Este viernes 18 de julio entrará en vigor el polémico Acuerdo Mundial sobre Pandemias aprobado recientemente por la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano deliberativo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Aunque el texto se presenta como una herramienta de cooperación internacional para futuras emergencias sanitarias, en realidad constituye una amenaza directa a la soberanía de los Estados y a las libertades individuales.
El acuerdo fue aprobado por 124 países y tiene como supuesto objetivo garantizar un acceso a vacunas, tratamientos y las medidas a tomar ante futuras pandemias. No obstante, detrás del discurso de solidaridad sanitaria global se esconde un esquema legalmente vinculante que otorga a la OMS poderes sin precedentes para imponer medidas sobre las naciones firmantes, incluso por encima de sus gobiernos.
Tedros Adhanom, director de la OMS.
Uno de los puntos más controvertidos del tratado es que, en caso de que la OMS declare una pandemia, la organización podrá ordenar confinamientos globales, implementar cuarentenas obligatorias y establecer restricciones sanitarias en todos los países firmantes. A diferencia del COVID-19, donde las decisiones fueron en gran medida recomendaciones, el nuevo tratado vincula legalmente a los Estados a seguir los lineamientos dictados desde Ginebra, sede central del organismo.
De este modo, los ministerios de Salud nacionales quedarán subordinados a las decisiones de la OMS, que pasa a erigirse como autoridad sanitaria máxima, incluso por encima de presidentes o primeros ministros, en el marco de una pandemia.
Además, se obliga a los países a compartir datos epidemiológicos y aplicar los procedimientos definidos por la OMS, limitando el margen de maniobra nacional. A esto se suma el requerimiento de crear e implementar programas permanentes con el supuesto objetivo de "prevenir futuras pandemias", lo cual implica aumentos en el gasto público y reasignaciones presupuestarias sin aprobación legislativa interna.
La vuelta de la dictadura sanitaria
Durante la pandemia del COVID-19, millones de ciudadanos fueron testigos de cómo las libertades más básicas podían ser suspendidas en nombre de una emergencia sanitaria. Cuarentenas obligatorias, cierre de escuelas y comercios, restricción de circulación, toques de queda y la imposición de medidas médicas bajo amenaza de sanciones marcaron un periodo que nadie quiere repetir.
En este contexto, uno de los elementos más polémicos del nuevo tratado es que se habilita el uso del "pasaporte sanitario" como instrumento para condicionar libertades fundamentales. En otras palabras, quienes no cuenten con determinadas vacunas o certificados médicos podrían verse impedidos de acceder a lugares públicos, empleos, viajes o incluso servicios básicos, en un escenario de clara discriminación y segregación sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
Sumado a esto, el texto no establece mecanismos de control externo ni límites claros a la autoridad de la OMS, que podrá actuar como órgano rector sin contrapesos institucionales. Todo esto refuerza los temores de una deriva hacia un modelo de vigilancia global, donde los derechos individuales quedan subordinados a criterios técnicos definidos por burócratas internacionales, sin legitimidad democrática.
Mientras los defensores del acuerdo insisten en la necesidad de coordinación internacional frente a amenazas biológicas, crece la preocupación por el riesgo de crear una arquitectura legal global que permite limitar derechos fundamentales sin supervisión ciudadana ni parlamentaria.
En nombre de la salud pública, ya se han impuesto censuras, se ha perseguido la disidencia científica y se ha naturalizado un discurso de miedo para justificar medidas autoritarias y extremas. El nuevo tratado podría institucionalizar ese modelo, sin espacio para las críticas, y sin margen para decisiones soberanas.
La vigencia del Acuerdo Mundial sobre Pandemias marca un antes y un después. El solo hecho de que una organización internacional pueda decidir cuarentenas, exigir pasaportes sanitarios o imponer gastos públicos obligatorios, representa una amenaza a la soberanía nacional y a las libertades de las personas.
