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Economía

Impuesto al “lujo”: el kirchnerismo impulsa un nuevo impuesto para autos 0 km de más de US$ 28.100

Tras la actualización en la base imponible del impuesto al “lujo”, los autos de más de $2.250.000 de precio al público comenzarán a pagar una alícuota del 20%. La alícuota más alta permanece en el 35%. 

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A partir del 1° de diciembre, todos los autos de más de US$ 28.100 serán alcanzados por una
alícuota del 20%
, correspondiente a la primera escala de este gravamen. Hasta fin de
noviembre, el impuesto se cobra a partir de unos $2.040.000 de valor al público

La segunda escala tendrá un sobrecargo fiscal del 35%, y aplica a partir de los modelos cuyo
valor supere los US$ 51.000, es decir, $4.150.000. Esto se debe al ajuste del 8,93%
correspondiente al trimestre de julio, agosto y septiembre, según el SIPM (Sistema de Índices
de Precios Mayoristas). 

En lo que va de la gestión kirchnerista, un total de casi 11 meses, Alberto Fernández decidió aumentar e incluso crear nuevos impuestos. El impuestazo del kirchnerismo promete alcanzar nuevas dimensiones para 2021. 

Cabe destacar que, con el cambio de la fórmula establecida en el
gobierno de Cambiemos, el impuesto ya no se calcula en base a la inflación general sino que
se actualiza según el índice de precios mayoristas

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Debe remarcarse que, debido a la forma de aplicación del impuesto, una alícuota del 20%
representa una suba del precio de venta del 25%, mientras que una del 35% hace que se
dispare el valor en un 50%. 

Como consecuencia de esto, muchos modelos quedan con un precio fijo justo por debajo de la
base imponible para no sufrir ese recargo y, en el caso de que no se pueden sostener en ese
nivel, simplemente se dejan de comercializar esos autos debido a que no pueden competir

Aunque la mayoría de los modelos afectados son importados, el gravamen también alcanza a
algunos de producción nacional. Hay que tener en consideración que el precio de los 0 kms
más accesibles ronda alrededor del millón de pesos, por lo cual muchos modelos del segmento
mediando tendrán que tributar el “impuesto al lujo”, quedando una franja mínima de modelos
exentos. 

Este impuesto se viene aplicando desde hace años en diversos períodos, pero con variable intensidad. Había sido eliminado por Domingo Cavallo en 1991 como parte una reforma a los impuestos internos, pero volvió a cobrar relevancia durante la gestión kirchnerista. 

La máxima alícuota (aplicada a los vehículos de mayor categoría) había alcanzado el nivel más alto de la historia en 2014, llegando a un 50%. Luego se fue atenuado durante la presidencia de Macri, y nuevamente volvió a tener mayor
impacto con la llegada de Alberto Fernández. 

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Según los importadores, la suba de la base imponible que se viene realizando a lo largo de este
año no alcanza para cubrir el incremento de la inflación, así como tampoco la devaluación del
peso. Argumentan que la inflación mayorista muestra un retraso en relación al costo real de
vida. 

A esto se le suma la devaluación, que de enero a diciembre acumula un 30%. Al ser en su mayoría importados, casi todos los modelos que
quedan alcanzados por este impuesto se rigen por listas de precios en dólares, por lo que cada
vez más modelos quedarán
alcanzados

Esta política de castigo fiscal hacia los vehículos más caros va en sintonía con los planes del Gobierno para restringir el ingreso de vehículos del exterior, en gran medida debido a la falta de
dólares y al sesgo proteccionista del kirchnerismo

Este nuevo gravamen se suma a la gran cantidad de regulaciones y costos (laboral, alquiler,
impuestos, servicios y demás) que deben afrontar las concesionarias, que se verán obligadas a
aumentar el precio o bien resignar parte de sus ganancias.

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Economía

Larreta propone volver a intentar el fallido Plan Austral como respuesta a la inflación

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El Jefe de Gobierno porteño abandonó temporalmente sus obligaciones para viajar a Israel y estudiar de cerca el plan de estabilización que aplicó ese país en 1985, idéntico al Plan Austral que lanzaba Raúl Alfonsín ese mismo año en el país.

Como lo había anticipado La Derecha Diario, el máximo referente del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó oficialmente sus intenciones para volver a intentar el fallido Plan Austral en la economía argentina.

El Jefe de Gobierno porteño visitó Israel y se reunió personalmente con Leonardo Leiderman y Manuel Trajtenberg, dos economistas argentinos que estuvieron presentes en el equipo del entonces primer Ministro Shimon Peres, para formular el más importante plan de estabilización de ese país entre 1985 y 1986.

El programa de estabilización se sustentaba en la estabilidad del tipo de cambio, y tanto su fecha de lanzamiento como sus principales características coinciden con el famoso “Plan Austral” que lanzó el presidente radical Raúl Alfonsín en junio de 1985.

Las medidas del programa israelí fueron las siguientes:

  • Estricto control de cambios y fijación de la paridad con el dólar
  • Devaluaciones periódicas administradas y brecha cambiaria de hasta 30%
  • Brutal congelamiento de salarios, tarifas públicas y controles de precios
  • Ajuste de shock sobre el déficit fiscal total (incluyendo intereses), que pasó del 15% del PBI a 2% en un año
  • Deuda externa para financiar la rápida transición hasta la eliminación del déficit
  • Estricto control de la base monetaria

Paralelamente, en 1985 Argentina lanzó un programa similar tras el estallido inflacionario heredado de la gestión Grispun. Pero el programa argentino demostró ser mucho más permisivo en materia de consolidación fiscal y credibilidad.

A diferencia de Israel, la aplicación de un set similar de medidas en Argentina no logró provocar un cambio de régimen creíble a largo plazo, como sí ocurrió en Israel. Incluso habiendo eliminado temporalmente el déficit primario, la falta de reformas estructurales y la debilidad de la promesa monetaria para no financiar al Tesoro, terminaron por desmantelar el programa hacia mediados de 1986.

Pero Argentina no fue el único caso de fracaso en la aplicación de este tipo de programas. Nuevamente con una lógica similar y a tan solo pocos meses de diferencia, en febrero de 1986 Brasil anunciaba el famoso “Plan Cruzado” que disponía de las mismas medidas adoptadas por Argentina e Israel. Como ocurrió en Argentina, la experiencia brasileña también terminó por fracasar y, para mediados de 1989, el país afrontaba una severa hiperinflación.

Israel es, hasta la fecha, el único caso conocido de éxito permanente para un programa “híbrido” capaz de combinar características ortodoxas y heterodoxas para combatir la inflación.

Pero pese a que solo se registró un caso exitoso, Rodríguez Larreta se mostró partidario de volver a intentar un programa con características similares al Plan Austral. Para ello, sostuvo la necesidad de un acuerdo político amplio, aunque evitó precisar mayores detalles sobre quiénes podrían integrar el consenso al cual hace referencia. 

“No hay manera que la Argentina funcione con este nivel de inflación. Lo primero que enfatizaron, me lo dijeron ellos siendo economistas, lo más importante es que Israel tuvo un acuerdo político”, explicó Larreta. 

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Economía

Por las sanciones de Estados Unidos, Rusia cae en un histórico default de la deuda externa

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El Kremlin no pudo afrontar el pago por los servicios de su deuda externa a causa de la expulsión de Rusia del sistema financiero internacional, y entró formalmente en suspensión de pagos.  

Después de las severas sanciones de Occidente, Rusia cayó en default al vencer el período de gracia de 30 días para abonar un monto de 100 millones de dólares en concepto de intereses de deuda externa.

La agencia Moody’s confirmó el nuevo default ruso al día 27 de junio, pero las autoridades rusas se negaron a aceptarlo, y lo califican como una imposición externa por encima de cualquier decisión propia.

El Tesoro de los Estados Unidos impidió que los tenedores de bonos estadounidenses pudieran recibir fondos de Rusia en dólares, eliminando una serie de exenciones que habían sido dispuestas al principio de la guerra en Ucrania.

En respuesta, Rusia anunció que su deuda por US$ 40.000 millones pasaría a pagarse en rublos, pero al verse irremediablemente incumplidos los términos originales del contrato, el default fue inevitable. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, desconoció el default y culpó a las sanciones de Occidente por la suspensión de pagos.

“Cualquiera puede declarar lo que quiera. Pero cualquiera que entienda lo que está pasando sabe que esto no es en absoluto un impago”, declaró Siluanov.

Es la primera vez que Rusia incumple efectivamente sus obligaciones con el pago de su deuda externa desde 1918, cuando la incipiente dictadura marxista liderada por los bolcheviques decidía desconocer completamente la deuda anterior.

También existe un importante precedente de impago en 1998, en el marco de la crisis financiera bajo la presidencia reformista de Boris Yeltsin, pero este default afectó principalmente a los títulos colocados en el mercado de capitales local, y se declaró una moratoria de la deuda externa para renegociar los plazos de pago convenidos, pero sin default (algo similar a lo que ocurrió en Argentina antes del default en 2002).

Rusia se encuentra expulsada del sistema financiero internacional, y su acceso al mercado de capitales se encuentra completamente bloqueado. Esto limita las implicancias prácticas del default, debido a que aún sin él, el crédito externo no es una posibilidad real para el Gobierno ruso ni para las empresas rusas.

Sin embargo, es posible que el default dañe la reputación crediticia de Rusia a largo plazo y pasada la guerra en Ucrania, por considerarse un país altamente riesgoso y políticamente inestable para afrontar sus obligaciones. 

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Economía

Como lo ordenó Cristina Kirchner, el Banco Central endurece los controles para las importaciones

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La autoridad monetaria dirigida por Miguel Pesce cumplirá con todas y cada una de las pretensiones de la Vicepresidente, y presionará a las empresas para que se financien con dólares propios o crédito externo, en lugar de hacerlo por el cambio oficial.

El agotamiento del cepo cambiario es cada vez más notorio, pero el Gobierno insistirá en mantener el sistema hasta las últimas consecuencias. Por influencia de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el Banco Central llevará adelante una severa política para estrangular el volumen efectivo de importaciones.

La autoridad monetaria que dirige el radical Miguel Ángel Pesce anunció un nuevo comunicado que pretende “optimizar” el sistema de pagos del comercio exterior atentando contra las llamadas “importaciones especulativas”, y cumpliendo así con todos y cada uno de los caprichos de la Vicepresidente.

El objetivo de las medidas es evitar una mayor profundización de la caída de las reservas internacionales, aunque para eso se deba incurrir en una recesión aún más profunda sobre el nivel de actividad real. Las únicas importaciones que no se verán afectadas son las de energía, ante el peligro de una crisis energética mayor.

La autoridad monetaria endureció las regulaciones para que las empresas puedan acceder al dólar oficial para financiar importaciones. De esta manera, se insta a las empresas a que utilicen dólares propios para financiarlas, o en su defecto que adquieran crédito externo con sus respectivas casas matrices.

Para financiar importaciones, las firmas deberán adquirir créditos externos por hasta 180 días, debido a que el Central no habilitará la compra de dólares. Esto tendrá un impacto recesivo especial en la actividad industrial, altamente dependiente de la importación de insumos.

En coordinación con el Ministerio de desarrollo productivo que lidera Daniel Scioli, se resolvió la ampliación de las posiciones arancelarias para bienes importados que sean sustitutos a productos de origen local, y tendrán un plazo de 6 meses para poder acceder al mercado. Los bienes suntuarios y considerados de lujo, tendrán un plazo mayor de casi un año.

Para las pequeñas y medianas empresas el Banco Central lanzó un esquema que las exceptúa de las nuevas regulaciones, y les permite acceder al mercado de cambios oficial, siempre y cuando no se supere un límite por 1 millón de pesos y cuando las importaciones no hayan aumentado más de 15% con respecto a 2021.

De la misma manera en que ocurrió entre 2012 y 2015, la actividad económica se verá afectada dramáticamente ante la “restricción externa” autoimpuesta por el propio Gobierno

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