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Bolivia

Arturo Murillo en libertad: Evo Morales falló en extraditarlo de Estados Unidos por mandar carta en español en vez de inglés

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El régimen de Bolivia pidió la extradición para que el ex ministro sea juzgado en su país, pero la solicitud fue devuelta a la fiscalía por no cumplir los protocolos de idioma y Murillo quedó en libertad.

Hace algunos días, el canciller boliviano Rogelio Mayta informó a la población que las gestiones diplomáticas para la extradición del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, quedarían retrasadas por no cumplir con los protocolos de solicitud.

Como se supo rápidamente en el informe, la principal falencia del petitorio consistió en que no se encontraba en el idioma utilizado por el gobierno norteamericano

La justicia estadounidense no puede valorar documentación que no se encuentre en inglés y toda la situación terminó en un papelón internacional para el régimen socialista.

De la misma forma, la Cancillería también observó que la argumentación jurídica de la solicitud requería una revisión, porque, para que la solicitud sea válidamente considerada, debe tener los argumentos irrebatibles que demuestren la necesidad de la extradición. Esta observación sólo deja en visto los fines de venganza política y el nulo interés de preservar garantías procesales que hay tras esta solicitud.

Días después de este error diplomático, Murillo consiguió una audiencia temprana en la cual pactó su libertad bajo el pago del 10% de una fianza que le fue fijada en 500 mil dólares americanos, es decir, Murillo pagó 50 mil dólares para recuperar su libertad.

Además de aquello, tras conseguir acuerdos con la fiscalía, el ex jefe de gabinete del gobierno de Añez, adquirió el estatus de “testigo protegido” de la justicia estadounidense, aunque se desconoce por qué casos. Con esto, ya no deberá presentarse a la audiencia del 9 de julio de donde podía haber salido con una condena.

Recordemos que esta no es la primera vez que le pasa algo así al MAS, ya que, en el pasado, el régimen de Evo Morales tuvo fracasos en sus solicitudes de extradición con Estados Unidos en el caso contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de defensa Carlos Sánchez Berzaín.

Las solicitudes no fueron admitidas por la tensa relación que tuvo Morales con Estados Unidos, por el uso del término “antiimperialista” en la solicitud y por querer realizarla en base a delitos no tipificados por la jurisprudencia estadounidense.

Murillo, por su parte, había sido detenido en Florida, Estados Unidos, a finales del mes de mayo tras haber sido involucrado en una investigación federal por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecios durante su gestión ministerial, de donde se estima que pagó 2,3 millones de dólares más del precio máximo de mercado.

Junto a él, también fueron detenidos su ex jefe de gabinete y otros tres ciudadanos estadounidenses propietarios de la empresa Bravo Tactical Solutions, la que jugó un papel de intermediaria entre el Estado boliviano y la empresa Cóndor, para la compra del material policial no letal. 

Los informes de la investigación realizada por el FBI, revelaron que el precio real del material ascendía a 3,3 millones de dólares, pero se desembolsaron 5,6 millones, donde el excedente se habría distribuido entre Murillo, sus colaboradores y la empresa intermediaria.

Con este dinero, se reveló que Arturo Murillo invirtió en un proyecto inmobiliario del World Trade Center en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y adquirió una empresa inmobiliaria en Cochabamba, todo fruto del desvío de activos a sus cuentas. Además, se reveló que también es titular de una empresa en Florida.

Su audiencia cautelar debía realizarse el 7 de junio pasado, sin embargo, la misma fue postergada por razones desconocidas para el 9 de julio. Se especulaba que el ex ministro estaba negociando su libertad con las autoridades judiciales a cambio de entregar información sobre los nexos que tenga Evo Morales con el narcotráfico, información que posee luego de haber sido por 2 años la máxima autoridad policial de Bolivia, posibilidad que ha dejado preocupado a Morales, según el ex embajador boliviano en la OEA, Jaime Aparicio.

Cuando fue conocida la detención de Murillo, el gobierno del títere Luis Arce inmediatamente intentó capitalizarse los méritos por la detención, y posteriormente anunció que se investigará a todo el gabinete de Añez por la firma del decreto presidencial que autorizó la compra.

Similarmente, también expresaron que se realizarán los procesos para extraditar al ex ministro de defensa, Fernando López, por presuntamente estar involucrado en este hecho de corrupción, siendo que los informes de la justicia norteamericana lo mencionan como beneficiario.

De la misma forma, ya se extendieron citaciones a todos los ex ministros que firmaron el decreto bajo la amenaza de ser aprehendidos por la fiscalía en caso que no asistan a declarar. También, innecesariamente, el gobierno de Arce costeó el viaje de una delegación de la fiscalía al mando del Procurador General del Estado a la audiencia de Murillo, siendo que ya se había contratado un bufete de abogados para que represente al estado en las audiencias.

Por su parte, el gobernador derechista de Santa Cruz Luis Camacho, y el ex ministro Jerjes Justiniano, expresaron su apoyo a la extradición de Murillo, y lamentaron tácitamente que sean otros países los que develen hechos ilícitos cometidos en Bolivia.

La información sobre la fianza, protección y libertad de Murillo tomó por sorpresa a la prensa, abogados y autoridades del régimen boliviano, los cuales han salido a asegurar que la información sobre la liberación de Murillo es falsa. 

El cónsul de Bolivia en Miami, Oscar Vega Camacho, negó que Murillo haya sido liberado. “Es una información incorrecta. Me comunique con el bufete de abogados que está asesorando al Estado y me dijeron que no es cierta la información” desmintió. 

Estas declaraciones buscan blindar al régimen de Evo Morales de profundizar su papelón internacional, que podría haber sido evitado si el gobierno de Arce enviaba correctamente la solicitud de extradición.

Desde Estados Unidos, informó el diario El Deber, aseguran que Murillo pasó a ser “testigo clave” del caso y que cooperará con la justicia estadounidense, pero que técnicamente todavía no está libre.

El procurador general Wilfredo Chávez dio una conferencia de emergencia donde afirmó que aún no se puede confirmar si Arturo Murillo fue liberado en Estados Unidos, aunque admitió que “lo que sí hay es una posibilidad de que la exautoridad haya llegado a un acuerdo con la justicia norteamericana“.

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Argentina

En Bolivia se negaron a atender a un argentino que había tenido un accidente de tránsito y lo dejaron morir: “Acá pesos argentinos no”

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El sistema de salud de Bolivia es gratis para los bolivianos, a diferencia de Argentina, donde se gastan millones en atender todo tipo de extranjeros.

Mientras en Argentina cualquier extranjero es atendido por el sistema de salud pública, nadie se ocupa de los argentinos que son dejados para que mueran en países tan cerca como Bolivia. Este es el caso de Alejandro Benítez, un jubilado que se había propuesto recorrer el territorio boliviano en moto.

En una ruta boliviana, a la altura de la localidad de Ivirgarzama, ubicada a unos 220 kilómetros de distancia de la ciudad de Cochabamba, fue embestido por un camión y las autoridades médicas de Bolivia se negaron a darle asistencia por no ser ciudadano boliviano.

El docente de la Escuela de Educación Técnica 3135 permaneció por más de una hora tirado en el asfalto y otra hora en una sala de primeros auxilios precaria. Durante estas dos horas, ningún médico o agente de primeros auxilios lo asistió, negándose a tratar a una persona que no tuviera la nacionalidad boliviana.

Según los testigos, el personal médico que lo recibió no quiso llamar a la ambulancia para que lo trasladaran a otro centro de mayor complejidad, asegurando que no podían hacerse sin cargo sin cobrarle.

Los amigos de Alejandro, que lo fueron a buscar a la sala de primeros auxilios, se encontraron con que los médicos le exigían que pagaran previamente los gastos de emergencias y el uso de una ambulancia, según consigna la ley boliviana.

Pero el problema radicó en que cuando juntaron la plata e intentaron abonar la suma que les exigían, no se las aceptaron porque sólo tenían pesos argentinos. “Acá pesos argentinos no, acá plata boliviana o dólares”, les dijeron.

En medio de la desesperación, salieron corriendo a una casa de cambio en otro pueblo para conseguir el dinero, pero después de más de dos horas sin atención, falleció antes que puedan trasladarlo. Denunciaron también que los policías que intervinieron en el caso secuestraron la moto y todas las pertenencias de la víctima y todavía no las entregaron.

Al tomar conocimiento del fallecimiento, los familiares de General Mosconi viajaron hasta Bolivia a buscar el cuerpo de Benítez. Este jueves, inhumaron los restos. “Fue espantoso saber que solamente por plata lo dejaron morir después de una agonía de dos horas en la que Alejandro estaba totalmente consciente, porque no había sufrido golpes en la cabeza“, cuestionó Walter, yerno de la víctima.

Mi suegro solo pedía que no lo dejen morir y sus compañeros motoqueros lloraban a la par de él sin poder hacer nada para salvarle la vida“, relató.

Al ser consultado sobre cómo fue el accidente, el familiar explicó: “Eran un grupo de cinco motociclistas argentinos que tenía una gran experiencia en rutas porque ya habían estado en Brasil y toda Argentina. Mi suegro iba al último, detrás de dos motociclistas jujeños, cuando un camión quiso cruzarlo, lo tocó en el brazo y por la velocidad Alejandro voló y cayó al costado de la cinta asfáltica“.

Por la mala maniobra del camionero otro vehículo que venía detrás chocó a la unidad y por eso al rato del accidente se hizo presente personal policial“, agregó. Según los testigos, el conductor del vehículo, un boliviano, sí fue trasladado en ambulancia.

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Bolivia

Dictadura en Bolivia: Sentenciaron a la ex presidente constitucional Jeanine Añez a 10 años de prisión

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El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que responde a Evo Morales, dio conocer su fallo y Jeanine Añez se convierte en la primera presa política de la dictadura socialista boliviana.

La ex presidente de Bolivia, Jeanine Añez, quien llegó al poder a través de la sucesión constitucional, fue condenada este viernes a 10 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, un organismo judicial dominado por militantes de Evo Morales.

Con esta decisión, el gobierno de Luis Arce, que sigue los mandamientos del ex mandatario, se consolidó como una dictadura que persigue políticamente a la oposición, como ocurre en países como en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El fallo dictaminó una sentencia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, un argumento claramente falso ya que Añez era vicepresidente 2da del Senado, y llegó al poder luego de que renunciara el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda, y la presidente del Senado Adriana Salvatierra.

En ningún momento fue designada o nominada por las Fuerzas Armadas, y asumió su cargo por sucesión política exactamente como está caracterizada en la Constitución. Incluso el propio Evo Morales había dicho que no renunciaba por las presiones del Ejército cuando se descubrió que había cometido fraude en las elecciones del 2019, si no porque los cocaleros y las comunidades indígenas le habían soltado la mano.

El Tribunal Primero de Sentencia sentenció que deberá cumplir una condena de 10 años a cumplir en una cárcel de mujeres en La Paz, tres meses después de comenzar el juicio y 15 meses después de que la ex mandataria fuera encarcelada arbitrariamente.

En su alegato final, Añez se declaró inocente y señaló que el Tribunal “excluyó pruebas que descartaban un derrocamiento” de Morales en 2019. “Nunca busqué el poder”, afirmó la ex presidente, quien no dudó en decir que es una “presa política” de Evo Morales.

Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida desde hace más de un año. Al principio, el gobierno no dio explicaciones de su arresto, pero luego las autoridades aseguraron que existía “riesgo de fuga” y que su arresto era “preventivo”.

Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado “un debido proceso”, la acusaron de delitos “que no ha cometido”, no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidente le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.

En Bolivia, debido a una ley que aprobó el propio Evo Morales, los funcionarios y ex funcionarios deben ser juzgados por un comité del Congreso, en lo que se conoce como un juicio de responsabilidades. Sin embargo, Añez hubiera sido exonerada en el Congreso ya que el MAS no tiene mayoría absoluta, por lo que fue ilegalmente juzgada en un tribunal ordinario.

La ex mandataria presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio para pedir que se le otorgue arresto domiciliario, ya que en la cárcel no se le permitía tomar su medicación para la hipertensión y el hipotiroidismo, y según la OEA, se cometieron violaciones a los derechos humanos.

La ex mandataria es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y sin violar la Constitución.

Sin embargo, tras el regreso al poder del MAS, se inició una cazería de brujas para encarcelar a todos los líderes opositores. Funcionarios del gobierno de Añez, como su jefe de Gabinete o su ministro de Defensa, se dieron cuenta lo que estaba pasando y se dieron al exilio a Estados Unidos. Pero la ex presidente decidió quedarse y hasta intentó ser candidata a gobernadora de Beni, pero quedó en segundo lugar.

Por último, otros líderes opositores que el MAS quería apresar son los derechistas Fernando Camacho, Marco Pumari y Manfred Reyes Villa, pero ganaron cargos públicos en las elecciones subnacionales del año pasado y obtuvieron fueros políticos.

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Bolivia

Endeudamiento insostenible: La deuda pública de Bolivia llegará al 80% del PBI este año

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El endeudamiento del Estado boliviano comienza a mostrar signos de insostenibilidad. El déficit fiscal creció de manera casi ininterrumpida desde el año 2014, y en 2020 alcanzó el nivel más alto desde 1985.

El desequilibrio de las finanzas públicas de Bolivia se sigue profundizando, y la manera para cerrar la brecha entre ingresos y gastos fue el endeudamiento interno y externo. Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública consolidada de Bolivia llegará al 80% del PBI en 2022. La cifra incluye a todos los niveles del Estado, incluso el Banco Central y las empresas estatales.

Si bien el endeudamiento entre 2020 y 2021 responde a un programa de asistencia financiera similar al que se dio en todas partes del mundo a causa de la pandemia, Bolivia arrastra una herencia de fuertes desequilibrios fiscales desde 2014.

El déficit financiero del sector público consolidado marcó un rojo del 2,54% del PBI en 2014, aumentó al 6% en 2015, 6,7% en 2016, 7,4% en 2017, 8,3% en 2018, 7,2% en 2019 y llegó al 9,7% del PBI en 2020. Esta última cifra fue la más alta desde 1985, cuando el país atravesaba una profunda reforma estructural en la economía.

El tamaño del gasto público de Bolivia está en los niveles más altos desde las reformas en la década del 80, como herencia de la administración socialista de Evo Morales. El tamaño del Estado superó el 44% del PBI en 2015 (una cifra similar a Alemania y Noruega), y cerró el año 2020 en el 38% del PBI. Pese al ajuste fiscal, el tamaño del Estado sigue siendo imposible de financiar.

La economía de Bolivia mantiene una elevada dependencia de los movimientos en el precio de los bienes transables exportables. Con el fin del boom de las materias primas, el sistema tributario no pudo seguir sosteniendo los abultados excedentes que había retenido entre 2005 y 2012. Pero a diferencia de la inestabilidad en la recaudación fiscal, el gasto público se mostró mucho más inflexible a la baja.

En reemplazo del uso de la política monetaria (que siguió siendo mayormente independiente), el Gobierno de Bolivia hizo uso del endeudamiento. El Banco Central de Bolivia estima que la deuda pública total alcanzaba el 36,1% del PBI en 2013, y trepó al 56,5% en el año 2019 (antes de la pandemia), para luego volver a aumentar brutalmente hasta el 67,3% del producto en 2020 y casi 80% en la proyección para 2022.

Ante la falta de un mercado de capitales capaz de proveer el crédito suficiente, el Estado boliviano debió hacer mayormente uso del ahorro externo para cerrar sus brechas fiscales. La deuda pública externa trepó de los US$ 2.505 millones en 2008 hasta los US$ 12.589 millones en julio de 2021, prácticamente se quintuplicó medida en dólares.

La deuda interna se mantuvo en niveles relativamente constantes hasta 2017, pero comenzó a aumentar de manera exponencial a partir de 2018 debido al empeoramiento de la calificación crediticia externa. Este hecho limitó la cantidad de bonos que pudieron ser colocados en el exterior.

La deuda interna aumentó de US$ 4.474 millones en 2017 a US$ 13.685 millones en 2021. Esta vez, se añade un efecto recesivo como resultado de la falta de crédito para el desarrollo del sector privado. Así como en Argentina, el Estado boliviano absorbe una porción cada vez más grande del crédito local. 

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