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Economía

Otro fracaso para Martín Guzmán: la inflación de abril cerraría en 4,4% según consultoras privadas, el doble de lo que había previsto el Gobierno

El Ministro de Economía había prometido llegar a un 29% de inflación para fin de año, pero los datos mensuales en lo que va del 2021 muestran otra realidad. Los precios habrían cerrado el mes de abril con una fuerte alza del 4,4% y ya sería imposible llegar a la meta.

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El alza de precios en lo que va del año se transformó en un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno. Después de haber llegado a un pico inflacionario del 4,8% en marzo, el mes de abril habría cerrado con otra fuerte alza del 4,4%, según varias consultoras privadas. 

Si este dato es confirmado por el INDEC a partir de la medición del IPC, la inflación interanual habría alcanzando el 46,6%, dejando en ridículo al planteamiento del 29% de inflación para diciembre de este año. 

Cabe recordar que el Gobierno esperaba a principios de año una inflación para abril entorno al 2%, por lo que el dato estimado es prácticamente el doble de lo que estaba previsto, así como se produjo un salto inflacionario mayor al esperado en los primeros tres meses del año. 

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo, aseguraba que a partir de abril la inflación comenzaría a situarse por debajo del 2% mensual, pero el funcionario fue superado una vez más por la realidad y sus proyecciones no encontraron buen puerto. 

Por su parte, el ministro de Economía Martín Guzmán cosecha un nuevo fracaso para la política económica del kirchnerismo, y le fue imposible poder brindar una explicación medianamente razonable para justificar el alza de precios. 

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Pese a la relativa paz cambiaria que se vivió hasta marzo, y pese al lento ritmo en la devaluación del dólar minorista y mayorista en el segmento legal, los precios subieron de forma considerable y cada vez más rápido. 

Guzmán culpó a las proyecciones de los economistas como las principales responsables de haber “impulsado” la remarcación de precios, pero la mayoría de los analistas estiman que se trata del efecto de la masiva emisión monetaria que se vivió el año pasado para financiar el déficit del sector público. 

El financiamiento monetario para el Tesoro Nacional llegó a representar un 7,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a lo largo del 2020, y este año el propio Guzmán había anunciado que el financiamiento monetario podría llegar a estabilizarse por encima del 4% del PBI. 

La falta de acceso a los mercados internacionales y el poco crédito a nivel local hacen imposible otra manera de financiamiento que no sea por medio del Banco Central, con su efecto correspondiente en el nivel de precios. 

Los controles de la Secretaría de Comercio resultaron inútiles a la hora de controlar el repunte de precios. Pese a la aplicación de precios máximos y fiscalizaciones por parte de Paula Español, la inflación no pudo ser controlada. 

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Español amenazó incluso con subir aun más las retenciones, aplicar nuevas restricciones a las exportaciones de bienes transables, mientras busca intensificar el “monitoreo” de las estructuras de costos en las grandes empresas, principalmente los supermercados. 

Nuevamente, estas medidas no dieron ningún tipo de resultado y la inflación interanual se aproxima cada vez más al 50% anual, una cifra que ya está presente en todas las proyecciones de las principales consultoras privadas del país. 

De continuar con este ritmo en el aumento de precios, y por cuestiones de índole matemático, las metas de Guzmán quedarían irremediablemente enterradas a partir del dato para el próximo mes de julio, cuando la tendencia interanual sobre la inflación se torne imposible de corregir para fin de año. 

La instauración de medidas restrictivas a la circulación podría traer un cierto alivio en la inflación, del mismo modo en que ocurrió entre abril y junio del 2020, pero esto representaría un alto costo en términos de actividad económica, pobreza, marginalidad y desocupación.  

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Economía

Deuda con el FMI: ¿Qué consecuencias podría atravesar Argentina si no paga el vencimiento?

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Después de abonar los U$S1.100 millones adeudados en febrero, Argentina se quedará sin dólares para pagar los siguientes vencimientos, y podría entrar en cesación de pagos en marzo.

Las negociaciones argentinas por la renegociación del pago de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están en un punto complicado. Mientras Guzmán negocia atrasar los pagos, Alberto Fernández asegura que no pueden hacer ningún ajuste antes de 2027, algo que no contenta al Fondo.

Este viernes que viene y el martes próximo se vencen dos plazos de pagos que acumulan unos U$S1.100 millones, que apenas podrá pagar el Banco Central. El próximo pago es en marzo y con las reservas líquidas no va a alcanzar para pagarlo.

Sin un acuerdo rápido con el FMI un default es prácticamente una certeza, y esto tendría una serie de implacancias no solo para el mercado argentino si no para el mismo organismo internacional, que dejaría de recibir los pagos de la deuda más grande que tiene activa en estos momentos.

En principio, la negativa de pagar traería consigo tensiones fuertes en el mercado de cambios y a los activos financieros argentinos. El Riesgo País se dispararía, y el Banco Central se quedaría sin dólares para intervenir en el mercado de cambios, por lo que se podría esperar una fuerte suba en la cotización de los segmentos paralelos.

El otro punto, y quizá el que más preocupa, es que si Argentina se negase a pagar, podría a la larga ser expulsada como miembro del organismo. Y si bien no caería en default de manera inmediata, iniciaría un camino que la llevaría a ello.

En definitiva, el extremo máximo del incumplimiento con el FMI podría generar que el organismo haga público que uno de sus miembros incumplió el pago, difundiendo el monto y expulsándolo de Fondo. Esto imposibilitaría a la Argentina tener cualquier tipo de asistencia por parte del organismo y de cualquier prestamista privado, hasta tanto cancelase la deuda.

El freno del ingreso de dólares por parte de préstamos internacionales, si no se compensa con una baja del gasto público, obligaría al Banco Central a aumentar su financiamiento al Tesoro, lo que produciría más emisión monetaria de pesos y, por ende, más inflación.

Po último, y esto ya siendo una consecuencia de mercado, habría una importante caída de los flujos de inversión privados, dado el escenario económico de gran incertidumbre, por lo que entrarían incluso menos dólares al país y generando una espiral de escasez de divisas extranjeras que desembocarían casi certeramente en una hiperinflación.

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Economía

Brasil avanza en la desregulación del mercado de capitales y la inversión extranjera

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Bajo el liderazgo de Jair Bolsonaro y Paulo Guedes, Brasil avanza en la modernización del mercado de capitales local con el fin de establecer pautas regulatorias modernas y derogar el esquema obsoleto anterior. Los cambios brindarán mayor seguridad jurídica a los inversores.

El presidente Jair Bolsonaro parece decidido en seguir avanzando por la agenda por la desregulación de la economía brasileña. Bolsonaro finalmente logró la sanción de la Ley N° 5.387 formulada inicialmente en el año 2019, que supone la modernización del mercado cambiario, el mercado de capitales y el comercio exterior. Las medidas conforman un paso más hacia la liberación de las fuerzas productivas de Brasil.

Este proyecto, ya consolidado, propone continuar con la misma agenda reformista comenzada en 2019, cuando el propio Bolsonaro anunciaba la desregulación corporativa con el debido aval del Congreso, haciendo un especial énfasis en el mercado tecnológico. Además, a lo largo del 2021 y tras haber sorteado la etapa más dura de la pandemia, Bolsonaro impulsó nuevas leyes para favorecer la desregulación del mercado laboral.

Las disposiciones de la Ley N° 5.387 adoptan un esquema regulatorio con estándares internacionales, un elemento que favorece la inversión extranjera y la inserción de Brasil en el mercado global, al establecer reglas de juego claras y creíbles. Serán eliminadas todas las trabas legales y burocráticas para que los exportadores puedan disponer libremente de sus ingresos provenientes del exterior del país.

Se levantarán las regulaciones obsoletas que impedían canalizar la inversión extranjera en Brasil, por lo que se espera conseguir así una importante afluencia de capitales para invertir en numerosos sectores sin regulaciones limitantes, así como la posibilidad de proveer crédito a los empresarios locales. Quedará desregulada la inversión extranjera sobre concesiones y proyectos de infraestructura a largo plazo, en beneficio de la población brasileña y el desarrollo del país.

El nuevo marco regulatorio será lo suficientemente flexible como para garantizar un mayor abanico en la inversión de fondos por parte de las entidades financieras de Brasil, ya sean fondos captados en el mercado local como en el exterior. Esto será un punto clave para el desarrollo del mercado de capitales.

La ley sancionada por Bolsonaro implica la desregulación de las transacciones y transferencias internacionales, por lo que se permitirá la utilización del Real para diversas transacciones con el exterior, y se permitirán libremente todos pagos desde cuentas en reales radicadas en cualquier país del mundo.

El proceso de desregulación también contempla la habilitación para utilizar divisas en la cancelación de un gran número de obligaciones dentro de Brasil, cuando antes este tipo de operaciones se encontraban exageradamente limitadas.

De esta forma, las medidas apuntan a seguir profundizando la confianza en el exterior y en el mercado local, adoptando el rumbo de las reformas estructurales como la privatización de las empresas del Estado, la apertura arancelaria y la propia desregulación general de la economía. Brasil encara el proceso reformista más importante desde la década de 1990, un proceso que había sido brutalmente interrumpido durante las administraciones del PT.

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Economía

Argentina sin moneda: las políticas inflacionistas destruyeron el poder adquisitivo del peso

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Tras la salida de la Convertibilidad en 2002, el poder de compra del peso perdió terreno sistemáticamente. Actualmente un monto por 1.000.000 de pesos solamente es capaz de adquirir 4.566 dólares en el mercado sin intervención.

La emisión de dinero sin respaldo volvió a internalizarse en la política económica argentina desde la salida de la Convertibilidad el 6 de enero de 2002. Año tras año, el poder adquisitivo del peso argentino fue perdiendo terreno tanto en términos de bienes y servicios (inflación), como en relación a otras divisas.

Mientras que en la administración del presidente Carlos Menem era posible adquirir 1.000.000 de dólares por la suma de 1.000.000 de pesos, actualmente solo es posible comprar a duras penas un monto por 4.566 dólares en el mercado paralelo. Estas cifras ponen en evidencia la fuerte devaluación del peso desde 2002 y en adelante.

Domingo Cavallo, autor e impulsor del único programa económico de la democracia que derrotó a la inflación.

Aún considerando el tipo de cambio oficial minorista, solamente sería posible adquirir un monto de 9.600 dólares, pero esto se torna casi imposible debido a las fuertes restricciones que impone en cepo cambiario del Banco Central. Además, este valor resulta completamente ficticio pues no tiene en consideración al impuesto PAIS del 30%, ni tampoco la percepción del impuesto a las Ganancias por una alícuota del 35%.

Teniendo en cuenta estos dos impuestos, al valor de corriente del llamado dólar solidario”, solamente resulta posible adquirir 5.530 dólares con 1.000.000 de pesos. Sea cual sea el criterio que se tome como referencia, la devaluación del peso argentino es una realidad innegable que se produjo tras el abandono de la Convertibilidad.

Evolución histórica del poder adquisitivo de AR$ 1.000.000 considerando el dólar en el mercado cambiario libre.

Bajo la gestión del presidente Eduardo Duhalde la emisión de dinero volvió a financiar el déficit fiscal, y la masiva pesificación de depósitos y deudas privadas provocó una rápida y violenta expansión monetaria.

Más tarde, y pese al fuerte superávit en la administración de Néstor Kirchner, la emisión de papel moneda se destinó a la depreciación artificial del tipo de cambio nominal, pretendiendo así ganar competitividad a costa de reintroducir la inflación en la economía argentina.

Los fuertes desequilibrios fiscales producidos en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner fueron la piedra angular para consolidar la dominancia fiscal del sector público sobre el accionar del Banco Central. La reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria en 2012 permitió la adopción definitiva de una política monetaria anómala.

Finalmente, bajo la gestión de Mauricio Macri el BCRA no modificó su carta orgánica y las inconsistencias internas del programa económico, marcando una dicotomía entre la política monetaria y la fiscal, terminaron por seguir profundizando el proceso inflacionario.

Sin poder erradicar la dominancia fiscal, las políticas monetarias relativamente restrictivas impulsadas por el macrismo no dieron resultados debido a que los agentes descontaron una mayor emisión futura para financiar al fisco, y simplemente se produjo una drástica contracción de la demanda de pesos desde 2018 precisamente previendo esta situación.

Desde diciembre de 2019 y bajo el liderazgo de Alberto Fernández, no solo se continuó con un marco de fuerte dominancia fiscal, sino que además se descartó cualquier mesura en la emisión de dinero sin respaldo. Las medidas de aislamiento estrangularon la economía y pusieron una suerte de “techo” al proceso inflacionario en 2020, pero esta situación fue meramente temporal y actualmente Argentina enfrenta otra aceleración de la inflación.

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