La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó denuncias ante la Fiscalía contra siete figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana (RC), por presuntos delitos que afectarían la institucionalidad del país. La acción legal se realizó el pasado 12 de marzo en Quito, en medio de un clima político marcado por tensiones en la Asamblea Nacional.
El excandidato presidencial Andrés Arauz fue señalado por el legislador oficialista Adrián Castro por presuntamente incurrir en fraude procesal. Según Castro, Arauz habría intentado desviar la atención de las autoridades judiciales en un proceso penal en curso, a través de publicaciones en redes sociales que aludían a supuestos ataques contra el exconsejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga. El oficialismo considera que estas acciones podrían representar un intento de obstrucción a la justicia.
Por otro lado, el asambleísta Fernando Jaramillo denunció a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, y a la actual consejera Nicole Bonifaz, por supuestamente haber incurrido en simulación y usurpación de funciones.
El origen de esta denuncia radica en la polémica designación de Raúl González como superintendente de Bancos, en contravención a una sentencia emitida por la Corte Constitucional, que validaba la designación de Roberto Romero para dicho cargo.
Denuncias ante la Fiscalía
Además, el legislador y exmilitante del correísmo, Ferdinan Álvarez, ahora alineado con el oficialismo, denunció a Arauz junto a Virgilio Hernández y Santiago Díaz. Según Álvarez, los implicados habrían incumplido una orden judicial relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esto, presuntamente, permitió que se desarrollaran "operaciones oscuras" dentro de la entidad, afectando la transparencia en los procesos de designación de autoridades.
Estas denuncias reflejan la creciente confrontación entre la bancada oficialista y el correísmo, en un contexto donde la transparencia y la legalidad en la designación de autoridades son temas prioritarios.
Desde el oficialismo se destaca la importancia de velar por el respeto a las decisiones judiciales y combatir cualquier intento de manipulación institucional, en defensa de la democracia y el Estado de derecho en Ecuador.
