China presiona a Tailandia para entregar a un periodista que investigó la corrupción del régimen de Xi Jinping

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre China denunció que el Partido Comunista persigue a personas inocentes en todo el mundo y recordó el precedente de la deportación de 40 uigures desde Tailandia hacia China el año pasado. Aquella decisión provocó una fuerte condena internacional y derivó en sanciones impuestas por Estados Unidos contra responsables vinculados al caso.

Además de Bai, ''Human Rights Watch'' advirtió que al menos otros tres disidentes chinos detenidos en el mismo centro migratorio de Bangkok también podrían ser extraditados. Se trata del activista por los derechos humanos Tan Yixiang, la activista pro-democracia de Hong Kong Zhang Xinyan y el disidente político Zhou Junyi. Los tres han sido reconocidos oficialmente como refugiados por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), circunstancia que, según las organizaciones humanitarias, debería impedir su devolución a China.

El régimen chino intensificó su presión sobre Tailandia para lograr la extradición del periodista de investigación Bai Zhaodong, reconocido por revelar casos de corrupción que involucraban a altos funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh). Organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron que, si es devuelto a China, podría enfrentar detención arbitraria, torturas y un proceso judicial sin garantías, al considerar que las acusaciones en su contra tienen una clara motivación política.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y ''Safeguard Defenders'' denunciaron que las autoridades chinas solicitaron formalmente a Bangkok la entrega del periodista y pidieron al gobierno tailandés que rechace la petición. Ambas organizaciones sostienen que el caso constituye un nuevo ejemplo de la creciente campaña de represión transnacional impulsada por el régimen de Xi Jinping para perseguir a críticos y disidentes incluso fuera de las fronteras chinas.

Laura Harth, directora del programa China en el Mundo de ''Safeguard Defenders'', instó a las autoridades tailandesas a resistir las presiones de Pekín y evitar colaborar con una persecución que tiene una motivación claramente política. A su juicio, devolver a Bai significaría exponerlo a un elevado riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos fundamentales.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 17 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China confirmó que había presentado una solicitud formal de extradición. El portavoz Lin Jian aseguró que Bai está acusado de extorsión y de aceptar sobornos como empleado de una entidad no estatal, por lo que pidió a Tailandia que proceda con su entrega ''lo antes posible''.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos consideran que esas acusaciones forman parte de una estrategia utilizada con frecuencia por el Partido Comunista Chino para desacreditar a periodistas independientes, abogados, activistas y opositores políticos mediante delitos comunes, evitando reconocer el carácter político de las persecuciones.

Según RSF y ''Safeguard Defenders'', la policía de la ciudad de Yulin, en la provincia china de Shaanxi, emitió una orden de arresto contra Bai en septiembre de 2024. Desde entonces, las autoridades tailandesas le impidieron abandonar el país y, posteriormente, fue recluido en un centro de detención migratoria en Bangkok, donde permanece desde enero.

El caso ha despertado preocupación entre organismos internacionales debido al creciente alcance de la represión transnacional china, una política mediante la cual el régimen intenta localizar, intimidar y repatriar a ciudadanos considerados incómodos para el Partido Comunista, incluso cuando se encuentran refugiados en otros países.

El senador estadounidense Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, acusó al régimen chino de ejercer presión sobre un aliado de Estados Unidos para que actúe en beneficio de Pekín. El legislador pidió a Tailandia que permita el reasentamiento de Bai y de los demás refugiados en terceros países seguros, afirmando que cualquier otra decisión sería inaceptable.

La solicitud de extradición coincide con la visita oficial del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a China, donde tiene previsto reunirse con Xi Jinping y otros altos dirigentes del régimen. Diversos analistas consideran que el contexto diplomático podría aumentar la presión política sobre Bangkok para acceder a las demandas de Pekín.

El caso también se produce en medio de una amplia campaña anti-corrupción dentro del propio Partido Comunista Chino, una ofensiva que ha provocado la caída de decenas de altos mandos militares y dirigentes políticos, incluidos dos ex-ministros de Defensa y varios miembros del Politburó. Aunque las autoridades presentan estas investigaciones como un esfuerzo para combatir la corrupción, numerosos observadores sostienen que las purgas también sirven para consolidar el poder de Xi Jinping y eliminar posibles rivales internos.