero volvió a cobrar relevancia durante la gestión kirchnerista. 

La máxima alícuota (aplicada a los vehículos de mayor categoría) había alcanzado el nivel más alto de la historia en 2014, llegando a un 50%. Luego se fue atenuado durante la presidencia de Macri, y nuevamente volvió a tener mayor
impacto con la llegada de Alberto Fernández. 

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Según los importadores, la suba de la base imponible que se viene realizando a lo largo de este
año no alcanza para cubrir el incremento de la inflación, así como tampoco la devaluación del
peso. Argumentan que la inflación mayorista muestra un retraso en relación al costo real de
vida. 

A esto se le suma la devaluación, que de enero a diciembre acumula un 30%. Al ser en su mayoría importados, casi todos los modelos que
quedan alcanzados por este impuesto se rigen por listas de precios en dólares, por lo que cada
vez más modelos quedarán
alcanzados

Esta política de castigo fiscal hacia los vehículos más caros va en sintonía con los planes del Gobierno para restringir el ingreso de vehículos del exterior, en gran medida debido a la falta de
dólares y al sesgo proteccionista del kirchnerismo

Este nuevo gravamen se suma a la gran cantidad de regulaciones y costos (laboral, alquiler,
impuestos, servicios y demás) que deben afrontar las concesionarias, que se verán obligadas a
aumentar el precio o bien resignar parte de sus ganancias.

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Cuba

Un país frenado en el tiempo: El socialismo condenó a Cuba a un estancamiento que ya lleva 30 años

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La renta per cápita del país caribeño no crece desde el año 1988. El colapso económico del “período especial” y la posterior recuperación insuficiente condenaron al país al atraso y la marginalidad social. 

El socialismo cubano condenó cualquier tipo de progreso económico para el pueblo que lo sufre año tras año en la isla. Según datos publicados por la propia dictadura castrista a través de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, el ingreso por habitante en términos reales no creció prácticamente nada entre 1988 y 2021.

En 33 años la calidad de vida promedio de los cubanos, medida por el poder de compra del ingreso promedio nacional, sólo mejoró un irrisorio 0,24%. Se trata de uno de los fracasos económicos más drásticos y violentos registrados para la región en el período descripto, sólo por detrás del catastrófico desempeño que vivió Haití, azotada por múltiples desastres naturales y guerrilla.

Si bien Cuba prácticamente se quedó paralizada en el tiempo tras el golpe de Estado de 1952, y todo el desarrollo económico que disfrutaron los países capitalistas en mayor o menor medida permanece ausente de la isla, entre la década del ’50 y los ’80, gracias a la ayuda económica y tecnológica de la Unión Soviética, los cubanos experimentaron cierto nivel de crecimiento.

Estancamiento económico de Cuba entre 1988 y 2021.

Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética hacia fines de la década del ’80, el desarrollo del país se frenó completamente. Cuba perdió el apoyo del régimen soviético, que además de ser su respaldo geopolítico en la región, les brindaba constantemente asistencia financiera, era la única afluencia comercial real que tenía la isla cubana, y la URSS funcionaba como el principal prestamista para financiar los abultados desequilibrios fiscales que Cuba mantuvo a lo largo de las décadas de 1970 y 1980

Todo esto se frenó de un día para el otro cuando cae el Muro de Berlín, lo que llevó a Cuba a un profundo colapso económico que fue descrito por las autoridades de la dictadura como el “período especial”, donde “el modelo comunista fue puesto a prueba“.

El auto-bloqueo impuesto por el Partido Comunista Cubano, que había ilegalizado el comercio privado, impedía reemplazar a la URSS con Rusia como socio comercial. Además, la pésima organización económica obligaba al gobierno a monetizar los desequilibrios que ya no podía solventar con endeudamiento externo. 

A su vez, la recuperación cíclica que debía experimentar después de la crisis, demostró ser mucho menos pronunciada de lo esperable, y el país nunca recuperó la ya muy pobre tendencia de crecimiento de largo plazo que registraba en la segunda mitad del siglo XX. 

A partir del año 2015, Cuba volvió a enfrentarse a una situación de estancamiento, y el shock provocado por la pandemia de 2020 significó el golpe de gracia para precipitar un nuevo colapso económico en la isla.

Las reformas actuales sobre el sistema cambiario, monetario y comercial del país no modifican la estructura burocrática y estatista que se mantiene inalterada desde hace décadas. El tamaño del Estado cubano promedió el 65% del PBI en los últimos 30 años, alcanzó el 69,2% del producto en medio de la pandemia y retrocedió al 58,8% tras el ajuste y el shock inflacionario de 2021

Los cubanos siguen siendo prisioneros en la isla, no solo porque sus derechos políticos jamás han sido reconocidos por el Partido Comunista, si no porque están condenados a la miseria más absoluta: la de no crecer, y quedarse virtualmente estancados en el tiempo hace por lo menos tres décadas.

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Brasil

El Congreso aprobó un nuevo esquema que reconoce al Bitcoin como medio de pago y activo de inversión en Brasil

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Las nuevas normas regulatorias facilitan las operaciones con criptomonedas dentro del marco legal. El proyecto contó con la aprobación del Congreso y será enviado al poder ejecutivo para la firma definitiva del presidente Jair Bolsonaro. 

La Cámara de Diputados de Brasil finalmente aprobó el proyecto de ley 4401/21, que ya había obtenido media sanción en el Senado desde hace 7 meses. Se conforma un nuevo esquema legal que otorga facilidades para las operaciones con criptomonedas, salvaguardando así la seguridad jurídica de las transacciones en el país.

Los distintos grupos de la derecha parlamentaria en Brasil obtuvieron una victoria legislativa que dota al Bitcoin las siguientes garantías legales: se reconoce su rol para representar valor digital, podrá usarse libremente como medio de pago y también podrá utilizarse como activo de inversión sin restricciones.

La ley exige, a cambio, que los proveedores e intermediarios de este tipo de servicios digitales deberán estar registrados, y determina que si bien el Bitcoin conforma un medio de pago, no constituye una moneda de curso legal como lo es el Real. Por lo tanto no puede usarse para el pago de impuestos, entre otras obligaciones. 

El objetivo es que todas aquellas transacciones que de todos modos se llevan a cabo diariamente en Brasil, ahora puedan hacerlo pero bajo un manto de cierta transparencia. De hecho, la autoridad monetaria de Brasil estima que se realizan más transacciones a través de criptomonedas que las que se registran a través de la bolsa. 

También se busca una mayor integración entre el mercado de criptomonedas y los mercados financieros tradicionales, especialmente a través de la función de inversión en activos digitales. 

Mientras el Bitcoin sea utilizado bajo la forma de un medio de pago, será el propio Banco Central de Brasil (BCB) el responsable de mediar las transacciones y hacer cumplir las regulaciones respectivas. Cuando sea usado como un activo de inversión, la autoridad pertinente será la Comisión de Valores y Cambio (CVM)

Tras la aprobación por parte de ambas cámaras legislativas, el proyecto fue enviado directamente al escritorio del presidente Jair Bolsonaro para su evaluación y aprobación final

Paralelamente a la aprobación del proyecto, el presidente del BCB nombrado por Bolsonaro, Roberto Campos Neto, presentó formalmente el primer proyecto para el futuro lanzamiento del “real digital”, y propuso su integración con el sistema de pagos actual. 

Llevamos el mundo digital al sistema bancario. Varios otros bancos centrales están haciendo lo contrario. De hecho, están sacando lo digital de la banca”, declaró Campos Neto. 

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Economía

El Gobierno aumenta el techo de gasto para fin de año y lo lleva a un récord histórico de $103.000 millones

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La ampliación del gasto se distribuirá entre el Ministerio de Trabajo y seguridad social, Agricultura y ganadería y Cultura. También se amplía el límite al déficit fiscal en $96.671 millones adicionales a lo presupuestado originalmente.

El ministro de Economía Sergio Massa y el Jefe de Gabinete Juan Manzur pusieron la firma para una nueva expansión fiscal de cara a fin de año. Habiendo quedado completamente desfasado el presupuesto de Guzmán y sus metas, el Gobierno resolvió la ampliación del techo de gastos por un monto adicional de hasta $103.671 millones.

No es la primera vez que el Gobierno anuncia una modificación arbitraria a los montos originalmente presupuestados. De hecho, y solamente este año, el oficialismo amplió 12 veces el techo del gasto previsto.

Las medidas fueron dispuestas por la Decisión Administrativa 1.211 y publicadas en el Boletín oficial. Sin un presupuesto creíble y con metas realistas, la programación económica se hace imposible y el oficialismo se reserva la potestad de realizar ampliaciones. 

Los gastos incrementales propuestos por las medidas se destinarán a través de tres fuentes: el ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibirá $88.500 millones, Agricultura y Ganadería se llevará $15.000 millones, y finalmente el ministerio de Cultura recibirá un pequeño monto remanente de $171,1 millones.

La gran mayoría de la expansión del gasto se verá canalizada en el pago de obligaciones de índice meramente estacional en el sistema de seguridad social. Esto es, el pago del medio aguinaldo sobre haberes previsionales y el nuevo ajuste trimestral que corresponde para el mes de diciembre. 

Otra gran parte de los nuevos gastos presupuestados se destinará a los subsidios del ministerio de Agricultura para las economías regionales afectadas por situaciones de sequía o incendios. También se destinarán recursos al “Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz”

El paquete enviado para el ministerio de Cultura se aplicará lisa y llanamente para pagar salarios, concretamente para “atender la liquidación de haberes del personal de noviembre de 2022” según reza el documento publicado por Manzur y Massa. 

Asimismo, la expansión del horizonte de gastos no fue compensada con un aumento similar en la factura de ingresos totales que arriban a las arcas del Estado. Solo registró un monto adicional de hasta $7.000 millones en nuevos ingresos, y por lo tanto la factura del déficit fiscal aumentó en $96.671 para fin de año

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