El Consejo de Ministros de Italia aprobó este miércoles un proyecto de ley que autoriza la imposición de bloqueos navales para frenar la llegada de embarcaciones con migrantes durante períodos de ''presión excepcional'' en las fronteras del país, según informó una fuente gubernamental.
La iniciativa refuerza la política de línea dura contra la inmigración irregular impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni desde su llegada al poder a finales de 2022.
De acuerdo con un borrador del texto, el Ejecutivo podrá prohibir la entrada de barcos en aguas territoriales italianas durante un máximo de seis meses en casos de ''grave amenaza para el orden público o la seguridad nacional''.
Las embarcaciones que incumplan la prohibición se enfrentarán a multas de hasta 50.000 euros y, en caso de reincidencia, a la confiscación del barco, una medida que afectaría especialmente a los buques de organizaciones humanitarias dedicadas al rescate en el Mediterráneo.
Aquellas embarcaciones que no cumplan con los requisitos impuestos por el gobierno italiano se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros
El Gobierno sostiene que la medida busca reforzar el control de las fronteras marítimas y disuadir tanto a las redes de tráfico de personas como a quienes intentan cruzar el Mediterráneo de forma irregular.
Desde 2022, el Ejecutivo de Meloni ha acelerado los procedimientos de repatriación de solicitantes de asilo rechazados y ha endurecido las penas de prisión contra los traficantes, con el objetivo de reducir las travesías ilegales.
La coalición gobernante ha argumentado en reiteradas ocasiones que la presencia constante de barcos de ONG en la zona de rescate puede actuar como incentivo para que más migrantes emprendan el viaje en condiciones precarias, confiando en ser auxiliados en alta mar.
En este contexto, el nuevo proyecto de ley pretende establecer límites más estrictos y dotar al Estado de herramientas adicionales para gestionar situaciones de alta presión migratoria.
Las embarcaciones de inmigrantes ilegales se aprovechan de los rescates brindados por Roma
La iniciativa se produce pocos días después de que el Parlamento Europeo aprobara una reforma del sistema común de asilo, en respuesta a las demandas de varios Estados miembros, entre ellos Italia, que reclamaban un enfoque más firme.
Las nuevas normas permitirán a los países rechazar solicitudes de asilo si el solicitante pudo haber recibido protección en un tercer país considerado seguro por la Unión Europea, además de establecer una lista de países a los que podrán ser retornados los solicitantes rechazados.
Desde el Ejecutivo italiano se interpreta este giro europeo como un respaldo a la necesidad de combinar solidaridad y responsabilidad en la gestión migratoria. Italia ha sido uno de los principales puntos de entrada a Europa desde 2015, lo que ha generado presión sobre su sistema de acogida y ha alimentado el debate político interno.
Por su parte, la oposición de izquierda criticó la propuesta y advirtió de que un enfoque ''represivo'' no resolverá un fenómeno estructural y de largo plazo. El proyecto de ley deberá ser ahora debatido y aprobado por ambas cámaras del Parlamento para convertirse en ley.
Italia ha sido el país favorito para la llegada de ilegales desde 2015
