La Audiencia Nacional abrió una causa por la llegada de más de 70.000 migrantes los días 30 y 31 de julio y analiza si detrás de la operación hubo una estrategia organizada desde Marruecos.
La crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio dio un nuevo giro este lunes. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decidió abrir una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, al considerar que existen indicios de que el episodio pudo formar parte de un proceso organizado desde territorio marroquí y que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España.
La magnitud del episodio explica la decisión judicial. Más de 70.000 personas habrían participado en el desplazamiento hacia Ceuta durante aquellas jornadas, provocando una situación excepcional en la ciudad autónoma y poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad españolas.
La jueza María Tardón
Uno de los elementos más sensibles del caso es el papel que podrían haber desempeñado las autoridades marroquíes. Tardón señala en su resolución que habría existido una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos y menciona indicios de un “guiado activo” de personas hacia la frontera por parte de agentes marroquíes.
La magistrada También investiga posibles homicidios imprudentes vinculados con las muertes registradas durante la crisis: la resolución menciona 83 personas fallecidas cuyos cuerpos fueron recuperados en aguas españolas.
El concepto más llamativo utilizado por la Justicia es el de un posible ataque contra la integridad territorial de España. La hipótesis que deberá comprobarse durante la investigación es que la entrada masiva no haya sido simplemente una crisis migratoria espontánea, sino una operación organizada desde el exterior capaz de generar una situación de desestabilización dentro de territorio español.
Manifestaciones en España en apoyo de los ciudadanos de Ceuta
La causa adquiere además una dimensión diplomática. El Gobierno comunista de Pedro Sánchez mantiene que la cooperación con Marruecos es “excelente” y ha defendido la colaboración entre ambos países. Sin embargo, informes policiales incorporados a la investigación apuntan a una posible actuación coordinada desde Marruecos, algo que ahora deberá ser determinado judicialmente.
La apertura de esta causa supone, en definitiva, un cambio sustancial en la manera de abordar los acontecimientos de julio. Lo que inicialmente fue presentado fundamentalmente como una crisis migratoria ahora también será investigado bajo la perspectiva de la seguridad nacional y la defensa de la integridad territorial española.
La Justicia deberá determinar si existió una operación organizada, quién estuvo detrás de ella y qué responsabilidad corresponde a quienes facilitaron o dirigieron el desplazamiento.
