Un funcionario del USAID se declaró culpable de fraude y soborno masivo

Apprio era beneficiaria del programa federal SBA 8(a), diseñado para ayudar a empresas propiedad de personas social y económicamente desfavorecidas, permitiéndoles obtener contratos exclusivos sin licitación.

Cuando Apprio ''graduó'' del programa 8(a) y dejó de ser elegible, el esquema cambió: Vistant, empresa de Barnes y subcontratista de Apprio, se convirtió en la nueva beneficiaria de contratos directos. Entre 2018 y 2022, Watson continuó manipulando el proceso de contratación para favorecer a Vistant, recibiendo a cambio una amplia gama de sobornos.

Los pagos ilícitos incluyeron:

• Efectivo
• Laptops
• Boletos de lujo para partidos de la NBA
• Una boda en un club de campo
• Pagos iniciales de hipotecas
• Celulares
• Empleos para familiares

Para encubrir los sobornos se usaron empresas fantasma, nóminas falsas y facturas fraudulentas. Paul Young actuaba como intermediario para ocultar los pagos, canalizando fondos a través de su empresa.

• Apprio debía pagar USD 51,6 millones, pero se le redujo a USD 500.000 tras demostrar incapacidad financiera.
• Vistant debía pagar USD 86,4 millones, pero pagará solo USD 100.000 por motivos similares.

Ambas empresas deberán cooperar con el gobierno, implementar programas de ética y cumplimiento, y reportar regularmente sobre sus progresos.

Funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI, el IRS y la Oficina del Inspector General de USAID condenaron enérgicamente el esquema. Matthew Galeotti, del DOJ, afirmó que el caso representa una ''violación de la confianza pública'' y una explotación del sistema federal.

Otros funcionarios destacaron el impacto negativo de la corrupción en la credibilidad de programas destinados a ayudar a pequeñas empresas desfavorecidas.

Este escándalo se suma a las críticas históricas a USAID por su gestión y transparencia. Recientemente, el empresario y exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk, bajo la administración de Donald Trump, lideró recortes drásticos a la agencia.

Musk y Trump han calificado a USAID como corrupta, con Trump declarando en febrero que ''el gasto de USAID es en su mayoría corrupto o ridículo''.

Como parte de la reforma liderada por DOGE, se eliminaron más de USD 8 mil millones en financiamiento y se despidió a la mayoría del personal y contratistas de USAID, en un intento por desmantelar la agencia.

El esquema permitió que Apprio y Vistant obtuvieran al menos 14 contratos principales de USAID, valorados en más de 550 millones de dólares. Como parte del acuerdo judicial, ambas empresas aceptaron responsabilidad penal y firmaron acuerdos de procesamiento diferido (DPA) de tres años con el Departamento de Justicia.

Aunque el cálculo de multas bajo las pautas federales establecía sanciones mucho mayores:

El 13 de junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que cuatro individuos, incluido un funcionario federal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y tres empresarios, se declararon culpables de participar en un esquema de sobornos por más de 550 millones de dólares en contratos federales.

El funcionario principal involucrado es Roderick Watson, de 57 años, residente en Maryland y antiguo oficial de contrataciones de USAID. Watson se declaró culpable de soborno a un funcionario público y enfrenta hasta 15 años de prisión, con sentencia programada para el 6 de octubre.

Los otros tres acusados son empresarios que conspiraron con Watson:

• Walter Barnes (46 años, Maryland), dueño de Vistant (PM Consulting Group LLC), se declaró culpable de conspiración para sobornar a un funcionario público y fraude de valores.
• Darryl Britt (64 años, Florida), dueño de Apprio Inc., se declaró culpable de conspiración para sobornar a un funcionario público.
• Paul Young (62 años, Maryland), presidente de una sub contratista vinculada a ambas empresas, también se declaró culpable de conspiración para sobornar a un funcionario público.

Cada uno de los empresarios enfrenta hasta cinco años de prisión, con sentencias programadas entre julio y octubre de 2025.

El esquema comenzó en 2013, cuando Watson utilizó su influencia dentro de USAID para adjudicar contratos federales sin competencia a Apprio, la empresa de Britt, a cambio de sobornos.