Conecte con nosotros

Bolivia

Senadores demócratas de EE.UU. apuntan contra Jeanine Añez mientras callan sobre Venezuela

Un grupo de senadores demócratas, liderados por Bernie Sanders, le enviaron una carta a Trump apuntando contra el gobierno constitucional de Jeanine Añez, a pesar de no haber denunciado nunca los atropellos de Evo Morales o los que ocurren en Venezuela.

Publicado

en

Un grupo de senadores demócratas envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, expresando su preocupación por Bolivia y las supuestas violaciones a los Derechos Humanas e intimidaciones hacia los oponentes políticos cometidas por el Gobierno constitucional de Jeanine Añez, mientras ignoran hablar sobre Venezuela.

Este grupo, liderado por el senador y ex-candidato presidencial Bernie Sanders, también acusa a la presidente Añez de querer perpetuarse en el poder, a pesar de que está hace menos de un año al frente del Gobierno y habrá elecciones antes de fin de año. 
Acompañando a Bernie Sanders, se encuentra el ex-candidato a vice de Hillary Clinton, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Edward Markey, Patrick Leahy, Christopher Murphy y Benjamin Cardin.
Esta no es la primera vez que los senadores demócratas se expresan de esta manera. Cuando Evo Morales renunció a la presidencia, Bernie Sanders salió a defenderlo desde su muro de Facebook; publicación que compartida por los otros senadores.

En la carta enviada al gobierno de Trump, los firmantes mencionan distintos hechos en donde según su punto de vista se vulneraron los derechos humanos, particularmente en los conflictos en Senkata y Sacaba. 

Además, mencionan las amenazas de juicios por parte del Ministerio de Defensa contra la presidente del Senado, Eva Copa, que quiso ilegalmente evitar los ascensos constitucionales promovidos por las Fuerzas Armadas. En el Artículo 260 de la Carta Magna, se establece que los ascensos son un derecho de las Fuerzas Armadas, y en el Artículo 160, se establece como una obligación de la Cámara de Senadores el ratificar dichos ascensos, posterior a la recomendación del Órgano Ejecutivo de estos ascensos.

Los senadores demócratas no se detuvieron a estudiar la Constitución boliviana pero si tienen tiempo para tratar de interferir en su realidad política, ignorando dos artículos de la Constitución Política del Estado.

Ad

Ante estas falsas acusaciones, el Gobierno de Bolivia, a través de su Embajador en EE.UU., Oscar Serrate, le respondió el pasado miércoles a Bernie Sanders con otra carta, en la que le pide al senador que no defienda ni abogue por el retorno de Evo Morales, puesto a que es un “dictador que destruyó nuestra legalidad”, y que “es un narcoterrorista”. 

“Somos un pequeño país que hace unos pocos meses demostró al mundo el ejemplo más claro de transición pacífica y constitucional hacia la democracia y la libertad y ahora nos encontramos bajo un ataque feroz que está promoviendo el regreso de un dictador que destruyó nuestra legalidad, nuestra economía, nuestro sistema de salud”. 

Además, el embajador Serrate le recalcó que el socialismo que él defiende sólo le dejo pobreza, corrupción y le quitó libertad al pueblo boliviano.

“¿Será porque el pueblo boliviano no aceptó un régimen socialista indefinido y rompió con Cuba?; ¿Acaso no se enteró del gigantesco fraude cometido durante las elecciones del año pasado, según lo verificado por la OEA, así como certificado por la mayoría de los países del mundo?; ¿No leyó sobre las múltiples violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país, que sufrió bajo un régimen sin Estado de Derecho, con un Sistema de Justicia destruido y utilizado con fines políticos?”, algunas de las preguntas planteadas por el embajador Serrate.

En la carta del embajador Serrate, también le pide a Bernie Sanders que no incite a otros senadores a ponerse en contra del gobierno de Bolivia, pues expresa su necesidad de formar relaciones más cercanas con el país del norte, especialmente con la coyuntura actual. 
El Embajador no fue el único en salir a hablar por el país en defensa de la lucha pacifica que se vivió en los últimos días de octubre del año pasado. El ministro de Gobierno (jefe de gabinete de Jeanine Añez), Arturo Murillo, también apuntó contra el senador socialista norteamericano.

¿Dónde estaba usted senador Sanders [durante el Gobierno de Morales]?“. La pregunta del ministro se refiere a las veces en las que se cometieron abusos durante la gestión pasada, a los oídos sordos de estos políticos oportunistas.

Murillo también le envió una carta a los senadores demócratas, en la que le hace 15 preguntas a Sanders y al resto de senadores demócratas.

Ad

Sanders acusó al actual Gobierno de querer perpetuarse en el poder, pero se olvidó completamente de que Evo estaba en la silla presidencial incostitucionalmente desde noviembre del 2014, pues en el Artículo 169 de la CPE se establece que un Presidente solo puede ostentar una sola reelección, misma que para Evo, debería haber concluido con la gestión 2009-2014. 

También ignora que la Presidente constitucional, Jeanine Añez, llegó al poder después de la renuncia y huida de Evo Morales, pues como establece el Artículo 169 Numeral 1, en caso de que el Presidente del Estado (para ese entonces, Evo Morales) abandone su cargo, será reemplazado en el cargo por el Vicepresidente (Alvaro Garcia Linera) y, a falta de éste, por la Presidente del Senado (Adriana Salvatierra) en el caso de que esta también renuncie, el Vicepresidente del Senado (Rubén Medinacelli) asumirá, de este renunciar, asumirá la 2da Vicepresidente del Senado, quien para ese momento era Jeanine Añez.

Todas las renuncias mencionadas ocurrieron en la extensión de 48 horas, entre el 10 y 12 de noviembre, y finalmente Jeanine Añez, avalada por la Constitución, asumió el cargo presidencial.

Ad

Sanders, a pesar de haber asumido como senador en enero del 2007, jamas ha mostrado su preocupación por varios casos en donde efectivamente se violaron los DD.HH. en Bolivia y todo esto transcurrió durante la gestión de Evo Morales.

Por ejemplo:

Asalto al Hotel las Américas

Si bien ya nos hemos referido a este caso desde La Derecha Diario, podemos destacar que éste fue una farsa del masismo, una de muchas, planeado por Evo Morales para poder deshacerse de distintos lideres políticos y cívicos del este del país, en donde se acusó de ser terroristas, separatistas y racistas, a más de una treintena de opositores quienes fueron aprehendidos y encarcelados durante años y sin una pena establecida. 
A las 4:30 a.m. del 16 de abril del 2009, en el Hotel las Américas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se inició un operativo policial orquestado por el gobierno de Morales, con la excusa de que estaban salvando la vida del Presidente y del Vicepresidente Linera de un magnicidio orquestado y de evitar un supuesto “golpe de estado”. 
En las habitaciones 456, 457 y 458 del hotel, se encontraron los cuerpos sin vida de Árpád Magyarosi, Michael Dwyer y de Eduardo Rózsa respectivamente. Según la versión del gobierno, ocurrió un tiroteo en el que las tres victimas perdieron la vida, versión que carece de pruebas, puesto a que hay testigos que afirman haber escuchado únicamente 5 disparos y que el operativo ocurrió mientras Rózsa y el resto dormía, además de que por casualidad, las cámaras del hotel dejaron de funcionar cuando se iniciaba el operativo, y que Luis Clavijo, quien para ese entonces era Director de Régimen Interior, se había hospedado en la habitación 453 pero abandonó el hotel horas antes del atentado

Ad

Masacre del Porvenir 

En 2008, habia una gran tensión entre el gobierno socialista de Evo Morales y los opositores del bloque de la Media Luna; los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. El objetivo de la oposición era conseguir cierta autonomía para las regiones y acercarse más a un modelo federal, en vez de uno unitario como el que hasta ahora se mantiene. 
El 3 de septiembre, los prefectos, cívicos y miembros de dos federaciones campesinas de la oposición consiguieron tomar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en forma de protesta por las expropiaciones de tierras de Evo con fines electorales.
Campesinos oficialistas de Riberalta, Beni y de otras regiones rurales cercanas planificaron una marcha hacia Cobija con la iniciativa de retomar el INRA, argumentando que la toma de la misma por los opositores amenazaba la titulación de las tierras expropiadas por el gobierno. 
El 10 de septiembre, el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, líder del movimiento que tomó el INRA, ordenó cavar dos trincheras, una en Cachuelita ubicada entre Filadelfia y Porvernir, y otra en Tres Barracas entre Puerto Rico y Porvenir, para impedir el paso de los campesinos. 
El 11 de septiembre se desató el enfrentamiento armado, con el Ejército boliviano apoyando a los campesinos que querían recuperar el INRA. Tras el choque, Pedro Oshiro, funcionario del Servicio Departamental de Caminos, fue encontrado muerto por un disparo de bala, junto con otros 13 campesinos, sumando así un saldo de 15 muertos para ambos bandos. Otro punto de enfrentamiento fue el aeropuerto, donde los civiles permanecían y los militares dispararon, entre las victimas, se encontraba un pastor evangélico que fue fusilado. 
El 16 de septiembre, el prefecto Leopoldo Fernández fue detenido por un contingente militar, que lo escoltó al aeropuerto. En el lugar estaba el ex-ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y quien habría planeado toda la masacre. Fernández fue despachado en un avión rumbo a La Paz para ser enjuiciado.

Podemos dar además otros ejemplos de violación de Derechos Humanos ocurridos en Bolivia mientras Bernie Sanders estaba en el Congreso de Estados Unidos, antes y durante el gobierno de Evo Morales.
  • Caso Villa 14 (1988)
  • Asesinato de los esposos Andrade (2000)
  • Masacre de Octubre Negro (2003)
  • Masacre de La Calancha (2007)
  • Masacre de Chaparina (2011)
  • Represión violenta a discapacitados (2012)
  • Masacres en Sacaba y Senkata (2019)
  • Masacre de Montero (2019)

Haga clic para comentar

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Inicio de sesión

Deja una Respuesta

Bolivia

Gobierno de Bolivia estanca la economía y prohíbe el uso de criptomonedas en el país

Publicado

en

En un nuevo comunicado emitido por el Banco Central de Bolivia se decretó la nueva prohibición, sustentada en que se busca proteger a la población de fraudes y estafas. La medida llega tras numerosos intentos de regular y eliminar la venta y negociación en criptoactivos que se dio en el país en los últimos 5 años.

Así lo anunció el Banco Central de Bolivia junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Desde esta semana, todas las negociaciones, transacciones y el uso de criptomonedas quedan prohibidas en el país.

Mediante un comunicado administrativo, ambas instituciones, las encargadas de dirigir la política económica y monetaria de la nación, eliminaron del mercado las transacciones con este tipo de activos, argumentando que no están dotadas de seguridad y respaldo, pudiendo dar lugar a estafas. En resumen, han ilegalizado su curso en el país.

El mismo comunicado, recuerda también que las transacciones reconocidas y avaladas por el sistema financiero son aquellas que el mismo banco central autoriza, o en su defecto, las que provengan y tengan aval de un estado, zona económica o grupo de países, previa autorización del banco central.

El uso de medios alternativos para transacciones, y sus formas regulatorias, viene siendo obstaculizadas desde la llegada de Evo Morales y su cambio de constitución en el año 2009. En este texto legal, se le otorgó al estado poderes especiales para regular el sistema económico del país. Entre las disposiciones están la posibilidad de congelar los tipos cambiarios, emitir moneda con la venia del Banco Central, y la creación de monopolios estatales sobre rubros productivos y en torno al uso de una moneda específica.

Artículo 328. I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación

con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas

por la ley:

1. Determinar y ejecutar la política monetaria.

2. Ejecutar la política cambiaria.

3. Regular el sistema de pagos.

4. Autorizar la emisión de la moneda.

5. Administrar las reservas internacionales.

Paradójicamente, la prohibición de las criptomonedas viola uno de los objetivos que se traza el estado boliviano en su constitución, como lo es el fomento al desarrollo de empresas, micro, pequeñas y medianas, puesto que existen algunos startups cuyos capitales están basados precisamente en estos activos, los cuales se verán en aprietos para cambiar y adaptarse a la nueva disposición.

El gobierno de Arce parece intentar criminalizar la tenencia o el comercio de criptomonedas y está dispuesto a cerrar la puerta a todas las empresas y corredores que pretendan prestar servicios relacionados.

Analistas económicos observan que el fin del gobierno gira en torno a los intereses fiscales que pueda representar la readaptación de los emprendimientos con activos digitales. Pues el mudar sus capitales a monedas reconocidas y reguladas por el banco central, implica un sometimiento a las cargas de impuestos del sistema financiero boliviano, que no deja de ser uno de los más pesados en la región.

“La economía tiene que entrar a este nuevo sistema de avance digital. (..) Se debe cambiar la percepción y tomar en cuenta que el actual sistema financiero va quedando obsoleto. El problema se trata de un tema de regulación en donde el Estado, al que le preocupa la parte fiscal, debe proponer diferentes normas que no tengan una postura cerrada.” Señala César Salamanca, economista boliviano.

Sin embargo, se prevé que el efecto de esta nueva norma sea el contrario al que espera el gobierno de Bolivia. Muchas empresas, principalmente de pagos de servicios en línea utilizan y prevén utilizar criptomonedas para facilitar las transacciones con sus usuarios. Los que implica una falta de formalización de las inversiones en el país, dejando inutilizables las órdenes que vengan del gobierno.

En lugar de abrirse a las nuevas formas ó nuevos métodos para generar riqueza, y adaptarse a los cambios de la economía global, el gobierno comunista de Arce pretende cerrar, aún más, la frágil e informal economía de su país. Esto lejos de dar seguridad a los trabajadores, uno de los objetivos de su gobierno, fomenta el crecimiento de inversiones en el mercado ilegal. Mientras otros países adaptan criptomonedas a sus sistemas económicos, Bolivia las aleja y se vuelve a aislar del mundo.

Seguir Leyendo

Bolivia

Retrocede la dictadura sanitaria en Bolivia: el régimen socialista aplaza el pase sanitario hasta el 26 de enero

Publicado

en

Así lo anunció el ministro de salud. El documento, altamente cuestionado por un sector del mismo oficialismo y por la oposición, no será obligatorio por 3 semanas más, y dejará de estar vigente como lo venía siendo desde el 1ro de enero.

Con la firma de los decretos supremos 4640 y 4641, el gobierno de Bolivia implementó la vigencia de un documento que comprueba la calidad de vacunados a todos los que hayan recibido dos dosis contra el Covid-19.

Al poco tiempo, este documento se convertiría en el requisito indispensable para realizar todo tipo de actividades, públicas o privadas, en todo el territorio nacional, y en caso de no tenerlo, se debía presentar una prueba PCR negativa cada 48 horas. De esta manera, el régimen de Evo Morales implementaba su propia versión del pase sanitario.

Dicha medida fue anunciada en los primeros días del 2022, en el periodo en el cual Bolivia registraba, en promedio, 7.000 casos diarios de coronavirus. La nueva exigencia, como era de esperarse, puesto que la gestión de Arce no ha conseguido inmunizar completamente ni al 50% de la población, causó revuelo en todo el país.

Cientos de ciudadanos se volcaron a los puestos de vacunación para recibir las dosis y obtener el documento, ya que sin él no podrían acudir a su trabajo. Esta avalancha de personas buscando vacunarse colapsó la demanda de vacunas en las principales capitales del país.

El régimen socialista no logró fortalecer el abastecimiento de la vacuna mientras busca discriminar a los bolivianos por su estatus de vacunación. Ante este problema, a pesar de que inicialmente se quiso hacer obligatorio desde el 1ro de enero, posteriormente la fecha de cambió al 5, y finalmente se aplazó hasta el 26 de enero.

Un sector dentro del MAS, especialmente los indigenistas, rechazaron la nueva exigencia. A su vez, reclamaron que la determinación no fue consensuada e inclusive llegaron a exigir la validación del uso de hierbas medicinales como sustitutos de la vacuna anti-COVID.

Esta reacción era previsible. Dentro de la cúpula del MAS existen individuos promotores de este tipo de prácticas, como lo es el vicepresidente David Choquehuanca. El segundo mandatario del país no había recibido ninguna dosis si no hasta hace unos días, fruto de la presión social que exigía coherencia al gobierno.

El vicepresidente declaró que “ya había pasado varias veces la enfermedad” y que se había curado “con medicina tradicional”, incluso había comido pasto para tratar la enfermedad.

También, como se puede constatar en los registros del ministerio de salud, se observa que Andrónico Rodríguez, mano derecha de Evo Morales y presidente del senado tampoco ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Esta misma persona fue quien, en 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, había dicho que el virus era un “invento de la derecha” y organizó los bloqueos de las rutas que impidieron el paso del oxígeno, que reslutó en la muerte de 40 personas durante agosto de ese año. 

Desde la oposición, especialmente los diputados Caleb Villarroel (CREEMOS) y María José Salazar (CC), ambos de Santa Cruz, han declarado su rechazo a la exigencia del documento. Consideran, acertadamente, que se violan derechos constitucionales y los tratados de derechos humanos, que en Bolivia tienen rango constitucional. 

Por ese motivo, se trasladaron a la ciudad de Sucre, sede del órgano judicial del país, para presentar recursos de inconstitucionalidad contra los decretos supremos, a fin de que sean expulsados del ordenamiento jurídico del país.

La medida parece estar destinada al fracaso. No solo por el fracaso del plan de vacunación, sino porque no da certeza a los ciudadanos que fueron inmunizados en el exterior, alrededor del 1% de la población según estimaciones, quienes debían hacer un trámite administrativo altamente burocrático para convalidar en el país sus certificaciones los países en donde fueron inmunizados

Bolivia registra sus peores datos desde que inició la pandemia en el gobierno de Añez en 2020. El 6 de enero registró más de 10 mil casos en 24 horas, un caso de Flurona, la confirmación de la variante Ómicron en el país y un lento proceso de vacunación, que en casi un año desde la primera dosis aplicada, no llega a equipararse con los procesos de otros países de la región.

También, es una dura batalla por la preservación de los derechos fundamentales. La mezcla de todos estos factores, donde juega un rol importante la incapacidad de la clase política de contrarrestar a la enfermedad sin afectar a las libertades, marca un sombrío inicio de año no solo para Bolivia, sino para toda la región y el mundo.


Por Diego Salvatierra, para La Derecha Diario.

Seguir Leyendo

Bolivia

Evo Morales profundiza la persecución política: Pumari fue arrestado y Añez cumple 280 días en prisión

Publicado

en

Luego de ser derrotados con la Ley 1386, el régimen socialista arrestó arbitrariamente a Marco Pumari y no cede ante la prisión política de Jeanine Añez.

Mientras el mundo mira para otro lado, la ex presidente constitucional de Bolivia, Jeanine Añez, continúa en prisión arbitrariamente por orden del régimen socialista de Evo Morales. Con un estado de salud deplorable, y tras haber sobrevivido a un intento de suicidio, Añez fue nuevamente agredida en su celda.

Su hija Carolina Ribera, quien ha emprendido una cruzada internacional para presionar al régimen de Bolivia con el fin de lograr la libertad de su madre, denunció en la cuenta de Twitter de Jeanine Añez las agresiones a las que es sometida en la cárcel de mujeres en La Paz. 

La ex dignataria ha confirmado la veracidad de dichas agresiones en una carta que publicó en días pasados. Añez relata que la “teniente Durán” se introdujo en su celda y le profirió insultos y patadas, contra su humanidad y los objetos que tenía dentro. Fruto de este atropello, ha dicho: “Me siento amenazada, asustada. Temo por mi vida y la de mis hijos”.

En la misma carta, relata que, al recibir la visita de la directora de la cárcel en donde se encuentra recluida, fue tildada de mentirosa al reclamar por las agresiones a las que fue sometida.

“Implícitamente me llamó mentirosa de lo sucedido, haciéndome sentir amenazada y amedrentada, faltando también el respeto, callando a mi hijo que se encontraba acompañándome e indicándome que eran las consecuencias de lo que me había dicho mi hija Carolina Ribera”, escribió.

Fieles a su cinismo, desde el Ministerio de Gobierno han “desmentido” las “acusaciones” de Jeanine Añez y han dado refugio a la teniente agresora. La Defensoría del Pueblo, una institución pública que debería velar por los derechos humanos, actualmente copada por el MAS, “verificó” y “confirmó” que la ex presidente no tiene signos de tortura.

Sin embargo, Amparo Carvajal, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, expresó a la opinión pública que Añez tiene la salud deteriorada y percibe un riesgo de muerte en la ex presidente.

Producto de este cruce, Jeanine Añez será trasladada de celda a una en la que convivirá con otras reclusas, en vez de estar aislada a merced de los guardias masistas. Jeanine Añez fue la primera de los más de 20 presos políticos, entre militares, policías, cívicos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, que lleva el régimen comunista de Arce y Morales.

A esta lista, se ha unido una de las figuras principales de las protestas de 2019, Marco Pumari.

El arresto arbitrario de Marco Pumari

Pumari fue presidente del comité cívico de Potosí, quien, junto al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideraron las protestas contra el fraude electoral que culminaron con la huida de Evo Morales y su cúpula a México en 2019. También fue compañero vicepresidencial de Camacho en 2020, donde obtuvieron el 14% de los votos.

Recordemos que, durante las protestas, Pumari, junto a la ciudadanía, denunció que en Potosí se estaba haciendo un conteo de votos paralelo a la sede de la Corte Electoral Boliviana. En la casa contigua al edificio, se encontraron todas las actas electorales reales dentro, mientras que en la sede se seguía contando votos.

El hecho provocó la entrada de Potosí a las protestas que inició Santa Cruz. Se plegaron al paro indefinido, y en una marcha de protesta, fue incendiado el edificio de la Corte Electoral por los manifestantes. Posterior a esto, fue muy cercano a Camacho en todas las apariciones públicas. Ambos, el día de la renuncia de Morales, invadieron el palacio presidencial para dejar la carta de renuncia de Evo junto a una biblia.

Ahora, el régimen lo acusa de delitos electorales, específicamente lo responsabilizan por la quema del edificio, siendo que no existen pruebas que señalen su culpabilidad o que el haya dado órdenes para consumar el hecho. 

La madrugada del 11 de diciembre, mientras se dirigía a su casa en Potosí, fue interceptado por grupos policiales para ser aprehendido, siendo bajado de su vehículo, el cual se quedó en media calle. Su familia denuncia que ha sido víctima de torturas.

Tras su aprehensión se presumía que sería llevado a La Paz, como se ha hecho con la mayoría de los presos políticos del gobierno de Arce. Empero, se quedó en su departamento y fue trasladado lejos de la capital, a una localidad llamada Llallagua.

En tiempo récord fue sometido a una audiencia de medidas cautelares, de donde salió con una prisión preventiva de 6 meses en la cárcel de Betanzos, otra localidad de su departamento. Su aprehensión y detención está plagada de irregularidades, las cuales van desde el hecho de que no fue notificado previamente con la denuncia, su aprehensión se la realizó en la madrugada, lo cual no lo permite los procedimientos penales bolivianos, fue privado de comunicaciones con sus abogados, e, injustificadamente, fue llevado lejos de su jurisdicción, la ciudad de Potosí.

El presidente de la Corte Electoral Regional ha indicado que Pumari no tuvo participación en los hechos de quema en 2019, y que, si hubiese sido así, no se le hubiera permitido ser candidato a vicepresidente en 2020 y a gobernador en 2021. A pesar de ello, el régimen no dudó en arrestarlo y acusarlo por ello.

El MAS planea aplicar con Pumari la misma estrategia que con Jeanine Añez, al cumplimiento de una detención preventiva, acusarlo de otros delitos para sentenciarle una prórroga. De esta forma, asegurar una constante detención en la cárcel sin que exista una sentencia judicial definitiva.

Tras esta detención ilegal, los cívicos del país se han movilizado junto a los partidos de oposición, principalmente CREEMOS. Se realizó un cabildo en Potosí, al cual tenían previsto llegar Camacho, Mesa, y parlamentarios. Fueron impedidos de llegar por masistas que bloquearon las carreteras y amenazaron con agredirlos. 

Seguir Leyendo

Trending