La iniciativa de Gabriela Jiménez disfraza el control estatal como regulación ética
¿Quién decidirá qué es “contenido prohibido”? ¿Con base en qué criterios? La iniciativa no lo deja claro. Y si algo ha demostrado el actual régimen morenista, es su tendencia a descalificar, marginar o silenciar a quienes piensan diferente o exponen fallas en su narrativa oficial.
Este semáforo bien podría ser la antesala de un control ideológico de la inteligencia artificial, limitando sus posibilidades de forma arbitraria.
El mundo avanza hacia el uso libre y responsable de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para el desarrollo social, económico y tecnológico. Pero en México, Morena ha decidido impulsar una iniciativa legislativa que, lejos de fomentar el progreso, busca centralizar el control estatal sobre esta innovación clave.
La propuesta, encabezada por la morenista Gabriela Jiménez, plantea la creación del Registro Nacional de Sistemas de IA y un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. Las dos nuevas entidades ampliarán la presencia gubernamental con supuestos fines regulatorios.
Esta iniciativa esconde una clara intención de censura, al permitir al Estado clasificar y, eventualmente, bloquear contenido generado por IA bajo criterios opacos y subjetivos.
Uno de los puntos más alarmantes del proyecto es la implementación de un “semáforo de riesgos”. El semáforo etiquetará el contenido generado por inteligencia artificial en cuatro niveles: mínimo, limitado, alto y prohibido.
Aunque presentado como una herramienta para salvaguardar a la población, este sistema podría convertirse en una excusa para restringir la creatividad, el pensamiento crítico y la libre circulación de ideas.
Aunque la diputada Jiménez intenta justificar la propuesta en nombre de la seguridad y la protección de menores, los argumentos presentados son vagos y genéricos. La propuesta deja demasiados espacios a la interpretación del poder político.
Se menciona evitar la manipulación emocional y la vigilancia masiva, pero no se presentan mecanismos reales de supervisión imparcial ni se garantiza la protección de los derechos digitales de los ciudadanos.
México ocupa el séptimo lugar en adopción de inteligencia artificial en América Latina, con un índice de 46.85 puntos según el ILIA 2024. Esto refleja el interés creciente de empresas, universidades y ciudadanos por innovar y mejorar su entorno.
Lejos de acompañar ese avance con políticas que impulsen el desarrollo, Morena prefiere crear barreras, regulaciones ambiguas y consejos centralizados que huelen más a control que a protección.
Una verdadera regulación ética y técnica debe construirse con expertos, no con ideología. Y debe garantizar derechos, no limitar libertades. La inteligencia artificial no puede ni debe ser un instrumento más del poder político para silenciar lo que no le conviene al régimen.
