Trump apuntó contra el comunista Pedro Sánchez por la eutanasia de Noelia Castillo

El Departamento de Estado también ha señalado que las leyes de inmigración laxas de España podrían haber contribuido a los ataques sexuales sufridos por Castillo. El cable apunta que se investigarán las denuncias sobre la posible participación de individuos con antecedentes migratorios en las agresiones, incluyendo menores migrantes no acompañados. Asimismo, se solicitó a la embajada estadounidense obtener información sobre los agresores, su estatus migratorio y los obstáculos legales que han impedido que la policía presente cargos.

La administración Trump ha enfatizado que la facilitación de migraciones masivas e ilegales representa no solo un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, sino también una amenaza para la seguridad regional y global. Desde Washington, se ha instado a que el gobierno comunista de Pedro Sánchez responda con claridad sobre cómo las autoridades han manejado estos crímenes y por qué no se han aplicado sanciones a los responsables.

El caso de Castillo ha encendido un intenso debate internacional sobre la eutanasia y la ley española de derecho a morir, que permite a individuos con sufrimiento psicológico severo acceder al suicidio asistido. La joven falleció vestida tras recibir un cóctel letal de tres drogas que detuvo su corazón en 20 minutos, en un acto que ha generado tanto críticas a la legislación española como un reclamo por justicia hacia las víctimas de agresiones sexuales.

Para la administración Trump, este caso evidencia fallas graves en la protección de los derechos humanos en España bajo el régimen de Pedro Sánchez. Al tiempo que respalda la investigación del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense busca responsabilizar al Ejecutivo español por la falta de medidas que impidieran las agresiones contra Castillo y que garantizaran que la ley de eutanasia no se aplicara de manera inapropiada en situaciones de sufrimiento psicológico y vulnerabilidad.

Además, advierte que Castillo había mostrado indecisión respecto a la eutanasia en sus últimos momentos, señales que habrían sido ignoradas por las autoridades. Esto, según la nota diplomática, genera serias dudas sobre la aplicación de la ley española de eutanasia, especialmente en casos de afecciones psiquiátricas y sufrimiento no terminal.

Castillo eligió poner fin a su vida legalmente el jueves pasado bajo la ley de derecho a morir de España, aprobada en 2021. La joven había quedado paralizada de cintura para abajo tras un intento previo de suicidio, y su vida estuvo marcada por los traumas derivados de las múltiples agresiones sexuales que sufrió antes de los 21 años. Su padre había librado una prolongada batalla legal para impedir que se le practicara la eutanasia, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de Castillo tras 18 meses de litigio.