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Escandaloso: el ultra-feminista Inmujeres de Uruguay oculta información de la ciudadanía

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El principal organismo del gobierno uruguayo que promueve políticas de género y financia organizaciones feministas, se negó a decir dónde gasta su dinero o qué funcionarios emplea.

El gobierno de Lacalle Pou continúa promoviendo organizaciones feministas de extrema izquierda. Estas agrupaciones, que en muchos casos incluso son opositoras al Partido Nacional, reciben un jugoso financiamiento del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Este instituto, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que preside la izquierdista Mónica Bottero, designada por recomendación de vicepresidente Beatriz Argimón (principal promotora de la ideología de género en Uruguay), sigue con las mismas políticas que tenía durante los gobiernos del Frente Amplio.

Muchas de estas ONGs feministas financiadas por el Gobierno, no tienen una evaluación y un monitoreo acorde a los montos millonarios que reciben, existiendo un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos que financian estas políticas con sus impuestos.

Recientemente, se han dado a conocer una serie de resoluciones por la cual determinada información vinculada a los servicios de INMUJERES, sería, en principio, reservada. Por lo tanto, nadie puede acceder libremente a esta información.

Ante un pedido de información sobre los funcionarios del Instituto, Bottero respondió: “No es posible brindar esta información por tratarse de información reservada comprendida dentro de la resolución ministerial 822/012 y sus amplaiciones 1850/21“.

La Derecha Diario intentó comunicarse con la responsable del Sistema de Información de Género de INMUJERES, Natalia Reyes, para averiguar por qué decidieron poner esta información ministerial bajo protección y si tienen pensado levantarla.

Sin embargo, tras leer los mensajes, Reyes no respondió a las preguntas ni emitió respuesta alguna. Una actitud que refleja la falta de compromiso con la transparencia pública, dado que las dos resoluciones anteriormente mencionadas no deberían ser información reservada.

Indagando sobre este tema, descubrimos que la reserva de información de INMUJERES fue establecida durante la gestión de la comunista y frenteamplista Marina Arismendi (ex ministra de Desarrollo Social), y que Mónica Bottero, hasta el momento, ha decidido mantener esta clasificación.

Incluso ha decidido redoblar la apuesta y el pasado 20 de diciembre del 2021, amplió la información reservada con una resolución ministerial, yendo en contra del discurso del gobierno nacional en pos de la transparencia.

Evidentemente, una gestión que continúa un estilo de ocultar información, una práctica clásica del Partido Comunista del Uruguay, ahora llevada a cabo por Mónica Bottero (INMUJERES). No es de extrañar, Bottero en su juventud (en Cuba) apoyó fervientemente al dictador comunista asesino Fidel Castro.

Foto: Mónica Bottero (en su juventud) abrazando al dictador comunista genocida Fidel Castro.

De esta manera, los contribuyentes que financian con sus impuestos todos estos gastos en políticas de género no pueden acceder a la información y ver a dónde está yenndo su dinero. ¿Qué están ocultando?

Una verdadera burla al pueblo uruguayo, Lacalle Pou con tal de congraciarse con los peores sectores del feminismo de ultraizquierda uruguaya, está dispuesto a ordenar a Martín Lema (delfín de Lacalle Pou y actual ministro de Desarrollo Social) a ocultar información.

Todo esto se ampara en la estrategia electoralista de Lacalle Pou, quien cree que no tiene más terreno para ganar ni en la derecha ni en el centro, y ahora trata de conquistar los votos de la izquierda con modelos predictivos basados en la Big Data, elaborados por su principal asesor en comunicación Roberto Lafluf.

Una táctica basada en el intento de seducir a las feministas de izquierda, incluso, ocultando información de estas nefastas organizaciones radicales, que el Presidente mantiene, otorgándoles millones de dólares para que lucren con la ideología de género, cumpliendo al pie de la letra con la totalitaria Agenda 2030.

Foto: Martín Lema celebrando Mes de la Diversidad. Ministro de Desarrollo Social.

Ejemplo de negación de respuesta a pedido de información pública basándose en reserva. El 12 de noviembre del año pasado se trató de averiguar qué bienes inmuebles tiene INMUJERES para sus operaciones, pero la respuesta fue escueta.

Uruguay

Máxima tensión en Uruguay: Lacalle es acusado de espiar opositores mientras una Fiscalía lo protege del caso Astesiano

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El ex jefe de custodios de Lacalle Pou fue implicado en una causa de espionaje internacional que podría salpicar al presidente. La oposición pide su renuncia.

La trama de corrupción y extorsiones en la Casa Presidencial de Uruguay pasó de una nota de color en programas de chimentos a uno de los casos más virales de los últimos tiempos en el país oriental.

El medio opositor La Diaria reveló que una empresa de “seguridad e investigación” con sede en Miami le encargó al exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, el detenido Alejandro Astesiano, que espiara y elaborara “fichas” de dos senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.

Astesiano está preso desde septiembre luego de que lo imputaran por la falsificación de documentos para otorgarle la ciudadanía a clientes de orígen ruso. Lacalle aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, y no intentó defenderlo cuando las autoridades se lo llevaron preso.

Sin embargo, rápidamente salió a la luz que su ex ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, le había advertido sobre los actos criminales de su jefe de seguridad, pero Lacalle decidió ignorarlos.

La situación por el momento había sido aceptada al menos en el inconsciente colectivo como un severo caso de negligencia por parte del presidente pero nada más. Pero ahora se lo acusa a Lacalle de buscar extorsionar a sus opositores a través de su jefe de asesores.

La maniobra, según relató el diario uruguayo, estaba destinada a extorsionar a ambos legisladores para que retiren una denuncia sobre la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie. Cinco meses después, Alejandro Astesiano habría recibido una transferencia de dinero de esa compañía, también interesada en la compra de dos patrulleros para la Armada. 

En la dirección de la empresa estadounidense figura un militar retirado uruguayo como gerente, y su nombre aparece en uno de los chats de Whatsapp (el #798) que la Policía Científica logró recuperar del celular del exjefe de la seguridad presidencial durante su investigación por la falsificación de documentos.

“Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir”, se lee en uno de los mensajes que difundió La Diaria. En la primera semana de agosto, según revela otro de los chats, Astesiano recibió una transferencia de dinero por Western Union desde la compañía ubicada en la ciudad de Boca Ratón, unos setenta kilómetros al norte de Miami.

La Diaria reveló también que entre febrero y septiembre, además, esta empresa le solicitó a Astesiano “información sobre varios asuntos vinculados a la Torre Ejecutiva, como la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional, la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya y hasta detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle Pou con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance”, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas más importantes a nivel mundial.

La empresa, llamada Vertical Skies, se presenta en su sitio web como una consultora global con más de 30 años de experiencia y operaciones en más de 50 países. Se exhibe como una compañía dedicada a los rubros de “seguridad, investigación, prevención, gestión de riesgos, negocios, inversiones, tecnología aplicada al crecimiento y rendimiento empresarial, mediante el uso de inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”.

Los clientes de Vertical Skies son todos de alto perfil, y asegura trabajar activamente con firmas como Microsoft y organizaciones como las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ejército de Estados Unidos, Interpol, y varios gobiernos de América Latina, Europa y Medio Oriente.

Lo que se está intentando saber, y lo que la justicia sin dudas deberá determinar, es si Vertical Skies opera en nombre de Lacalle Pou, siendo una suerte de extensión de la Presidencia para espiar a sus opositores, o si tampoco tenía idea de la existencia de esta empresa y de su injerencia en su propio gobierno.

El Frente Amplio le exigió este martes al gobierno de Lacalle Pou que repudie las “prácticas mafiosas de extorsión” contra sus senadores, y sugirió la posibilidad de impulsar un impeachment contra el mandatario para que la justicia lo pueda investigar sin entrar en conflicto con su actual mandato.

Esto fue en respuesta a la decisión de la fiscal Gabriela Fossati quien no exigió incorporar los chats entre Astesiano y Lacalle en la investigación en curso sobre la organización criminal que integraba el excustodio. Esto se entendió o como un encubrimiento del mandatario o como una decisión política para no interferir con asuntos de Estado mientras Lacalle ocupa la silla presidencial.

El requisito que me indicaron desde Presidencia para hacer una entrega voluntaria del celular es que no estuvieran los mensajes del presidente con Astesiano y teniendo en cuenta su investidura me pareció totalmente razonable“, aseguró la fiscal.

Según el mandatario, a Fossati se “le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más, toda la que pida; hay que hacerlo”. Algo que se contradice con lo anunciado por la justicia, quien accedió a un acuerdo informal para prescindir de los chats del Presidente con su excustodio en la investigación.

“Hay que darle toda la información y que termine el caso, y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja, estamos tranquilos con lo que hicimos. Una vez más: me puedo equivocar, capaz que más de una vez -ojalá que no, por el bien de Uruguay-, ahora, ¿hacer las cosas mal, fuera de la ley? No. Entonces me parece que en este tema, como en todos, hay que ir hasta el hueso”, aseguró Lacalle.

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Uruguay

Escándalo en Uruguay: Jefe de Custodios de Lacalle Pou arrestado por falsificar documentos desde la residencia presidencial

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La fiscal Gabriela Fossati investiga a Alejandro Astesiano, quien vendía el servicio de falsificar documentación para que ciudadanos rusos obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos.

Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue arrestado a principio de mes en el marco de un escándalo que involucra la falsificación de documentos para ciudadanos rusos, un trabajo que realizaba desde la residencia presidencial.

Lacalle aseguró que no tenía conocimiento de los hechos, y no intentó defenderlo cuando las autoridades se lo llevaron preso. Sin embargo, rápidamente salió a la luz que su ex ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, le había advertido sobre los actos criminales de su jefe de seguridad, pero el mandatario decidió ignorarlos.

La Fiscalía de Uruguay acusó a Astesiano, detenido el pasado domingo 25 de septiembre en la residencia presidencial, de los presuntos delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil, y decretó su prisión preventiva por 30 días.

La fiscal a cargo de la detención, Gabriela Fossati, explicó previamente que se lo investigaba por la adulteración de partidas de nacimiento rusas para que personas de ese país pudieran simular que sus padres habían nacido en Uruguay, para luego tramitar documentos de identidad uruguayos y poder quedarse legalmente en el país.

Hablamos de decenas de personas, cientos“, explicó la fiscal. Estas personas rusas pagaban enormes sumas de dinero para que la persona más cercana a Lacalle Pou les garantizara documentos de identidad falsos a sus padres, pero con la garantía de un funcionario de la casa de gobierno de que funcionarían.

Según dijo en una conferencia de prensa, Lacalle recibió en marzo del 2020 y nuevamente en septiembre del 2021 un legajo con todo el historial del imputado, en el cual no aparecían los antecedentes penales de procesamiento por estafa en 2002 y condena en 2014 por el mismo delito.

Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia”, señaló en su momento. Sin embargo, esta declaración se contradice con la realidad, ya que más allá de cualquier carpeta que pudo haber sido confeccionada sobre su custodia, Lacalle había sido advertido de los antecedentes de Artesiano por el intachable Larrañaga. Alguien que según Lacalle era de su “extrema confianza”.

Finalmente, el Ministerio del Interior, ahora conducido por Luis Alberto Heber, informó el pasado 28 de septiembre que la ficha personal de Astesiano fue alterada para tapar sus antecedentes penales, y se dispuso una investigación de urgencia de la Policía Científica para establecer qué ocurrió.

Este sábado, tras varias semanas repletas de polémicas en torno al tema, finalmente Lacalle Pou volvió a referirse al caso y admitió que hubo graves errores en el manejo del caso: “Fue un episodio lamentable a nivel político y personal”.

Más allá del claro caso de corrupción que acontecía en la misma casa donde dormía el presidente de la República, el enojo de la gente se centra en que un criminal así haya tenido a cargo toda la seguridad interna de la sede del Gobierno, de la residencia presidencial, de la Estancia Anchorena y de todo lugar en el que estuviera Luis Lacalle Pou.

Además, era quien se encargaba de cuidar la seguridad de los jefes de Estado de gobiernos extranjeros que visitaban Uruguay, así como también de sus familias y otras figuras que estuvieran en tierras uruguayas.

También se pone en tela de juicio si el propio Lacalle Pou tiene las manos limpias, ya que tras la advertencia de Larrañaga, no se decidió investigar al sujeto ni se tomaron cartas en el asunto. La red de falsificación de documentos salió a luz recién dos años más tarde tras la detección de una inusual cantidad de solicitudes de ciudadanía uruguaya por parte de rusos con partidas de nacimiento que acreditaban padres uruguayos.

La peculiar situación despertó el interés de diferentes policías y fiscales que decidieron investigar la trama, sin vinculos todavía con el Gobierno Nacional. Esto derivó en la detención de Roman Karpov, un ruso de 46 años que buscaba obtener la ciudadanía uruguaya. Esta persona admitió haber pagado para obtener documentos falsos, y señaló a Astesiano como el culpable.

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Economía

Lacalle Pou prepara Reforma Previsional: Garantiza capitalización, unifica cajas, baja impuestos y aumenta edad jubilatoria

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El presidente uruguayo lanzará este lunes el debate parlamentario para la nueva reforma jubilatoria en el país. Los cambios apuntan a mejorar la solvencia del Estado y profundizar el ahorro privado como fuente del crédito doméstico. 

La coalición gobernante en Uruguay, dirigida por el presidente Luis Lacalle Pou, se prepara para el debate y el lanzamiento de la reforma jubilatoria más importante de las últimas dos décadas

Los cambios abordados buscarán garantizar la solvencia intertemporal del sistema previsional uruguayo, considerando factores como el envejecimiento poblacional natural y la dinámica de la oferta laboral. El principal objetivo será preservar el equilibrio fiscal sobre las finanzas públicas para las próximas décadas. 

Todos los cambios presentados por el proyecto de Lacalle Pou afectarán pura y exclusivamente a aquellas personas nacidas a partir de 1967. Aquellas nacidas antes de esa fecha tendrán las mismas potestades y obligaciones que establece el régimen jubilatorio actual, y no se verán afectadas de ningún modo. 

Los pilares de la reforma de Lacalle Pou

Reorganización de la estructura del sistema

Hasta ahora, y desde la privatización parcial del año 1996, el sistema previsional uruguayo se basa en un régimen mixto en donde los cotizantes pueden decidir si aportar a instituciones administradoras privadas de fondos o bien aportar para el Estado. 

Con la reforma, la parte del sistema bajo reparto estatal que actualmente se divide en múltiples cajas especiales como la del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial o la bancaria, entre muchas otras, será simplificada y centralizada en un mismo sistema común. Se creará un nuevo sistema previsional común para todas las cajas, con las mismas reglas de juego. 

Devolución de impuestos y garantía de la capitalización

El sistema de capitalización individual no tendrá cambios estructurales y cada cotizante podrá seguir eligiendo dónde aportar (siempre y cuando habiéndose superado el ingreso mínimo dispuesto por ley), pero la reforma reconocerá incentivos tributarios. 

El proyecto oficialista propone que el descuento de 2 puntos porcentuales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se realiza por el uso de pagos a través de tarjetas de débito, será destinado a la cuenta de ahorro individual de cada persona en lugar de ir a manos del Estado a modo de recaudación. Se trata de una devolución de impuestos en beneficio de los cotizantes del sistema. 

Aumento de la edad jubilatoria

La principal reforma sobre la solvencia del sistema de reparto será el aumento de 60 a 65 años sobre la edad mínima requerida para poder jubilarse. La transición se aplicará de manera gradual, proyectada para finalizar en el año 2036. 

Se aplica así un esquema de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema tras la reforma. Las personas nacidas hasta 1973 podrán jubilarse a los 63 años de edad, los nacidos en 1974 se jubilarán al cumplir los 64 años, y finalmente los nacidos en 1975 cumplirán con los 65 años dispuestos por el nuevo sistema. 

Estos cambios permiten compensar el efecto progresivo del envejecimiento poblacional acumulado hasta la fecha y proyectado para los próximos años, garantizando así la disciplina fiscal y la erradicación de mayores desequilibrios que puedan poner en peligro el pago de jubilaciones futuras. 

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