Chile
Chile: Se confirmaron los nombres de los árbitros para la nueva Constitución Nacional
El equipo estará integrado por 14 miembros que serán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual tiene instancia de carácter paritario. Además fue ratificado por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

La Cámara Baja y Alta del Congreso de Chile ratificaron a los 14 profesionales que formarán parte del Comité Técnico de Admisibilidad, el cual actuará de árbitro en la redacción de la nueva Constitución Nacional, tras un acuerdo con la oposición de centro-derecha.
A diferencia de la anterior Constitución, redactada por constituyentes elegidos por el pueblo sin ningún tipo de formación en labor constitucional, en esta oportunidad se ha decidido crear este comiité que vele por el cumplimiento de las bases institucionales.
La idea es que los expertos acompañen el escrito del proyecto constitucional y hagan cumplir las 12 bases institucionales que tendrá la propuesta. Arrancará sus funciones el próximo 6 de marzo.
Por su parte, el consultor político argentino, Fernando Cerimedo, quien trabajó en la campaña para el Rechazo a la nueva Constitución propuesta por el presidente Gabriel Boric, aseguró que “el equipo que integrará el arbitraje para ir por una nueva constitución es una herramienta fundamental para iniciar un nuevo proceso en la república de Chile”.
Cerimedo llevó adelante una importante labor en la campaña del “NO” a la reforma constitucional en el país trasandino, y celebró las nuevas designaciones de profesionales que acompañarán la construcción de una nueva constitución chilena.
Y en ese sentido, aseguró que los expertos elegidos por el Congreso, van a ser los que den inicio a una nueva etapa democrática. “Muy feliz de los miembros que van a integrar ese arbitraje, se trabajó para rechazar una constitución propuesta por la gestión de Gabriel Boric, con la idea de hacer una mejor y se va a hacer”, aseveró el director de la consultora Numen.
Estos 14 “técnicos” velarán por la admisibilidad de las propuestas del órgano constituyente, para evitar delirios como los que fueron presentados y aprobados por la mayoría izquierdista que compuso la Convención Constituyente en el anterior proceso.
Además, habrá otras 24 personas designadas para conformar la Comisión Experta, la cual tendrá la función de redactar un anteproyecto de Nueva Constitución, que deberá ser utilizado de base por el futuro Consejo Constitucional, el cual tendrá la posibilidad de modificar, eliminar o agregar artículos, pero deberá respetar la estructura establecida por este comité de “expertos“.
A pesar de este gran paso en la dirección de una Nueva Constitución profesional que no parezca redactada por un centro de estudiantes comunista, en el acuerdo entre Boric, la ex Concertación y Chile Vamos todavía hay varios puntos que deberían alarmar a la población.
Entre ellas se encuentran fuertes regulaciones para cuidar el medio ambiente, la estatización de los recursos naturales y la conversión de Chile en un “Estado social”, que reconozca “derechos sociales” de la población, que garantice la gratuidad de la educación, la salud y una red de sostén basada en planes sociales.
Este nuevo documento, a diferencia del anterior, cuenta con el amplio apoyo de 14 partidos desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista de Chile (PCCh), y solo es opuesto por el derechista Partido Republicano de Chile (PRC), de José Antonio Kast, y el Partido de la Gente (PDG), de Franco Parisi.
Los nombres confirmados por el Congreso:
El Comité Técnico de Admisibilidad, se dividió entre fuerzas del oficialismo (partidos de extrema izquierda alineados con Boric, y partidos de centro-izquierda alineados a la Democracia Cristiana) y fuerzas opositoras alineadas con Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli, PRI). 7 fueron electos por el oficialismo, 6 por la coalición opositora Chile Vamos y 1 por el Partido de la Gente.
Viviana Ponce de Leon
Abogada de la Universidad Católica del Norte, Viviana Ponce de León es candidata a doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesora auxiliar del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral (UACh), en la sede Puerto Montt.
En su perfil de Twitter tiene sus pronombres personales y asegura que quiere una “Constitución con Género”. Fue electa por el Frente Amplio (FA), una de las fuerzas más importantes dentro del oficialismo.

Julia Urquieta
Abogada de la Universidad de Chile, Julia Urquieta tiene interés por los Derechos Humanos. En su trayectoria laboral ha sido concejal de Pudahuel y bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue subsecretaria de Previsión Social.
Reside en Santiago de Chile y fue electa por el Partido Comunista (PC), que forma parte del oficialismo.

Marcos Contreras
Abogado de la Universidad de Chile, Marcos Contreras es candidato a doctor en Derecho en ese mismo plantel y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Santiago.
Electo por el Partido Humanista (AH), alineado con el gobierno de Gabriel Boric.

Claudio Grossman
Abogado de la Universidad de Chile, Claudio Grossman tiene un doctorado en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.
Un jurista de larga trayectoria, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018 escaló a la fama cuando se desempeñó como representante de Chile ante el litigio con Bolivia en el Tribunal de La Haya. Electo por el Partido por la Democracia (PPD), alineada con el oficialismo.

Estefania Esparza
Abogada de la Universidad Católica de Temuco, Estefanía Esparza es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente enseña sobre esa disciplina en la Universidad de La Frontera.
También habla sobre conseguir una “Constitución Con Género” y fue electa por el Partido Radical (PR), alineado con el oficialismo.

Juan Carlos Ferrada
Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Carlos Ferrada ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UACh y director de programas en la Universidad de Valparaíso.
Dirige el bufet de abogados Ferrada & Asociados, y fue electo por el Partido Socialista (PS), alineado con el oficialismo.

Tomas Jordan
Abogado de la Universidad de Chile, con un magíster en Ciencia Política de la misma casa de estudios y otro en Derecho Público en la Universitat Autónoma de Barcelona, Tomás Jordán fue consultor del Congreso para la reforma por el primer proceso constituyente y entre 2014 a 2018 también asesoró a la Segpres de Michelle Bachelet por la reforma política y de nueva Constitución, que el segundo gobierno de Sebastian Piñera sepulto.
Pertenece a la Democracia Cristiana (DC), alineada con el oficialismo.

Marisol Peña
Abogada de la Universidad Católica con magíster en Estudios Internacionales en la Universidad de Chile, Marisol Peña fue entre 2006 a 2018, Ministra del Tribunal Constitucional.
Además, es integrante de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, secretaria de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas, Morales y es profesora investigadora en el Centro de Justicia Constitucional de la UDD.
Pertenece al centro-derechista Renovación Nacional (RN), alineado con la oposición.

Victor Manuel Aviles
Abogado de la Universidad de Chile con un diplomado en reforma tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, Víctor Manuel Avilés es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Casa de Bello y hoy es socio en el estudio Larraín y Asociados.
También pertenece al opositor Renovación Nacional (RN), parte de Chile Vamos.

Hector Mery
Abogado de la Universidad Católica, Héctor Mery ha sido abogado integrante de las cortes de apelaciones de San Miguel y Santiago.
De marzo de 2018 a marzo de 2022 lideró la división judicial del Ministerio de Justicia y, por años, también ha estado ligado a la Fundación Jaime Guzmán como asesor legislativo senior, atento a la tramitación de proyectos en las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara.
Mery pertenece a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), principal fuerza opositora.

Cecilia Flores
Abogada de la Universidad de los Andes, con un diplomado en Derecho Laboral de la Empresa en el mismo plantel y un magíster en Derecho en la Universidad Católica, Cecilia Flores fue jefa de gabinete del exsubsecretario Segpres Máximo Pavez, hoy miembro de la comisión de expertos designados por la Cámara; coordinadora legislativa en el Ministerio del Trabajo de 2018 a 2021, tuvo un paso por la Sofofa y en la Fiscalía de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hasta hoy aparece como jefa de la Sede Faro Concepción del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Desarrollo, desde donde publican que entre 2010 a 2013 fue asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán.
También pertenece a la Unión Demócrata Independiente (UDI), alineada con la oposición.

Ana Maria Garcia
Abogada de la Universidad de Chile, Ana María García es profesora de Derecho Político y Constitucional de la misma casa de estudios, fue directora del Departamento de Derecho Público y directora de la revista de la misma área de esa universidad. Desde 2015 que preside la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.
Fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Josefina Soto
Josefina Soto es abogada de la Universidad Católica, donde fue ayudante, profesora auxiliar y de 2006 a 2018 docente de Derecho Administrativo.
Con un paso por la Unidad de Control de la Municipalidad de Vitacura, también fue directora del área municipal de la Fundación Jaime Guzmán.
De 2010 a 2011 fue coordinadora legal y administrativa en Hacienda y en 2015 El Mercurio la consideró entre las “100 Mujeres Líderes” de ese año, lista que esa misma publicación escoge.
También fue electa por la coalición opositora Chile Vamos.

Enrique Garcia
El último miembro del comité es Enrique García, abogado de la Universidad de los Andes. Tiene un magíster en Derecho de la Empresa y otro en Tributación Avanzada del mismo plantel, es socio del estudio Corral y García y participa como actuario ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
Fue electo por el Partido de la Gente (PDG), opositor al gobierno de Boric pero ajeno a la coalición de Chile Vamos.

Chile
Sigue la caída de la economía chilena: Se desplomó un 1,1% en abril y ya acumula 17 meses de recesión
Se trata de la tercera caída consecutiva sobre el nivel de actividad en lo que va del 2023. La confianza empresarial de Chile permanece en los niveles más bajos desde la pandemia, en consecuencia de las fatídicas reformas llevadas a cabo por el presidente Boric.

El Banco Central de Chile informó que la actividad económica mensual medida por el índice IMACEC sufrió una modesta caída del 0,03% en abril según la serie desestacionalizada, y se observó una fuerte retracción del 1,1% con respecto al mismo mes del año pasado.
La actividad mensual cayó por tercer mes consecutivo, y al mismo tiempo las variaciones interanuales también marcaron tres meses seguidos de caída. Chile acumula un total de 17 meses en plena recesión, la economía se derrumbó hasta un 2,23% con respecto al nivel que tenía en noviembre de 2021.
De acuerdo al informe oficial del Banco Central, la mayor parte de la caída fue explicada por la merma de las ventas del comercio minorista, y en menor medida una ligera caída sobre la producción industrial. La actividad comercial se contrajo un 7,7% interanual y la producción manufacturera cayó un 2,5%.
Únicamente la producción minera logró aminorar parcialmente la caída de la actividad, y repuntó hasta un 3,1% interanual a pesar de la caída sobre los precios internacionales del cobre. Se trata del sector más dinámico y competitivo de Chile.

Por otra parte, el ingreso real por habitante (el índice IMACEC ajustado por población) sufrió una caída dramática de casi 4 puntos porcentuales desde noviembre de 2021. De hecho, el ingreso real promedio de los chilenos ya volvió a los niveles previos al estallido de las violentas protestas de la izquierda en septiembre de 2019.
La recesión ya está impactando de lleno sobre los principales indicadores sociales de la economía. La tasa de desocupación abierta alcanzó el 8,74% en febrero de este año y llegó al nivel más alto observado desde mayo de 2021.
Las reformas llevadas a cabo por el presidente Gabriel Boric boicotearon continuamente la tasa de crecimiento y la iniciativa inversora del sector privado. Probablemente la reforma más contundente en ese sentido sea la previsional, que atentó directamente contra la principal fuente explicativa del mercado de capitales en moneda doméstica.
El sistema de capitalización privada permitió generar una suerte de puente entre el ahorro de los cotizantes y el crédito para financiar proyectos de inversión en el sector privado. El crédito doméstico para el sector privado alcanzó a representar el 124,6% del PBI de Chile en 2020, partiendo de un nivel no superior al 20% en la primera mitad de la década de 1980.
El tamaño del mercado de capitales se contrajo brutalmente por debajo del 109% del PBI para 2021 según el Banco Mundial, y la tendencia para 2022 se habría profundizado aún más. La estatización parcial del sistema previsional constituye un error histórico que puso en jaque al motor que condujo el crecimiento económico de las últimas décadas.
El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas concluye que el índice de confianza empresarial retrocedió a los 41,4 puntos en abril de 2023, niveles históricamente bajas de acuerdo a la serie iniciada en 2004. Chile se encuentra en esta situación desde la segunda mitad de 2019, entre las violentas protestas, la pandemia y las reformas de Boric.
Chile
Mientras la OMS da por terminada por la pandemia, Boric en Chile mantiene la Alerta Sanitaria y continúa con poderes especiales
El presidente comunista chileno rechazó derogar la Alerta Sanitaria, que se mantiene hasta agosto, incluso luego de que la OMS diera por finalizada la alerta mundial por la pandemia.

El pasado 23 de marzo de 2023, fue publicado el Decreto 10, donde el presidente comunista Gabriel Boric, a través del Ministerio de Salud de Chile, extiende la vigencia de la Alerta Sanitaria en el país hasta el 31 de agosto de 2023.
Como se ha cubierto en este medio en las otras diez veces que se extendió la Alerta Sanitaria, esta medida ha servido para instalar una arquitectura política que por razones de “emergencia sanitaria” ha adquirido poderes extraordinarios y ha permitido un nivel de centralización en la toma de decisiones inconstitucional.
La cuarentena en Chile ha sido catalogada en su momento como una de las más represivas del mundo con sus ciudadanos en el tratamiento de las libertades civiles, como la libertad de tránsito, de expresión o de poder decidir qué hacer con tú cuerpo.
Boric incluso rechazó revisar el Decreto 10 este mes, cuando el 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció oficialmente el fin de la pandemia como tal, y la rebaja de la alerta mundial por el SARS-CoV-2.
El director de la OMS, Tedros Adhanom, ampliamente citado por los funcionarios de salud en Chile, precisó que “este es el fin de la Covid-19 como una emergencia sanitaria mundial“, aunque agregó: “Esto no significa que la Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, pero lo dijo por el lado de que podrían haber nuevas y más letales cepas en el futuro.
Instituciones promueven la “dictadura sanitaria”
Si bien las medidas en Chile han ido relajándose, no deja de presentarse como un caso especial dentro del entorno global. Recién el 9 de mayo de 2023 se dejó sin efecto el “Plan Fronteras Protegidas”, que obligaba la solicitud de prueba test PCR para ingresar a Chile; el certificado de vacunas covid-19; y testeos PCR aleatorios a los viajeros, una medida que destruyó el turismo en el país.
Y en el reporte diario siguen presentes las “Residencias Sanitarias”, sitios de aislamiento de las personas que reportan síntomas de Covid-19, cuyo número fluctúa en 133 camas disponibles, de las cuales solo 4 camas están siendo utilizadas según reporte diario Ministerio de Salud del 24 de mayo.
En la actualidad, además, diferentes servicios, como telefónicas, indican que poseen protocolos para servicio de atención presencial a los clientes, donde continúan usando mascarillas y sugieren a sus clientes usar. Así como también se constata en el Metro de Santiago, donde el uso de barbijos o mascarillas sigue siendo sugerido, como también sigue siendo obligatorio usar en recintos de salud.
Por otra parte, el Poder Judicial chileno continúa con un tétrico sistema de control, por instrucción de parte de las Cortes de Apelaciones hacia los Conservadores y Notarios o Escribanos del país se les exige informar sobre el personal contagiado COVID-19, personal contagiado hospitalizado, y personal que se encuentre en cuarentena preventiva. Además de indicar edificios cerrados por casos positivos o preventivos.
Otra de las preocupaciones que han asomado en Chile se refiere al exceso de mortalidad, que en el mes de febrero llegó a un 16%, llegando a ser de las más altas de Sudamérica, la que algunos analistas explican por la postergación de otros tratamientos y baja de diagnósticos por motivos del combate contra la pandemia.
Recientemente se registraron casi siete mil mujeres con cáncer, cuyos casos han vencido en sus plazos de atención, golpeando profundamente las listas de espera de salud en cáncer y VIH/SIDA.
Asimismo, diputados republicanos e independientes como Johannes Kaiser, Chiara Barchiesi, Gloria Naveillan, Mauricio Ojeda y la diputada del PC, Marisela Santibáñez, presentaron el Proyecto de Resolución —votado a favor por amplia mayoría— que insta al Presidente Boric a crear un fondo de compensación a todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud, como consecuencia de la vacunación contra el covid-19.
La presión para el nuevo tratado de pandemias, que está promoviendo la OMS y que le dará más poder a esta institución internacional global, es compartido por Ximena Aguilera, actual Ministra de Salud e indica “es por ello indispensable aumentar la solidaridad y la cooperación multilateral, y Chile está comprometido con ello, así como mejorar las capacidades de preparación prevención y respuesta ante emergencias sanitarias tanto a nivel global como regional y en cada uno de nuestros países con la OMS al centro de este proceso”.
Sobre esta situación la organización de profesionales de la salud e investigadores independientes, APSIIN, presentó un comunicado público ante los chilenos que señala su preocupación por la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) y el tratado pandémico OMS (CA+) y advierte que afectará la “libertad de expresión y de investigación”, junto con vulnerar la “soberanía sanitaria y económica de los países integrantes”.
Chile
Efecto Boric: Desde la llegada del comunismo, Chile registra la mayor caída sobre el índice de calidad institucional
Retrocedió al puesto 30° dentro de un ranking sobre 183 países analizados, la caída más fuerte para Chile desde la construcción del indicador. Los principales factores explicativos son la expansión irresponsable del gasto público y el deterioro de la garantía para los derechos de propiedad.

El Índice de Calidad Institucional (ICI) elaborado por la Fundación Friedrich Naumann correspondiente al año 2023, demostró un dramático panorama para Chile: a partir de las reformas impulsadas por el presidente comunista Gabriel Boric, el país retrocedió seis puestos y cayó al lugar 30° sobre un total de 183 países de la muestra.
Chile continúa siendo el país mejor posicionado en este ranking en la región de América Latina, pero retrocedió al puesto más bajo de la historia de acuerdo a la serie que reconstruye el indicador desde el año 1997.
Desde entonces, ningún Gobierno contribuyó tanto en deteriorar la calidad institucional del país como lo hace Boric, incluso en comparación con otras administraciones de izquierda como la de Michelle Bachelet.
El indicador se subdivide en dos grandes grupos: por una parte las “Instituciones de Mercado” que incluye indicadores de actividad económica de otras fundaciones y en segundo término las “Instituciones de Política” que aglutina indicadores del Banco Mundial y la percepción de la corrupción, entre otros.
Hubo dos causas principales para el pésimo desempeño de Chile: la expansión del gasto público y el deterioro de las garantías a los derechos de propiedad. De acuerdo al primer punto, el presupuesto presentado por Boric para el año fiscal 2023 prevé que las erogaciones aumenten en 4,2 puntos del PBI, pero tras el rechazo a su reforma tributaria no habrá ninguna compensación por esos gastos adicionales.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el déficit primario de Chile aumentará al 1,5% del PBI para 2023 (habiendo partido de un superávit del casi 1 punto en 2022), mientras que el déficit financiero total del Gobierno escalará al 1,84% del PBI en el mismo período.
Por otra parte, la pérdida de garantías para los derechos de propiedad se materializó en la incertidumbre provocada alrededor de la Nueva Constitución y los cambios en las reglas de juego para los privados en la economía chilena, cuando los constituyentes de extrema izquierda querían impulsar la propiedad colectiva, legalizar las tomas y entregarle tierras a los indigenas.
La reciente victoria de la derecha en las elecciones constituyentes sentó un precedente positivo para despejar dudas en este aspecto, pero las acciones del Gobierno avanzan en sentido opuesto, y tardará tiempo en verse reflejado en este índice.
Además, el presidente Boric anunció la estatización de las explotaciones de litio en el país, siguiendo un patrón muy similar al que aplicó México con López Obrador y representando un giro total en relación a la postura que adoptó el país desde la década de 1980 (favorable a la privatización de la producción y el desplazamiento del “Estado empresario”). Lo mismo aplica para la fallida reforma tributaria que pretendía aprobar el oficialismo, con fuertes impuestos sobre las exportaciones tradicionales.
Si Chile aún ocupa el puesto más elevado de Sudamérica en materia de calidad institucional sin lugar a dudas es a pesar de los constantes embates del oficialismo. El Congreso Nacional en manos de la oposición ha logrado enterrar muchas iniciativas socialistas y el propio Banco Central de Chile (que mantiene firmemente su independencia) conforman la línea que evita que el país vuelva al colapso económico de la década de 1970.
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