El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un incremento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, elevándolo a $700.000. Este aumento impactará en alrededor de 2600 jubilados de la provincia, junto con un bono bimestral de $100.000 para aquellos con ingresos hasta $1.300.000 brutos. El impacto real de estas medidas genera incertidumbre, ya que gran parte de los fondos provienen de la Nación, según un acuerdo de 2016.
El acuerdo, que establece que la Nación cubrirá el déficit de las cajas provinciales si se armonizan con el sistema de ANSES, ha sido parcialmente cumplido por el gobierno de Milei. Sin embargo, el uso de estos fondos para aumentar las jubilaciones y no para reducir el déficit de la caja provincial ha generado controversia. A pesar de la transferencia mensual de $5.000 millones, el 70% de esos fondos se destinará a los aumentos, contradiciendo el propósito del acuerdo.
Además, se ha señalado que el aumento anunciado no se basa en un cambio estructural, sino en el incremento de un complemento ya existente. Este ajuste beneficiará solo al 5% de los jubilados provinciales, mientras que el resto de los 19.000 beneficiarios recibirá un aumento complementario, cuya cifra exacta aún se desconoce. Esto genera dudas sobre la eficacia de la medida a largo plazo.
