La administración del presidente Donald Trump está llevando adelante una ambiciosa reforma del sector nuclear en Estados Unidos, con el objetivo de modernizar el sistema energético y responder al crecimiento acelerado de la demanda eléctrica impulsada por la inteligencia artificial.
En un contexto global cada vez más competitivo, la Casa Blanca ha decidido apostar por la energía nuclear como pilar estratégico para garantizar suministro estable, limpio y abundante. Para ello, el gobierno ha puesto en marcha una serie de cambios regulatorios orientados a reducir tiempos, simplificar procesos y facilitar la construcción de nuevos reactores.
Durante años, la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) fue considerada el estándar internacional en seguridad, pero también acumuló críticas por su lentitud y rigidez. Desde sectores industriales y tecnológicos, se señalaba que el marco regulatorio estaba diseñado para reactores tradicionales y no se adaptaba a las nuevas tecnologías emergentes. La administración Trump tomó esas críticas como punto de partida para impulsar una transformación estructural.
Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la incorporación de perfiles más dinámicos en la gestión pública. Funcionarios como Seth Cohen, desde el Departamento de Energía, representan una generación que busca aplicar criterios de eficiencia y rapidez propios del sector privado. Este enfoque apunta a destrabar proyectos que, según el gobierno, quedaban paralizados por procesos burocráticos excesivos.
El plan incluye acelerar la aprobación de reactores nucleares, especialmente los llamados reactores modulares pequeños, una tecnología que promete reducir costos, mejorar la seguridad y permitir una producción más flexible de energía. Estas innovaciones son impulsadas por una nueva ola de empresas respaldadas por capital de Silicon Valley.
Entre los principales defensores de este cambio se encuentran inversionistas como Peter Thiel y Marc Andreessen, quienes consideran que la energía nuclear será clave para sostener el crecimiento de la economía digital. La expansión de centros de datos y sistemas de inteligencia artificial requiere enormes cantidades de energía, y el gobierno busca anticiparse a esa demanda.
En este marco, la administración ha promovido órdenes ejecutivas que reducen plazos regulatorios, revisan normas técnicas y crean nuevas vías para probar diseños innovadores. El objetivo es claro: acelerar el desarrollo de infraestructura energética sin comprometer la seguridad.
