Pues resulta que, como en este país nunca es suficiente con el 16 % de IVA que ya exprimen a todo lo que se mueve, ahora el Gobierno de Claudia Sheinbaum trae la brillante idea de meter un impuesto adicional del 8% a los videojuegos “violentos”. Porque, claro, si algo caracteriza a este sexenio, es su obsesión por cuidar nuestra “salud mental”… a billetazos.
Sí, leíste bien: si un juego trae sangre, pistolas o tripas digitales, el SAT lo va a ver como un Marlboro con control de PlayStation. La medida, presentada en el Paquete Económico 2026, pretende equiparar a Mortal Kombat con una Coca-Cola y a Grand Theft Auto con una cajetilla de cigarros. A este paso, prepárense porque lo que sigue es que el Tetris también pague IEPS por inducir ansiedad en los mexicanos.
Los genios que diseñaron esta propuesta parecen convencidos de que la violencia en los videojuegos convierte a la gente en sicarios de la vida real. Algo que, para la American Psychological Association (APA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya quedó claro: no existe evidencia concluyente que vincule jugar Call of Duty con salir a cometer tiroteos.
Al contrario, estudios publicados en Frontiers in Psychology (2021) y American Psychologist (2019) señalan que los videojuegos violentos no incrementan la agresión real, y que incluso pueden mejorar habilidades cognitivas, coordinación, memoria y hasta favorecer el trabajo en equipo (más que algunos funcionarios públicos, dicho sea de paso).
Prohibido regular bien, permitido sangrar al contribuyente
Pero no, la 4T prefiere el camino fácil: si no puedes con el narco, mejorar la salud o la economía, chíngate a los gamers. Porque resulta más sencillo etiquetar a los videojuegos como “nocivos” que aceptar que el verdadero problema de la violencia está en la incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado, cuando vivimos en un país más violento que cualquier nación en guerra.
Lo verdaderamente ridículo es que en ningún país serio se ha inventado la genialidad de meter impuestos a los videojuegos por ser violentos. En Alemania, país conocido por tener una de las clasificaciones más estrictas del planeta, la política es clara: si un juego excede ciertos límites, se censura o se restringe la venta, pero jamás se le carga un impuesto extra al consumidor. La lógica alemana es regular el acceso, no sangrar los bolsillos.
