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Chile: Se confirmaron los nombres de los árbitros para la nueva Constitución Nacional

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El equipo estará integrado por 14 miembros que serán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual tiene instancia de carácter paritario. Además fue ratificado por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. 

Los 14 expertos conformarán el Comité Técnico de Admisibilidad

La Cámara Baja y Alta del Congreso de Chile ratificaron a los 14 profesionales que formarán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual actuará de árbitro en la redacción de la nueva Constitución Nacional, tras un acuerdo con la oposición de centro-derecha.

A diferencia de la anterior Constitución, redactada por constituyentes elegidos por el pueblo sin ningún tipo de formación en labor constitucional, en esta oportunidad se ha decidido crear este comiité que vele por el cumplimiento de las bases institucionales.

La idea es que los expertos acompañen el escrito del proyecto constitucional y hagan cumplir las 12 bases institucionales que tendrá la propuesta. Arrancará sus funciones el próximo 6 de marzo.

Por su parte, el consultor político argentino, Fernando Cerimedo, quien trabajó en la campaña para el Rechazo a la nueva Constitución propuesta por el presidente Gabriel Boric, aseguró que “el equipo que integrará el arbitraje para ir por una nueva constitución es una herramienta fundamental para iniciar un nuevo proceso en la república de Chile”.

Cerimedo llevó adelante una importante labor en la campaña del “NO” a la reforma constitucional en el país trasandino, y celebró las nuevas designaciones de profesionales que acompañarán la construcción de una nueva constitución chilena.

Y en ese sentido, aseguró que los expertos elegidos por el Congreso, van a ser los que den inicio a una nueva etapa democrática. “Muy feliz de los miembros que van a integrar ese arbitraje, se trabajó para rechazar una constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, aseveró el director de la consultora Numen.

Estos 14 “técnicos” velarán por la admisibilidad de las propuestas del órgano constituyente, para evitar delirios como los que fueron presentados y aprobados por la mayoría izquierdista que compuso la Convención Constituyente en el anterior proceso.

Además, habrá otras 24 personas designadas para conformar la Comisión Experta, la cual tendrá la función de redactar un anteproyecto de Nueva Constitución, que deberá ser utilizado de base por el futuro Consejo Constitucional, el cual tendrá la posibilidad de modificar, eliminar o agregar artículos, pero deberá respetar la estructura establecida por este comité de “expertos“.

A pesar de este gran paso en la dirección de una Nueva Constitución profesional que no parezca redactada por un centro de estudiantes comunista, en el acuerdo entre Boric, la ex Concertación y Chile Vamos todavía hay varios puntos que deberían alarmar a la población.

Entre ellas se encuentran fuertes regulaciones para cuidar el medio ambiente, la estatización de los recursos naturales y la conversión de Chile en un “Estado social”, que reconozca “derechos sociales” de la población, que garantice la gratuidad de la educación, la salud y una red de sostén basada en planes sociales.

Este nuevo documento, a diferencia del anterior, cuenta con el amplio apoyo de 14 partidos desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista de Chile (PCCh), y solo es opuesto por el derechista Partido Republicano de Chile (PRC), de José Antonio Kast, y el Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi.

Los nombres confirmados por el Congreso:

El Comité Técnico de Admisibilidad, se dividió entre fuerzas del oficialismo (partidos de extrema izquierda alineados con Boric, y partidos de centro-izquierda alineados a la Democracia Cristiana) y fuerzas opositoras alineadas con Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli, PRI). 7 fueron electos por el oficialismo, 6 por la coalición opositora Chile Vamos y 1 por el Partido de la Gente.

Viviana Ponce de Leon 

Abogada de la Universidad Católica del Norte, Viviana Ponce de León es candidata a doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesora auxiliar del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral (UACh), en la sede Puerto Montt.

En su perfil de Twitter tiene sus pronombres personales y asegura que quiere una “Constitución con Género”. Fue electa por el Frente Amplio (FA), una de las fuerzas más importantes dentro del oficialismo.

Julia Urquieta

Abogada de la Universidad de Chile, Julia Urquieta tiene interés por los Derechos Humanos. En su trayectoria laboral ha sido concejal de Pudahuel y bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social.

Reside en Santiago de Chile y fue electa por el Partido Comunista (PC), que forma parte del oficialismo.

Marcos Contreras

Abogado de la Universidad de Chile, Marcos Contreras es candidato a doctor en Derecho en ese mismo plantel y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Santiago.

Electo por el Partido Humanista (AH), alineado con el gobierno de Gabriel Boric.

Claudio Grossman 

Abogado de la Universidad de Chile, Claudio Grossman tiene un doctorado en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.

Un jurista de larga trayectoria, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 escaló a la fama cuando se desempeñó como representante de Chile ante el litigio con Bolivia en el Tribunal de La Haya. Electo por el Partido por la Democracia (PPD), alineada con el oficialismo.

Estefania Esparza 

Abogada de la Universidad Católica de Temuco, Estefanía Esparza es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente enseña sobre esa disciplina en la Universidad de La Frontera.

También habla sobre conseguir una “Constitución Con Género” y fue electa por el Partido Radical (PR), alineado con el oficialismo.

Juan Carlos Ferrada

Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Carlos Ferrada ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UACh y director de programas en la Universidad de Valparaíso.

Dirige el bufet de abogados Ferrada & Asociados, y fue electo por el Partido Socialista (PS), alineado con el oficialismo.

Tomas Jordan

Abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Ciencia Política de la misma casa de estudios y otro en Derecho Público en la Universitat Autónoma de Barcelona, Tomás Jordán fue consultor del Congreso para la reforma por el primer proceso constituyente y entre 2014 a 2018 también asesoró a la Segpres de Michelle Bachelet por la reforma política y de nueva Constitución, que el segundo gobierno de Sebastian Piñera sepulto.

Pertenece a la Democracia Cristiana (DC), alineada con el oficialismo.

Marisol Peña

Abogada de la Universidad Católica con magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, Marisol Peña fue entre 2006 a 2018, Ministra del Tribunal Constitucional.

Además, es integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, secretaria de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas, Morales y es profesora investigadora en el Centro de Justicia Constitucional de la UDD.

Pertenece al centro-derechista Renovación Nacional (RN), alineado con la oposición.

Victor Manuel Aviles

Abogado de la Universidad de Chile con un diplomado en reforma tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, Víctor Manuel Avilés es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Casa de Bello y hoy es socio en el estudio Larraín y Asociados.

También pertenece al opositor Renovación Nacional (RN), parte de Chile Vamos.

Hector Mery

Abogado de la Universidad Católica, Héctor Mery ha sido abogado integrante de las cortes de apelaciones de San Miguel y Santiago.

De marzo de 2018 a marzo de 2022 lideró la división judicial del Ministerio de Justicia y, por años, también ha estado ligado a la Fundación Jaime Guzmán como asesor legislativo senior, atento a la tramitación de proyectos en las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara.

Mery pertenece a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), principal fuerza opositora.

Cecilia Flores

Abogada de la Universidad de los Andes, con un diplomado en Derecho Laboral de la Empresa en el mismo plantel y un magíster en Derecho en la Universidad Católica, Cecilia Flores fue jefa de gabinete del exsubsecretario Segpres Máximo Pavez, hoy miembro de la comisión de expertos designados por la Cámara; coordinadora legislativa en el Ministerio del Trabajo de 2018 a 2021, tuvo un paso por la Sofofa y en la Fiscalía de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.

Hasta hoy aparece como jefa de la Sede Faro Concepción del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, desde donde publican que entre 2010 a 2013 fue asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.

También pertenece a la Unión Demócrata Independiente (UDI), alineada con la oposición.

Ana Maria Garcia

Abogada de la Universidad de Chile, Ana María García es profesora de Derecho Político y Constitucional de la misma casa de estudios, fue directora del Departamento de Derecho Público y directora de la revista de la misma área de esa universidad. Desde 2015 que preside la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Josefina Soto

Josefina Soto es abogada de la Universidad Católica, donde fue ayudante, profesora auxiliar y de 2006 a 2018 docente de Derecho Administrativo.

Con un paso por la Unidad de Control de la Municipalidad de Vitacura, también fue directora del área municipal de la Fundación Jaime Guzmán.

De 2010 a 2011 fue coordinadora legal y administrativa en Hacienda y en 2015 El Mercurio la consideró entre las “100 Mujeres Líderes” de ese año, lista que esa misma publicación escoge.

También fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Enrique Garcia

El último miembro del comité es Enrique García, abogado de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en Derecho de la Empresa y otro en Tributación Avanzada del mismo plantel, es socio del estudio Corral y García y participa como actuario ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.

Fue electo por el Partido de la Gente (PDG), opositor al gobierno de Boric pero ajeno a la coalición de Chile Vamos.

Chile

Chile rechaza la suba de impuestos de Boric, pero el presidente comunista se niega a bajar el gasto y amenaza con disparar el déficit fiscal

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Los aumentos impositivos fueron rechazados por el Congreso chileno, pero no así el Presupuesto 2023 y las erogaciones que comprende para los próximos meses. El paquete de medidas podría deteriorar significativamente el saldo de las finanzas públicas del país.

El Congreso Nacional de Chile bloqueó la reforma tributaria presentada por el presidente Gabriel Boric, quien ni siquiera consiguió el quórum necesario para tratar el proyecto. Se contabilizaron 73 votos a favor, 71 en contra, 3 abstenciones y un total de 8 congresistas que se negaron a dar presencia para el tratamiento de la reforma.

Para el oficialismo, se trata de un revés dramático que boicotea por completo la totalidad de su programa económico, y la aplicación elevación de la presión impositiva a los niveles más altos de la historia chilena (al menos desde la década de 1970). 

La reforma comprendía un aumento generalizado de impuestos, principalmente sobre el patrimonio, las exportaciones, las cargas patronales, las Ganancias individuales y las pequeñas y medianas empresas. Para este año se preveía una recaudación neta del 0,6% del PBI, un 1,4% en 2024 y hasta un 3,6% del PBI en 2027 (momento en que los cambios previstos terminarían por afianzarse)

Pero si bien el Congreso bloqueó el aumento impositivo, al mismo tiempo decidió aprobar el Presupuesto 2023. Entre otras partidas, el presupuesto supone un fuerte aumento del gasto público en infraestructura (un 5,5% anual en 2023) y las erogaciones del sistema previsional (un aumento anual de hasta el 8% para este año).

Sin los nuevos recursos asignados para el año, y con una garantía de mayores gastos, el perfil para las finanzas públicas de cara a los próximos años no parece positivo. El Gobierno está decidido a hacer cumplir su presupuesto incluso aunque resulte abiertamente irresponsable hacerlo, ya que el Congreso no lo facultó para obtener los recursos que preveía. 

Incluso considerando los recursos previstos por la reforma monetaria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el déficit primario de Chile alcanzaría el 0,68% del PBI en 2023, y con el pago de los servicios deuda pública el déficit escalaría al 1,2% del producto. 

La última medición del déficit fiscal de base caja determinó que el país mantuvo un superávit primario del 2,14% del PBI en diciembre del año pasado, y el resultado financiero marcó un superávit del 1,14% del producto en el acumulado anual de ese mismo mes.

Estos resultados favorables fueron concretados por el Presupuesto 2022 presentado por el expresidente Sebastián Piñeira, aunque el Gobierno de Boric se adjudicó el orden de las cuentas públicas a sí mismo.

El primer año fiscal propiamente signado por un presupuesto socialista podría ser el primero en desequilibrar nuevamente las finanzas públicas del Gobierno, en un momento extremadamente delicado para el combate de la inflación.

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Chile

Los Chicago-Boys: Las reformas que salvaron a Chile del desastre comunista hace 50 años

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Las reformas estructurales de la década de 1970 dieron lugar a la economía de mercado más exitosa de América Latina y al milagro económico chileno. Casi cinco décadas después, el Gobierno de Boric descree de los beneficios del modelo y reivindica a Salvador Allende. 

El término “Chicago-Boys” hace referencia a una serie de economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, que fueron protagonistas de la mayor transformación económica y social en la historia del país.

Este grupo de especialistas suscribía al consenso ortodoxo y neoclásico de la economía, e introdujo las ideas liberales en un país que arrastraba 40 años de intervencionismo estatal y que sufría los dramáticos resultados del socialismo durante la administración de Salvador Allende

Bajo la influencia y las ideas de Milton Friedman, las reformas dieron lugar al “milagro económico chileno”, una experiencia de casi 40 años con crecimiento ininterrumpido. El modelo no solo fue sostenido y convalidado en democracia, sino que se profundizó aún más a lo largo de la década del 90.

Reforma del Estado y disciplina fiscal

La reorganización de las finanzas públicas fue llevada a cabo por economistas como Sergio de Castro, Pablo Baraona y Hernán Büchi, y más tarde por los sucesivos Gobiernos democráticos a partir de 1990. 

Hacia 1973 el Gobierno socialista de Allende dejaba un déficit fiscal equivalente al 22,9% del PBI, un resultado completamente insostenible para la macroeconomía del país. La reforma del Estado producida entre 1974 y 1975 produjo un ajuste de 22 puntos del producto, y desde 1979 el Gobierno registró superávit fiscal incluso contabilizando los intereses de deuda pública. 

El gasto público redujo su participación en la economía a lo largo de la década de 1980, y pasó de representar el 34% del PBI en 1972 al 20,6% para el año 1989. Las reformas se convalidaron en democracia y el tamaño del sector público promedió el 23% entre 1990 y 2022
El ordenamiento de la política fiscal fue un factor clave para disciplinar los precios y llevar confianza en la política monetaria, eliminando la “dominancia fiscal” que tanto daño había producido en décadas anteriores.

Reforma monetaria

El fuerte ajuste sobre las finanzas públicas dotó de mayor credibilidad al Banco Central, y a partir de 1975 se llevó a cabo una política de control de agregados monetarios para combatir la inflación, en conjunción con múltiples regímenes cambiarios. 

La inflación había alcanzado un pico del 87,6% en octubre de 1973, tras la caída del Gobierno de Allende y el colapso de los controles de precios, y ya había superado el 22% mensual entre agosto y septiembre de 1972. Los economistas de Chicago eliminaron los controles de precios y los controles cambiarios, y apostaron por llevar adelante una política monetaria moderna. 

La inflación interanual cayó del 528% en octubre de 1973 al 31,24% en diciembre de 1980, y continuó moderandose hasta llegar al 9,5% en diciembre de 1981. Se alcanzó un mínimo de 3,66% en mayo de 1982, pero el estallido de la crisis financiera provocó una reacción adversa en la demanda de dinero que terminó por “revivir” la inflación en valores fluctuantes entre el 20% y el 30%.

Tasa de inflación anual y mensual en Chile entre 1965 y 2023.

El fuerte déficit cuasi-fiscal del Banco Central, que alcanzó un récord del 21% en 1985 (las pérdidas totales de la institución), condicionó severamente la credibilidad de la política monetaria. La dictadura de Pihochet no logró volver a arribar a la estabilidad pese a la disciplina fiscal, debido a la constante expectativa en mayor emisión monetaria futura.

No fue sino hasta el año 1990, ya en democracia, en que se estableció formalmente la independencia del Banco Central y un régimen de metas de inflación. La reforma demostró un rotundo éxito, y la tasa de variación anual de los precios cayó del 30,4% en octubre de 1990 al 12,9% en el mismo mes de 1993.

Chile convergió a estándares internacionales de estabilidad de precios hacia la segunda mitad de la década de 1990, y la inflación promedió sólo el 3% entre 1997 y 2022 (con una excepción importante tras el estallido de la pandemia). 

Apertura arancelaria

La apertura al comercio internacional es una característica comúnmente asociada a Chile, pero lo cierto es que no siempre fue así y sólo es posible gracias a las reformas de los economistas de Chicago. 

En la segunda mitad del siglo XX Chile era una economía estrictamente proteccionista y el promedio arancelario llegaba al 105% tras la gestión de Salvador Allende. La reforma de Chicago emprendió una drástica y muy rápida reducción de aranceles, hasta caer a un promedio nominal por debajo del 20% para 1978 y 10% a partir de 1979. 

De hecho, a partir de julio de 1979 Chile estableció un “arancel uniforme”. Todas las importaciones pagan exactamente la misma alícuota (salvo muy extrañas excepciones). Se trata de uno de los regímenes arancelarios más eficientes del mundo, ya que no genera distorsiones en el consumo ni tampoco favorece a intereses sectoriales discrecionales. 

La apertura fue profundizada en democracia. El arancel uniforme para todas las importaciones se rebajó al 6% a partir de la reforma del año 1999, y Chile celebró múltiples acuerdos de libre comercio, entre otros con Estados Unidos y la Unión Europea. 

Apertura a las importaciones en Chile, entre 1973 y 2023.

El despegue de la economía

Las reformas liberales provocaron un verdadero milagro de crecimiento con estabilidad de precios. El PBI Chileno se multiplicó por casi 5 veces entre 1985 y 2022, un margen que supera holgadamente al desempeño de la región e incluso de América en el mismo período.

El crecimiento chileno se perfiló como uno de los casos de mayor éxito en el mundo, similar al desarrollo de la economía coreana, la economía china, y el despegue de los “tigres asiáticos” a mediados de los años 90s.

El ingreso real por habitante creció un 252% en términos reales en el período 1985-2022, y la pobreza extrema (según los parámetros del Banco Mundial) cayó del 31% en 1973 a menos de 1% a partir del año 2018.La estabilidad de precios permitió que el crecimiento alcanzara a todos los sectores, impidiendo así los espirales de precios-salarios que siempre terminan por deteriorar el poder adquisitivo de estos últimos. El salario real se multiplicó por tres veces entre 1976 y 2022, una variación aproximada al 296,9%

Los resultados fueron convalidados por el grueso de la sociedad y cada Gobierno democrático demostró la continuidad con las bases fundamentales del “modelo chileno”, hasta la llegada del presidente Gabriel Boric, que se muestra abierta y públicamente reticente. 

El milagro económico de Chile a partir de las reformas en la segunda mitad de la década de 1970.

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Los efectos del peligroso Presupuesto de Boric para 2023: El FMI advierte que quebrará el Estado

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Tras el buen desempeño de las finanzas públicas en 2022, Chile volvería a profundizar el déficit a partir del Presupuesto 2023 presentado por el Gobierno socialista. El FMI pronostica un desequilibrio cercano al 1,2% del PBI para fin de año. 

El Gobierno de Gabriel Boric sigue amenazando a los pilares fundamentales del modelo de crecimiento que impulsó la economía de Chile en los últimos 40 años. El Presupuesto 2023 amenaza con abandonar la disciplina fiscal, y volver a incrementar gravemente la necesidad de endeudamiento interno y externo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile alcanzará el 0,68% del PBI en 2023, después de haber registrado un holgado superávit con criterio de base caja en torno al 2,14% del producto en diciembre de 2022. Asimismo, el déficit fiscal consolidado llegaría al 1,2% del PBI según estima el organismo

Pese a que el Presupuesto 2023 permite una importante ampliación de los recursos tributarios, las erogaciones crecerán todavía más. Los gastos por inversión pública crecerán un 5,5% anual en 2023, y el gasto en seguridad social se incrementará hasta un 8%. Pero en contraste con estas mediciones, para 2023 se espera que la economía chilena entre en recesión junto con Argentina.

Déficit fiscal consolidado de Chile entre 1990 y 2022, proyecciones a partir de 2023. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como la mayor parte de la distribución de nuevos gastos se concentra en transferencias directas y no consumo público propiamente dicho, las medidas no tendrán un mayor “efecto multiplicador” positivo. Por el contrario, el aumento de la carga tributaria contribuirá a restringir activamente la oferta agregada de la economía, y su capacidad para recuperar la tendencia de crecimiento previa a la pandemia.

Los impuestos serán especialmente distorsivos para el sector transable de la economía chilena. El Gobierno de Boric autorizó la imposición de retenciones a las exportaciones mineras con tasas que varían del 2% al 32%, y entra en vigencia el impuesto al patrimonio (homólogo a Bienes Personales en Argentina) con tasas de entre 1% y 1,8% sobre los bienes gravados.

La reforma previsional es el segundo factor desequilibrante de las reformas, no tan solo por el incremento de las obligaciones fiscales del Estado para los próximos años, sino principalmente por la retracción del crédito doméstico en moneda local. El mercado de capitales chileno se desarrolló a partir del ahorro del sistema de capitalización individual, y la reforma previsional lo penaliza sistemáticamente.

El Gobierno socialista se jactó por los contundentes resultados fiscales concretados en 2022, habiéndose eliminado completamente el déficit primario e incluso arribando al superávit financiero por primera vez en 10 años. Pero cabe señalar que el Presupuesto 2022 fue conformado por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y precisamente buscó un ordenamiento mayúsculo sobre las finanzas del Estado.

Las medidas fiscales de la administración anterior fueron percibidas (y disfrutadas) por la administración de Gabriel Boric, pero el verdadero Presupuesto del socialismo tendrá lugar a partir de este año y con sus debidas consecuencias en materia de responsabilidad fiscal y gasto público.

Cerca del 80% de la sostenibilidad de la recaudación pública se explica por el propio crecimiento de la economía, y solo el 20% restante se corresponde con cambios en las tasas impositivas a corto plazo. La llegada de la recesión en 2023 condiciona las metas del ministro Mario Marcel para el período fiscal corriente.

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