La muerte de Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que sufrió una violación grupal mientras estaba bajo tutela estatal y que falleció este 26 de marzo tras un procedimiento de eutanasia autorizado por la Justicia, volvió a encender un debate profundo en la opinión pública española. Muchos ciudadanos y dirigentes políticos cuestionan al gobierno de Pedro Sánchez por lo que consideran una contradicción moral del Estado: mientras en el pasado se desplegaron todos los recursos para evitar que un terrorista de ETA muriera durante una huelga de hambre, hoy —según denuncian— el sistema permitió que una víctima de una de las peores atrocidades terminara muriendo.
En España se instaló una comparación que golpea directamente al gobierno actual y al sistema institucional. Durante años, el Estado español hizo todo lo posible para impedir que el terrorista Ignacio de Juana Chaos, condenado por múltiples crímenes y vinculado a la organización terrorista ETA, muriera tras iniciar una huelga de hambre como forma de presión política contra las instituciones. Sin embargo, el caso reciente de Noelia Castillo volvió a abrir la herida en el debate público: muchos se preguntan por qué el sistema actuó con tanta determinación para preservar la vida de un terrorista mientras —según denuncian sectores críticos— no protegió a una víctima que había sufrido violencia extrema.
La historia de Ignacio de Juana Chaos fue uno de los episodios más controvertidos de la lucha contra el terrorismo en España. El 5 de febrero de 2007, el medio británico The Times publicó una amplia cobertura sobre la huelga de hambre del preso etarra, que se encontraba hospitalizado mientras protestaba por una sentencia dictada por jueces de la Audiencia Nacional tras haber cometido un delito de amenazas. La imagen que acompañaba el reportaje ocupaba todo el ancho de una página del periódico y mostraba al terrorista en una cama de hospital, aparentemente debilitado, con el titular: “Encadenado y demacrado, el asesino de ETA clama por la paz desde su lecho de muerte”.
Sin embargo, lo que en apariencia parecía una escena de sufrimiento ocultaba un hecho clave: el Estado había ordenado que el preso fuera inmovilizado y alimentado mediante una sonda para evitar que muriera. Las sujeciones que aparecían en la fotografía no eran “cadenas”, sino dispositivos utilizados por personal sanitario para impedir que el terrorista se quitara la sonda que le permitía seguir con vida y los sensores que controlaban sus constantes vitales. En otras palabras, el sistema judicial y sanitario español actuaba para evitar su muerte incluso contra su propia voluntad, al considerar que el Estado no podía permitir que el chantaje político de una huelga de hambre terminara con un fallecimiento que presionara a las instituciones democráticas.
La controversia se amplificó porque la cobertura de The Times, firmada por el periodista Thomas Catan, fue duramente criticada por presentar al terrorista con un lenguaje que muchos consideraron engañoso. En lugar de describir a ETA como organización terrorista, el reportaje utilizó la expresión “grupo separatista vasco”, una elección semántica que generó fuertes cuestionamientos en España. Para numerosos analistas, ese tipo de lenguaje podía contribuir a distorsionar la realidad del terrorismo y favorecer la propaganda de quienes buscaban deslegitimar al Estado democrático.
En aquel momento, el preso etarra intentaba proyectar una imagen de víctima mientras presionaba políticamente a las instituciones españolas. Su estrategia comunicativa, según diversos análisis académicos, buscaba transformar una acción de extorsión —la huelga de hambre— en un relato emocional capaz de generar empatía internacional. Y lo cierto es que el Estado respondió evitando que muriera, incluso cuando el propio terrorista pretendía utilizar su cuerpo como instrumento de presión política.
