La Knéset da un paso histórico hacia la soberanía israelí en Judea y Samaria
Imágenes de Judea y Samaria
porRedacción
Política
La propuesta, aprobada por 25 votos a favor y 24 en contra, busca establecer asentamientos en la región
La Knéset aprobó avanzar con el proyecto de ley “Aplicación de la soberanía israelí en Judea y Samaria, 2025”, impulsado por el diputado Avi Maoz (Noam).
La propuesta, aprobada por un margen ajustado de 25 votos a favor y 24 en contra, busca establecer que las leyes, el sistema judicial, la administración y la soberanía del Estado de Israel se apliquen en todos los asentamientos israelíes de la región.
El texto será ahora remitido al Comité de Asuntos Exteriores y Defensa para su discusión, antes de someterse a una segunda y tercera votación en el pleno.
Durante su intervención, Maoz afirmó que la medida busca “corregir un error histórico largamente postergado”. Según explicó, “si el gobierno ha dudado, es nuestro deber como miembros de la Knéset actuar”.
El legislador reveló que rechazó una solicitud del primer ministro Benjamín Netanyahu para posponer el debate y decidió seguir adelante con la votación.
Deputy Avi Maoz
El debate coincidió con la visita a Israel del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien se reunió con Netanyahu en Jerusalén durante la mañana.
En ese contexto, el ministro de Educación, Yoav Kisch, expresó ante el pleno que “este gobierno es el mejor que ha tenido el movimiento de asentamientos” y aseguró que “el tiempo para la legislación sobre soberanía también llegará; la lideraremos junto a nuestros socios estadounidenses”.
La propuesta de Maoz fue acompañada por otra iniciativa presentada por Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu), destinada a aplicar la soberanía específicamente en Ma’ale Adumim, aprobada con una votación más amplia de 32 a 9.
En julio pasado, la Knéset ya había aprobado una resolución declarativa en apoyo a la soberanía israelí sobre Judea, Samaria y el Valle del Jordán, aunque sin consecuencias legislativas.
Contexto histórico y jurídico
Judea y Samaria —nombre bíblico de la región conocida internacionalmente como Cisjordania— fueron capturadas por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando estaban bajo control jordano.
Desde entonces, su estatus legal se considera de administración militar temporal, aunque Israel sostiene que el territorio no estaba bajo soberanía legítima reconocida antes del conflicto, y que por tanto no puede ser calificado de “ocupado” según el derecho internacional.
Los Acuerdos de Oslo de los años noventa dividieron el área en tres zonas:
Área A, bajo control total de la Autoridad Palestina.
Área B, con control civil palestino y seguridad israelí.
Área C, bajo plena autoridad israelí, donde viven aproximadamente 500.000 israelíes en comunidades que el Estado considera legales bajo su propia legislación.
La comunidad internacional, por su parte, suele considerar los asentamientos como contrarios al Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, una interpretación que Israel rechaza argumentando que ningún ciudadano fue deportado ni transferido a esos territorios y que se trata de un área en disputa más que de una ocupación.
Repercusiones internacionales
Algunos países árabes y europeos expresaron críticas ante la posibilidad de un cambio en el estatus jurídico de la región. En particular, los Emiratos Árabes Unidos advirtieron que una anexión podría “socavar el espíritu de los Acuerdos de Abraham”, que normalizaron las relaciones diplomáticas con Israel.
Sin embargo, desde Jerusalén se enfatiza que el debate sobre la soberanía no busca romper puentes, sino consolidar una realidad histórica y jurídica que refleje el vínculo milenario del pueblo judío con su tierra ancestral.
De aprobarse finalmente, el proyecto marcaría un paso sin precedentes en la afirmación del derecho israelí sobre Judea y Samaria, reafirmando la convicción de que la seguridad, el desarrollo y la identidad nacional de Israel están íntimamente ligados a esa región fundamental de su historia y su presente.