Este martes, el Gobierno de Colombia puso fin a la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en el país.
La medida fue anunciada por el presidente derechista Abelardo de la Espriella, quien destacó que los ciudadanos que cumplen con la normativa tendrán garantías dentro del marco legal.
El mandatario comunicó la decisión a través de su cuenta oficial de X y planteó que durante los últimos años las restricciones habían alcanzado a quienes respetan la ley, mientras los grupos criminales continuaban accediendo a armamento de manera ilegal.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar", indicó el mandatario.
De acuerdo con las cifras difundidas por el jefe de Estado, las fuerzas de seguridad incautaron 15.700 armas de fuego entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre de 2026. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
“Las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, puntualizó.
El presidente también detalló la vinculación de parte de esas armas con organizaciones armadas ilegales. Según indicó, 980 estaban relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.
Abelardo de la Espriella.
“Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros. Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, señaló.
De la Espriella remarcó que el decreto no implica un porte indiscriminado de armas. Los permisos continuarán sujetos a requisitos y a la autorización de las autoridades competentes, mientras se mantienen los controles establecidos.
“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, expresó.
El mandatario sostuvo además que la nueva disposición busca garantizar dentro de la ley a quienes cumplen con las normas y concentrar la acción estatal sobre los verdaderos delincuentes.
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó.
En esa línea, concluyó: “Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”, aseveró el jefe de Estado
