La Ley de Transparencia Social busca regular las fundaciones y combatir el lavado de activos, pero genera controversias
La Asamblea Nacional se reunió este 26 de agosto para votar por el proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como económico urgente.
Tras poco más de dos horas de debate en el Pleno, finalmente la ley fue aprobada con 78 votos, de la bancada de ADN y sus aliados.
La propuesta llegó al Pleno en medio de cuestionamientos de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), organización que sostuvo que la propuesta está encaminada a vigilar y controlar a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
A esas críticas se unió el Partido Social Cristiano (PSC), que advirtió que si el proyecto era votado en un solo bloque, ellos se pronunciarán en contra.
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, aseguró que se están creando dos nuevos impuestos. "Se castiga con un impuesto a las empresas que deciden reinvertir sus utilidades para hacer crecer los negocios, esto es absurdo y abusivo", señaló.
Mientras que la legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), Mishel Mancheno, negó que se estén implementando tributos nuevos y justificó la obligatoriedad de que las empresas paguen un impuesto sobre sus dividendos.
La bancada gobiernista de ADN sostiene que la propuesta busca combatir el lavado de activos y la posible infiltración del crimen organizado en fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, lamentó que el proyecto afectara al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), haciendo costumbre que un texto reciba cambios entre el primer y segundo debate.
La aprobación de la Ley de Transparencia Social en la Asamblea genera un debate dividido entre los sectores políticos. Si bien el gobierno de Daniel Noboa justifica la ley como una herramienta para combatir el lavado de activos, la oposición advierte sobre posibles efectos negativos en el ámbito empresarial y la seguridad social del país.
