Mientras la Autoridad Palestina intenta presentarse ante Occidente como un socio moderado y reformista, un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos expuso una realidad muy distinta: Ramallah continúa financiando a terroristas y a sus familias mediante mecanismos apenas maquillados bajo nuevos nombres burocráticos.
Según el reporte enviado al Congreso estadounidense, la Autoridad Palestina distribuyó 156 millones de dólares en pagos vinculados al llamado sistema de “pay-for-slay” (“pago por matar”), una política que recompensa económicamente a terroristas palestinos encarcelados, liberados o muertos mientras cometían atentados. De esa cifra, 126 millones fueron destinados directamente a terroristas, incluidos presos liberados de cárceles israelíes, y otros 30 millones a familiares de atacantes fallecidos.
“El sistema de compensación en apoyo al terrorismo continúa operando bajo nuevos mecanismos y con otro nombre”, afirmó el Departamento de Estado. El informe se basó en información proporcionada por Israel, organizaciones no gubernamentales y fuentes abiertas.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas
Las revelaciones contradicen las promesas realizadas por Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, quien había anunciado supuestas reformas para reemplazar estos pagos por un modelo de asistencia social “basado en necesidades económicas”. Washington concluyó que el cambio fue meramente cosmético.
La continuidad de estos pagos tiene además consecuencias diplomáticas y económicas. Bajo la Ley Taylor Force, aprobada en 2018 tras el asesinato de un ciudadano estadounidense en Israel, Estados Unidos tiene prohibido entregar ayuda económica directa a la Autoridad Palestina mientras continúe incentivando el terrorismo.
El informe también señala que la Autoridad Palestina mantiene un discurso público de glorificación terrorista. Investigaciones recientes documentaron contenido antisemita y pro-terrorismo en el sistema educativo palestino, además de homenajes oficiales a terroristas liberados.
Incluso en medio de una grave crisis económica en Judea y Samaria, donde hospitales enfrentan huelgas y empleados públicos sufren fuertes recortes salariales, Ramallah continúa priorizando transferencias a terroristas. El ministro de Finanzas palestino, Estephan Salameh, declaró en febrero que la Autoridad Palestina “no abandonará” a presos ni a las familias de los llamados “mártires”.
Investigadores de Palestinian Media Watch también revelaron que los pagos alcanzan a terroristas residentes no sólo en la Autoridad Palestina, sino también en Jordania, Líbano y Siria, ampliando aún más el alcance regional de esta controvertida política.
