Cuba se transformó en el país con más condenas por detenciones arbitrarias emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD) desde 2019, de acuerdo con un informe difundido por Prisoners Defenders. El organismo internacional emitió dos nuevos dictámenes que abarcan a 49 personas encarceladas tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, sumando 93 casos en los últimos seis años, por encima incluso de Egipto, que ocupa el segundo lugar con 73.
Los dictámenes concluyen que los detenidos fueron encarcelados por motivos políticos e ideológicos, sin garantías de debido proceso, sin defensa técnica y sometidos a desapariciones forzadas, torturas y violaciones graves de derechos humanos. El Grupo de Trabajo exigió su liberación inmediata y su exoneración penal, además de indemnizaciones por los daños sufridos.
La represión como política de Estado
El informe subraya un patrón que diferencia a Cuba del resto del mundo: mientras la mayoría de los países presentan casos individuales, el sistema cubano opera mediante detenciones masivas. En los últimos 20 meses, tres dictámenes de la ONU incluyeron a 66 personas, lo que demuestra que la represión no es un fenómeno aislado, sino estructural.
Según Prisoners Defenders, Cuba presenta el promedio más alto del mundo de personas detenidas por cada resolución del WGAD, con más de cinco afectados por dictamen. Entre 2019 y 2025, los encarcelamientos estuvieron vinculados al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad religiosa y la participación cívica.
Además, los procesos carecieron de cualquier garantía legal: ausencia de defensa independiente, incomunicación prolongada, uso de cargos vagos y desproporcionados, y desaparición forzada como herramienta sistemática de intimidación.
La cárcel como instrumento de control social
El WGAD determinó que el sistema penal cubano opera como un mecanismo estatal de control social que se extiende más allá de la disidencia política. Afecta a comunidades religiosas, asociaciones barriales, organizaciones civiles y familias completas. Su finalidad es desarticular redes sociales, limitar la acción ciudadana y transmitir un mensaje de miedo al resto de la población.
En el dictamen 46/2025, el organismo analizó el caso de 16 detenidos —muchos vinculados a la Asociación de Yorubas Libres de Cuba— que participaron de las protestas del 11J. Ninguno fue informado de los motivos de su detención, no existieron órdenes judiciales ni comunicación a sus familias, y todos permanecieron incomunicados durante días o semanas.
