El empresario tecnológico Elon Musk ha anunciado públicamente su intención de ayudar a financiar acciones legales relacionadas con el escándalo de explotación infantil por parte de bandas sexuales en el Reino Unido.
A través de su red social X, Musk respondió a una publicación del parlamentario británico Rupert Lowe afirmando: ''Deseo colaborar en el financiamiento de procesos judiciales contra los funcionarios corruptos que facilitaron y encubrieron la violación sistemática en Gran Bretaña, según la pesquisa del gobierno. Responda a este mensaje para ser tenido en cuenta''.
El comentario se produjo luego de que se publicaran los resultados preliminares de una investigación oficial liderada por Lowe, presidente de la denominada Investigación de Bandas de Violadores.
Este informe ha revelado que al menos 85 autoridades locales británicas están vinculadas a casos históricos y recientes de explotación infantil. La magnitud del escándalo abarca todo el territorio del Reino Unido, desde Aberdeen en Escocia hasta Plymouth en el sur de Inglaterra.
El informe detalla que algunas de estas agresiones sexuales datan de la década de 1960 y denuncia que las víctimas, en muchos casos niñas vulnerables, fueron sistemáticamente ignoradas o desprotegidas por parte de las fuerzas del orden y los gobiernos locales.
El estudio apunta a la existencia de redes de hombres organizados, mayoritariamente de origen pakistaní, como los principales perpetradores en varios de los casos investigados. Sin embargo, más allá del perfil de los agresores, lo que más preocupa a los responsables de la investigación es la negligencia institucional generalizada.
Lowe declaró que los hallazgos representan una de las exposiciones más completas hasta la fecha sobre los abusos sexuales cometidos por bandas en el Reino Unido.
Asimismo, denunció la ''inacción'' del gobierno central, acusándolo de haber fallado reiteradamente en implementar medidas concretas pese a las promesas. En respuesta, el parlamentario anunció que antes de fin de año se celebrarán audiencias públicas donde las víctimas podrán brindar testimonio y se escucharán propuestas de expertos para mejorar los sistemas de protección infantil.
