La Arcom advierte con iniciar coactivas y congelar cuentas a empresas que no cumplan
El Gobierno de Daniel Noboa reiteró su exigencia a las empresas mineras formales para que paguen la tasa minera, vigente desde el 20 de junio de 2025. Según la vocera Carolina Jaramillo, esta contribución es clave para combatir la minería ilegal, vinculada al crimen organizado.
Las compañías debían cancelar su primer pago hasta el 31 de julio, pero hasta ahora solo se ha recaudado un 10% de la meta anual de USD 230 millones. El bajo cumplimiento preocupa al Ejecutivo, que busca reforzar la transparencia y la recaudación.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) envió más de 1.000 notificaciones a las empresas para que se pongan al día. De no hacerlo, anunció que iniciará procesos de cobro coactivo, que incluyen el congelamiento de cuentas bancarias.
La Cámara Nacional de Minería presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta contribución y pidió medidas cautelares para suspender su aplicación. Hasta ahora, la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre el tema.
El Ejecutivo insiste en que la tasa es una herramienta para financiar la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades más lucrativas para bandas criminales. Para el Gobierno, el cumplimiento de las empresas es vital en la estrategia de seguridad y desarrollo.
En conclusión, la decisión de Noboa de exigir con firmeza el pago de la tasa minera refleja la necesidad de recursos para enfrentar la minería ilegal y fortalecer la institucionalidad. Aunque la industria reclama por su alto costo, el Gobierno prioriza la seguridad y el orden frente a un problema heredado de décadas de permisividad.
La tasa se calcula por hectárea concesionada y varía según la etapa del proyecto y el tipo de minería. Sin embargo, el sector privado advierte que su alto costo podría desincentivar la inversión y provocar la salida de empresas del país.
