Una corte federal de apelaciones bloqueó en las últimas horas la decisión del Departamento de Transporte de revocar miles de licencias de inmigrantes ilegales.
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Una corte federal de apelaciones en Washington, D.C. dictaminó que las nuevas restricciones del Departamento de Transporte (DOT) para que inmigrantes obtengan licencias comerciales de conducir (CDL) no pueden ser aplicadas.
El fallo representa un fuerte revés para los intentos del gobierno federal de reforzar los estándares de seguridad en el transporte tras una serie de incidentes que involucraron a conductores inmigrantes con historiales deficientes de capacitación, documentación o dominio del idioma inglés.
La decisión ha sido ampliamente criticada por sectores que consideran que el tribunal ignoró riesgos de seguridad vial y datos preocupantes para favorecer tecnicismos regulatorios.
El Departamento de Transporte tomó medidas para frenar el avance de nuevos accidentes a manos de ilegales
El DOT implementó las restricciones en septiembre, luego de un caso particularmente grave: el del conductor Harjinder Singh, un ciudadano indio que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2018.
Singh fue acusado de provocar un choque fatal en Fort Pierce, Florida, tras realizar un giro ilegal con un camión que derivó en la muerte de tres personas. A pesar de su historial irregular, Singh había obtenido una licencia comercial en California.
Según la Fiscalía General de Florida, había fallado el examen teórico del CDL diez veces en Washington, así como múltiples pruebas técnicas y un test de dominio del inglés, requisito obligatorio para operar un vehículo de carga en Estados Unidos. Su caso se convirtió en un símbolo del descontrol en los procesos de licencias estatales y del riesgo que representan fallas administrativas para la seguridad pública.
A raíz del caso Singh y de una auditoría federal que detectó irregularidades en California, incluyendo 17.000 licencias que seguían activas pese a permisos de trabajo vencidos, el DOT estableció una regulación más estricta: limitar las licencias a inmigrantes con ciertos tipos de visas, exigir verificación federal del estatus migratorio y fijar vigencia máxima de un año.
Singh asesinó a tres personas tras fallar su examen de manejo en diez ocasiones
Aunque estas medidas solo afectarían a unos 10.000 inmigrantes entre los más de 200.000 conductores extranjeros con licencia, buscaban cerrar brechas de seguridad y evitar que personas sin calificación adecuada o sin estatus verificado operaran vehículos pesados.
Sin embargo, la corte bloqueó la regla argumentando que el gobierno no cumplió con el procedimiento administrativo requerido ni explicó suficientemente cómo la medida mejoraría la seguridad vial. Los críticos señalan que este enfoque excesivamente formalista ignora tanto la evidencia empírica como casos trágicos que justifican reformas urgentes.
La corte también destacó que los inmigrantes representan solo el 0,2% de los accidentes fatales pese a poseer el 5% de las licencias comerciales. Analistas favorables a la regulación responden que esta estadística, aunque relevante, no invalida los problemas detectados, especialmente fallas en la verificación de identidad, capacitación insuficiente y el incumplimiento de normas federales básicas como el inglés funcional para operar camiones.
El gobierno de Trump había presionado al gobernador de California para que revoque las licencias de miles de inmigrantes ilegales
Diversas organizaciones del sector, expresaron respaldo al DOT y celebraron los esfuerzos por reforzar estándares de seguridad. Su presidente, Todd Spencer, señaló que el abuso de programas de visas y el aumento de licencias a conductores no domiciliados ha permitido el ingreso de operadores que ''no pueden cumplir con las regulaciones ni operar de manera segura''.
Mientras tanto, el secretario de Transporte Sean Duffy intensificó la presión contra California, anunciando la retención de 40 millones de dólares en fondos por negarse a aplicar evaluaciones de inglés en inspecciones de carretera. Para recuperar los fondos, el estado deberá demostrar que está evaluando el dominio del idioma y retirando de circulación a quienes no cumplan.
