El presidente de los Estados Unidos anunció una investigación minuciosa acerca de los manejos de las autoridades frente a la violación de la joven que solicitó la eutanasia.
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La administración del presidente Donald Trumpha exigido respuestas al gobierno socialista de España tras la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, de 25 años, quien sufría las secuelas de múltiples agresiones sexuales. Según un documento diplomático, el Departamento de Estado instruyó a la Embajada de Estados Unidos en Madrid a investigar cómo las autoridades españolas manejaron los ataques reiterados contra Castillo, incluyendo violaciones en grupo, antes de su trágico fallecimiento.
El documento oficial indica que altos funcionarios de la embajada deben transmitir al gobierno español la ''profunda preocupación'' de la administración Trump por las ''numerosas fallas sistémicas en materia de derechos humanos'' que llevaron a Castillo a recurrir al suicidio asistido y permitieron que este se llevara a cabo incluso después de que ella habría expresado dudas en sus últimas horas.
''El Departamento de Estado está profundamente preocupado por las denuncias de que la Sra. Castillo fue repetidamente agredida sexualmente mientras estaba bajo custodia del Estado y que ninguno de los perpetradores ha sido llevado ante la justicia'', subraya el comunicado.
El gobierno de Trump instruyó a la embajada en España a investigar el manejo del proceso de la eutanasia en el caso de Noelia Castillo
Además, advierte que Castillo había mostrado indecisión respecto a la eutanasia en sus últimos momentos, señales que habrían sido ignoradas por las autoridades. Esto, según la nota diplomática, genera serias dudas sobre la aplicación de la ley española de eutanasia, especialmente en casos de afecciones psiquiátricas y sufrimiento no terminal.
Castillo eligió poner fin a su vida legalmente el jueves pasado bajo la ley de derecho a morir de España, aprobada en 2021. La joven había quedado paralizada de cintura para abajo tras un intento previo de suicidio, y su vida estuvo marcada por los traumas derivados de las múltiples agresiones sexuales que sufrió antes de los 21 años. Su padre había librado una prolongada batalla legal para impedir que se le practicara la eutanasia, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de Castillo tras 18 meses de litigio.
El Departamento de Estado también ha señalado que las leyes de inmigración laxas de España podrían haber contribuido a los ataques sexuales sufridos por Castillo. El cable apunta que se investigarán las denuncias sobre la posible participación de individuos con antecedentes migratorios en las agresiones, incluyendo menores migrantes no acompañados. Asimismo, se solicitó a la embajada estadounidense obtener información sobre los agresores, su estatus migratorio y los obstáculos legales que han impedido que la policía presente cargos.
La administración Trump ha enfatizado que la facilitación de migraciones masivas e ilegales representa no solo un riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, sino también una amenaza para la seguridad regional y global. Desde Washington, se ha instado a que el gobierno comunista de Pedro Sánchez responda con claridad sobre cómo las autoridades han manejado estos crímenes y por qué no se han aplicado sanciones a los responsables.
La joven asesinada por el estado español, mostró síntomas de arrepentimiento frente a la decisión tomada en los días previos a que se lleve a cabo el proceso
El caso de Castillo ha encendido un intenso debate internacional sobre la eutanasia y la ley española de derecho a morir, que permite a individuos con sufrimiento psicológico severo acceder al suicidio asistido. La joven falleció vestida tras recibir un cóctel letal de tres drogas que detuvo su corazón en 20 minutos, en un acto que ha generado tanto críticas a la legislación española como un reclamo por justicia hacia las víctimas de agresiones sexuales.
Para la administración Trump, este caso evidencia fallas graves en la protección de los derechos humanos en España bajo el régimen de Pedro Sánchez. Al tiempo que respalda la investigación del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense busca responsabilizar al Ejecutivo español por la falta de medidas que impidieran las agresiones contra Castillo y que garantizaran que la ley de eutanasia no se aplicara de manera inapropiada en situaciones de sufrimiento psicológico y vulnerabilidad.
