El país reafirmó su política de tolerancia cero frente al crimen organizado.
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El Parlamento de Singapur aprobó este martes una contundente medida para frenar la ola de estafas digitales que sufre la nación, castigando a los responsables de estos delitos con entre 6 y 24 latigazos, además de las penas de cárcel y multas ya existentes.
La decisión, impulsada tras pérdidas récord de 1.100 millones de dólares en 2024, busca reforzar la disuasión frente a un fenómeno que afectó gravemente la seguridad económica y digital del país.
La sanción será aplicable a los miembros de redes criminales implicadas en estafas, a los reclutadores, a quienes faciliten medios logísticos o financieros, como las llamadas “mulas bancarias”, y a las personas que provean tarjetas SIM o credenciales Singpass (el documento de identidad digital singapurense). La cantidad exacta de latigazos dependerá de la gravedad del delito, con un máximo permitido de 24, aplicados de forma continua.
La prisión de Singapur.
Los tribunales serán los encargados de determinar, caso por caso, si corresponde la aplicación del castigo corporal. Según el Ministerio del Interior, la medida apunta principalmente a desarticular las estructuras detrás de los fraudes digitales y a enviar un mensaje de tolerancia cero ante este tipo de crímenes, que crecieron exponencialmente en los últimos años.
La propuesta había sido adelantada en marzo por un diputado y, en aquel momento, la entonces ministra del Interior, Sun Xueling, confirmó que el Ejecutivo estaba considerando la inclusión de “latigazos para ciertos delitos de estafas, en reconocimiento del severo daño que pueden causar”. El Parlamento terminó por respaldar la iniciativa de manera mayoritaria, en un gesto que refleja la preocupación nacional por la magnitud del problema.
Las autoridades singapurenses sostienen que el país no puede permanecer pasivo ante el impacto social y económico de las estafas, muchas de ellas operadas desde centros ilícitos en el Sudeste Asiático y vinculadas a redes transnacionales de trata y lavado de dinero.
Singapur.
En ese contexto, Singapur lanzó operativos contra grupos sospechados de facilitar actividades criminales, incluyendo la incautación de más de 150 millones de dólares singapurenses en bienes ligados al empresario chino Chen Zhi y su conglomerado Prince Group, señalado por Estados Unidos como parte de un “imperio criminal”.
A pesar de que los organismos internacionales como la ONU condenan el uso de castigos físicos, el Gobierno de Singapur respaldó la medida y destacó que su política penal estricta fue clave para mantener los bajos niveles de criminalidad que caracterizan al país.
