El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha emitido la Licencia General 10 relacionada con la Corte Penal Internacional (CPI), la cual autoriza el desmantelamiento de transacciones con ciertas entidades sancionadas el pasado 4 de septiembre de 2025.
Esta medida forma parte de una serie de sanciones impuestas tras la publicación de órdenes de arresto por parte de la CPI contra líderes israelíes y de Hamás por presuntos crímenes de guerra.
Simultáneamente, la OFAC actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), incorporando a tres organizaciones palestinas de derechos humanos:
- Al-Haq – Law in the Service of Mankind (con sede en Ramala)
- Al Mezan Center for Human Rights (Gaza)
- Palestinian Centre for Human Rights (Gaza)
Estas entidades fueron etiquetadas como organizaciones sin fines de lucro, vinculándolas directamente con sus esfuerzos legales ante la CPI para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
Los tres grupos habían solicitado en noviembre de 2023 que la Corte Penal Internacional abriera una investigación formal sobre los presuntos ataques aéreos israelíes contra ''áreas civiles densamente pobladas'' en Gaza, el asedio a la región y el desplazamiento masivo de la población.
En 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, y un líder de Hamás, Ibrahim al-Masri, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión provocó una fuerte reacción del gobierno de Donald Trump, quien previamente ya había sancionado a jueces y al fiscal jefe de la CPI por investigaciones sesgadas anteriores contra soldados estadounidenses en Afganistán.
