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Economía

Presupuesto 2021: el Gobierno estima una recuperación del 5,5% y una inflación en torno al 28%

El ministerio de Economía prepara su ley de presupuesto para el año que viene, con una gran presión por estabilizar las cuentas públicas. Las cifras esperadas por el oficialismo fueron duramente criticadas por ser exageradamente optimistas.

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El Gobierno está preparando los primeros borradores del presupuesto nacional para el año 2021, aunque el proyecto formal se presentará el 15 de septiembre para su debido tratamiento.

A partir de los acuerdos con los tenedores de bonos argentinos, se abrió la puerta hacia la estabilización parcial del país, pero con duros compromisos de pagos y un cierto ordenamiento en las cuentas públicas para los próximos años. Además, continúan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que espera adquirir su propia agenda de intereses. 

De la mano del ministro Martín Guzmán, el gobierno se comprometió a llevar el déficit fiscal primario (sin intereses) del 4,5% del PBI, aunque este dato sólo alcanza al ámbito del Sector Público Nacional, y no tiene en cuenta el resultado financiero de las provincias y los municipios. Este dato sería similar al de 2016. 

Al término de este año, el déficit financiero superaría el 11% del PBI, y el resultado primario llegaría a un rojo de 8%. Estas cifras son las peores desde la década de 1980. Las provincias y municipios también tendrían pésimos resultados, y agravarían la situación fiscal. 

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A partir de las estimaciones del oficialismo, resulta claro la necesidad implícita en generar una cierta licuación en el gasto público, por la propia dinámica inflacionaria. El gobierno prevé una inflación del 28% para el año que viene. 

Lo cierto es que ninguna consultora privada estima seriamente una inflación de ese nivel, considerando la violenta política monetaria que llevó a cabo el gobierno durante todo el año. Las estimaciones del proyecto señalan una trayectoria declinante en el ritmo de la inflación, llegando al 20% para 2023. Se trata de una eventual baja de 34 puntos con respecto a 2019. 

El informe supone un incremento notable del 44% en el nivel de recaudación, casi el doble de la inflación esperada. El gobierno aseguró que esto sería posible, en parte, por la reactivación de la economía y los apostes de personas físicas y sociedades. Sin embargo, se prevén nuevos aumentos impositivos, y más personas afectadas por el impuesto a las ganancias. 

Existe consenso en estimar una cierta aceleración inflacionaria a partir del último trimestre del año, pero todo está sujeto a las medidas de restricción que tome el gobierno en cuanto a la pandemia

La inflación permaneció “en cuarentena”, por las atípicas condiciones en las variables monetarias y reales que la economía sufre desde marzo, aunque cada vez con menor intensidad. 

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El gobierno estima que el dólar subirá un promedio de 24% en todo el año 2021 (el segmento oficial), pero es difícil esperar un comportamiento estable para el mercado paralelo. 

El dólar oficial (sin tener en cuenta el impuesto PAIS), llegaría a los $ 101 en diciembre del año que viene, y el propio impuesto a la divisa no estaría exento de cambios. Para diciembre de este año, el segmento oficial llegaría a los $ 81,4, nuevamente sin tener en cuenta el impuesto PAIS. 

Este esquema supone mantener casi constante el nivel en el tipo de cambio real (TCR), la variación en el dólar sería similar al nivel de incremento de precios. El TCR se elevaría ligeramente, tan solo un 1,8% en todo el 2021, mientras que el 2020 podría cerrar con un incremento de casi 5%. 

Este punto del proyecto resulta controversial, pues pocos imaginan un escenario en el cual el dólar se comporte de esa manera, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, el dólar paralelo ya perforó el techo de los $ 130. 

En sintonía con el mercado cambiario, el gobierno planteó que se mantendrá el superávit en la balanza comercial, aunque esto se explicaría por una pobre recuperación en el nivel de las importaciones, y no necesariamente por un impulso exportador. El superávit comercial se remontaría a los USD 15.244 millones. 

Se proyectó un repunte del 5,5% con respecto a este año, lo cual parece una meta realista, incluso por debajo de lo que esperan muchas consultoras privadas. Como promedio del año, el 2020 cerraría con una contracción del 12,1% (como la del 2002), y la recuperación parece muy modesta en comparación. 

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Economía

Guzmán se queda pero con la condición de usar los dólares del FMI para la campaña

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Tras el colapso del Frente de Todos en las urnas, la Vicepresidente se impuso al propio Alberto Fernández y el ministro Martín Guzmán, y decidió emplear una maniobra para utilizar recursos brindados por el FMI para disparar el gasto público en cara a la campaña electoral.

En las últimas horas, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner demostró nuevamente tener el control real de la coalición oficialista, e impuso su voluntad por sobre la del ministro de Economía y la del propio Alberto Fernández.

A través de un decreto, el Gobierno utilizará los dólares del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central para encarar una violenta expansión del gasto público como campaña para las elecciones de noviembre. El kirchnerismo apuesta por el despilfarro de recursos para mejorar su posición política hasta las últimas consecuencias y bajo cualquier costo.

De la misma manera en que se hizo en 2009, el Gobierno colocó Letras intransferibles al Banco Central por las cuales podrán hacerse de unos US$ 4.334 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), una suerte de divisa internacional convertible con el dólar y establecida por el FMI.

Estas medidas fueron establecidas para eludir las restricciones que establece la Carta Orgánica del BCRA, las cuáles indican que la autoridad monetaria solo puede girar a Tesorería hasta un 20% de la recaudación acumulada en 12 meses y hasta un 12% de la base monetaria si es preciso.

Al emplear las Letras intransferibles, las restricciones no se ven violentadas en términos contables y legales, pero en términos económicos el BCRA pierde recursos propios que habían sido otorgados por el FMI para fines muy específicos, y el Tesoro adquiere recursos para fomentar políticas socialistas.

Pero esta maniobra no resulta fortuita para el funcionamiento de la economía. Hasta ahora, el ministro Martín Guzmán se había negado a utilizar estos recursos e intervenir el Banco Central debido a la presión inflacionaria que deriva directamente de este tipo de políticas arbitrarias.

Para concretar las operaciones, y dado que los DEGs depositados en el Banco Central son del Tesoro y que este debe emplear gastos en pesos, el BCRA compra esos DEGs con una agresiva emisión monetaria y estos recursos son finalmente lanzados a la economía mediante una política fiscal extremadamente expansiva.

Las consecuencias esperables de estas medidas son claras: una mayor presión sobre el dólar en el mercado paralelo, mayor desequilibrio externo, mayor brecha cambiaria, y finalmente una mayor presión inflacionaria.

El kirchnerismo podría desarticular completamente toda la corrección fiscal realizada desde diciembre del año pasado y desequilibrar la economía, pues el sobrante monetario es actualmente el principal problema que enfrenta Argentina.

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Economía

El director del Banco Nación propuso crear un sistema monetario similar al de Cuba

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El economista ultra-kirchnerista Claudio Lozano, nombrado presidente del Banco Nación por Alberto Fernández, propone crear un sistema monetario similar al que tiene Cuba y limitar severamente la compra de dólares en el país.

En el marco de la amplia derrota del kirchnerismo, Claudio Lozano, economista fanáticamente kirchnerista y actual director del Banco Nación, propuso en diálogo con C5N una polémica reforma monetaria en la cual los argentinos perderían la posibilidad de defender sus ahorros comprando dólares.

Lozano propuso instaurar en el país un sistema monetario socialista, similar al que tiene Cuba, donde los ciudadanos pierden el derecho a adquirir divisas extranjeras cuando dispongan de hacerlo, y el Estado se garantiza la base imponible para recaudar el impuesto inflacionario. En otras palabras, propuso la inconvertibilidad más absoluta del peso argentino en cualquier divisa y bajo cualquier tipo de cambio, bajo cualquier instancia.

Dentro del esquema descripto por el economista, se propuso imponer nuevas regulaciones sobre el mercado cambiario para terminar de desdoblar la compra de divisas de la misma forma que en Cuba: una parte legal exclusivamente para el Estado o un cierto grupo minoritario, y el resto de las personas obligadas a operar con una divisa no convertible y de dudoso valor para realizar sus transacciones cotidianas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación nombrado por Alberto Fernández en enero de 2020.

El principal objetivo de la reforma propuesta es dotar al Estado de una forma de financiamiento compulsiva aún más estricta de la que existe hoy. De esta manera, el Lozano criticó la tenue corrección fiscal que lleva adelante el ministro Martín Guzmán.

“Desde octubre del año pasado el nivel de ajuste fiscal no era compatible con una sociedad como la que tenemos”, sentenció Claudio Lozano en referencia a la política fiscal de Guzmán.

Lozano aseguró que los subsidios económicos a los servicios públicos “no pueden debatirse” y que se deberá profundizar la política de “transferencias sociales” a partir de un ingreso universal. Este tipo de medidas se tornan prácticamente infinanciables sin un violento incremento de la asistencia monetaria del Banco Central.

Este planteo no es novedoso dentro de las filas del cristinismo fanático, pues la reconocida referente de la izquierda kirchnerista, Fernanda Vallejos, ya anticipó en reiteradas oportunidades que la corrección fiscal de Guzmán es ampliamente incompatible con las preferencias ideológicas de la Vicepresidente.

La debacle electoral del oficialismo impulsó un nuevo cimbronazo interno a nivel ideológico, y cada vez más voces que responden directamente a Cristina Fernández pujan por una nueva radicalización del Gobierno que podría tornarse peligrosa.

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Economía

¿Crisis institucional? El dólar se disparó hasta los $187 y se derrumban las acciones argentinas en Wall Street

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Tras la implosión en el gabinete nacional, y ante las dudas por la continuidad del programa económico, los mercados reaccionaron desfavorablemente y se derramaban los ADRs argentinos en la plaza de Wall Street.

Después de la estrepitosa derrota electoral, el kirchnerismo sigue sin tocar fondo y la implosión del gabinete nacional supone un nuevo cimbronazo. Las dudas sobre la continuidad del programa económico o un cambio en la estrategia con el FMI sembraron pánico en los mercados financieros.

El dólar paralelo llegó hasta los $187, subiendo prácticamente $5 en un solo día. La brecha cambiaria llegó al 78,5% y se vuelve cada vez más incontenible. El alza del dólar también alcanzó a los mercados alternativos, aunque el Banco Central se negó a permitir mayores correcciones sobre el segmento oficial.

Desde el plano financiero, los títulos nacionales en Wall Street registraron pérdidas importantes. La amenaza por una posible radicalización del kirchnerismo sentó las bases para una implosión bursátil de los ADRs.

Edenor registró pérdidas por un 10%, y la misma suerte corrieron las principales entidades bancarias del país, como el Grupo Galicia (-3,3%), Banco Supervielle (-3,6%) y Banco Macro (-4,4%).

La incertidumbre sobre los mercados refleja la falta de determinación del Gobierno de Fernández. Hasta ahora, el ministro Guzmán planteaba una corrección tarifaria para el año próximo, aunque de carácter tenue. Dado el actual caos institucional, estas garantías dejan de ser tan robustas y muchos inversores temen que el Gobierno se incline por medidas abiertamente extremistas.

El Riesgo País también se vio afectado y subió hasta los 1.505 puntos básicos. Tras el endurecimiento de la postura del Fondo Monetario Internacional y la falta de definiciones del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parece algo cada vez más lejano.

Los cambios en el gabinete podrían ser transcendentales para la política económica en materia de tarifas públicas y la gestión de la deuda externa con el FMI, lo cual mantiene en un absoluto estado de alerta a todos los mercados.

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