Este pasado miércoles, el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Roberts, suspendió temporalmente la orden de un juez federal que requería que la administración de Trump pagara alrededor de 2 mil millones de dólares en fondos de ayuda exterior a contratistas, lo cual debía cumplirse antes de la medianoche.
La administración de Trump había solicitado una orden de emergencia a la Corte Suprema para bloquear el desembolso de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que el juez federal había ordenado liberar antes de la fecha límite.
Las autoridades gubernamentales indicaron que no podrían cumplir con la orden debido a los problemas logísticos y financieros que conllevaba.

El gobierno de Trump argumentó que la orden del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Amir H. Ali, había creado un plan de pagos insostenible y en conflicto con las obligaciones del presidente bajo el Artículo II de la Constitución, que establece que el presidente debe proteger la integridad de las finanzas federales y tomar decisiones apropiadas sobre la ayuda exterior.
De acuerdo con la administración, el cumplimiento de la orden del juez implicaría un daño irreversible al manejo de los fondos del gobierno.
La decisión de Roberts establece que las partes que se oponen a la acción de la administración tienen hasta el viernes a las 12 p.m. para presentar su respuesta, lo que sugiere que la pausa en la ejecución de la orden podría ser temporal.

La administración de Trump había planteado previamente que eliminaría más del 90% de los contratos de ayuda exterior de USAID, lo que implicaría recortes significativos en la asistencia estadounidense a nivel mundial, con un impacto de alrededor de 60 mil millones de dólares en ayuda exterior general.
Este recorte en la ayuda y en los programas de desarrollo ha sido parte de la estrategia de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal y recortar el gasto público, al tiempo que se desbarata un gran esquema de corrupción en la agencia.
La administración también ha mencionado que el recorte es necesario para eliminar el “desperdicio significativo” causado por años de “desviación institucional” y mejorar la eficiencia en la entrega de asistencia exterior, alineándola con los intereses nacionales de Estados Unidos.











