El régimen de Nicolás Maduro utilizó El Helicoide, principal centro de detención y torturas en Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales con motivo del adelantado inicio de la Navidad en ese país.
El espectáculo se llevó a cabo la noche de este miércoles, tras el decreto del chavismo que fijó el 1 de octubre como fecha oficial para el comienzo de las festividades navideñas. Vecinos de Caracas tomaron fotos y videos, que fueron difundidos en redes sociales, donde registraron el instante en que la estructura, donde permanecen decenas de presos políticos, se iluminaba con pirotecnia.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU denunció que en este complejo se usan métodos de tortura como posiciones forzadas, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en los genitales y golpes con objetos contundentes.
El Helicoide
“Los detenidos estuvieron expuestos a amenazas de muerte y violación, desnudez forzada en temperaturas extremas y permanencia encadenados durante largos períodos”, señaló el organismo.
El informe también da cuenta de asesinatos en el marco de protestas, muertes bajo custodia estatal, más de 2.200 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y torturas, como parte de una política de persecución sistemática que constituye crímenes de lesa humanidad.
Según el documento, la represión desatada desde el 29 de julio de 2024 profundiza un plan estatal destinado a eliminar a opositores reales o percibidos. Este plan "se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas", señala el texto.
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela.
El organismo responsabiliza directamente al régimen venezolano y a sus cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas incluyen dirigentes opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, adolescentes y también extranjeros.
El reporte identifica patrones de acción de las fuerzas estatales, como detenciones violentas, uso excesivo de la fuerza, allanamientos en domicilios y traslados de personas sin identificación o sin orden judicial. Además, confirma el uso reiterado de leyes antiterroristas y la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia.
La Misión concluye que la impunidad es estructural en Venezuela y que las víctimas enfrentan barreras insuperables para acceder a la justicia. El documento incluye 19 casos representativos, que constituyen solo una parte de las violaciones registradas, reflejando la magnitud y gravedad de la crisis de derechos humanos en el país.
