El segundo proyecto económico urgente de Noboa avanzó hacia la Comisión de Desarrollo

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora Valentina Centeno, será la encargada de analizar minuciosamente la propuesta y elaborar el informe para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proceso se llevará a cabo en un plazo de diez días, según lo establece la ley, mientras que la ciudadanía podrá presentar observaciones durante los primeros cinco días, fomentando así una participación democrática activa y un mayor control social sobre las decisiones legislativas.

La Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública apunta a resolver de raíz las fallas estructurales del actual sistema de compras públicas, plagado por la rigidez, discrecionalidad, opacidad y sobrecostos, los cuales han generado millonarias pérdidas para el Estado y erosionado la confianza ciudadana.

El proyecto propone automatizar los controles, incorporar herramientas de inteligencia artificial y limitar considerablemente las facultades discrecionales del Servicio Nacional de Contratación Pública. Esto permitirá evitar que intereses particulares interfieran con los procesos usando argumentos subjetivos. Se busca así implementar un modelo más objetivo, transparente y tecnificado, donde las decisiones se basen en datos auditables y reglas preestablecidas, eliminando la posibilidad de favoritismos, componendas políticas o tráfico de influencias.

El enfoque del presidente Noboa demuestra su compromiso con una gestión pública más técnica, moderna y enfocada en resultados medibles, en contraste con las prácticas clientelares y corruptas que marcaron el pasado reciente. Esta visión gerencial pretende profesionalizar la administración del Estado e introducir una lógica de eficiencia que responda a los desafíos del siglo XXI.

Este nuevo impulso legislativo refuerza la visión de un Estado más ágil, digitalizado y menos vulnerable a la corrupción sistémica, uno de los ejes centrales del mandato de Daniel Noboa. Mientras el país enfrenta retos económicos, como el déficit fiscal, la deuda pública y la baja competitividad en compras estatales, esta iniciativa busca sentar bases más sólidas para una contratación pública eficiente, ética y alineada con estándares internacionales.