La iniciativa del gobierno estatal demócrata beneficia a ciertos grupos raciales, como a las personas negras, hispanas y nativas americanas.
Compartir:
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU. (en inglés, HUD) del gobierno del presidente Donald Trumpha lanzado una investigación sobre el Covenant Homeownership Program del estado de Washington, una iniciativa de vivienda basada en la raza respaldada por el gobierno estatal demócrata.
El programa, puesto en marcha en 2024, fue presentado por funcionarios estatales como una forma de reparación histórica en materia de vivienda. Bajo el mismo, ciertas personas que compran su vivienda por primera vez pueden recibir una asistencia generosa por parte del Estado provincial, incluyendo préstamos a tasa cero para cubrir el pago inicial y los costos de cierre. Los préstamos no necesitan ser devueltos hasta que la casa se venda o se refinancie, y algunos prestatarios pueden obtener la condonación total de la deuda tras solo cinco años.
Pero la elegibilidad para ser beneficiario de este programa se determina no solo por los ingresos o la necesidad, sino también por la raza y la ascendencia. Así, se dispuso que solo califican ciertos grupos raciales, limitándose la iniciativa a personas negras, hispanas, nativas americanas, nativas de Alaska, nativas de Hawái u otras islas del Pacífico, coreanas o indias asiáticas.
Trump y el secretario del HUD, Scott Turner.
"DEI ha muerto en el HUD"
Esto deja fuera a otros grupos con historias documentadas de discriminación en Washington, incluidos los judíos y las personas de ascendencia china, a pesar de que un estudio encargado por el propio estado reconoció que enfrentaron una discriminación "atroz". También, por supuesto, excluye a las personas blancas.
Si este programa no es detenido en tribunales luego de la acción legal emprendida por el gobierno de Trump, Washington tendrá vía libre para crear una jerarquía de víctimas en donde el gobierno demócrata decide qué grupos son dignos de asistencia y cuáles no. El programa se financia mediante una tasa de 100 dólares que se le cobrará a todos los residentes del estado, incluidos aquellos que están explícitamente excluidos y que pagarán por beneficios que no pueden recibir.
Es por esto que la agencia de vivienda del gobierno federal ha abierto una investigación formal para determinar si el programa viola la Ley de Vivienda Justa, una legislación que fue aprobada en 1968 y que prohíbe la discriminación en movimientos inmobiliarios por razones de raza o nacionalidad.
El Secretario del HUD, Scott Turner, dejó clara cuando asumió el cargo la postura de la administración Trump frente a estos casos: "La ideología DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) ha muerto en el HUD. Aquellos que ignoran la ley y violan los derechos de los estadounidenses con fines políticos no continuarán".
