Noroña culpa al INE por aprobar las candidaturas de aspirantes vinculados al narco

A poco más de un mes de la elección de jueces y magistrados en México, una nueva polémica sacude el proceso. El senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por permitir candidaturas de aspirantes vinculados al crimen organizado.

Sin embargo, la presidente del INE, Guadalupe Taddei, le respondió deslindando responsabilidades y señalando al Senado.

Jueces ligados al narco en la boleta

El presidente morenista del senado, Fernández Noroña, admitió públicamente que hay aspirantes que han defendido a narcotraficantes o han liberado a criminales. Aunque no reveló nombres, aseguró que existen casos documentados de personas que no deberían formar parte del proceso.

Noroña fue claro al señalar que el INE debería cancelar estas candidaturas por representar un riesgo para la justicia y la seguridad nacional.

Explicó que dicha tarea fue llevada a cabo por comités evaluadores formados por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Según ella, el INE solo recibió las listas finales y organizó el proceso conforme lo marca la ley.

Taddei subrayó que la evaluación de la probidad y trayectoria de los aspirantes fue tarea previa al sorteo de las candidaturas. Además, aclaró que, en caso de impugnaciones tras la votación, será el Senado y el Tribunal Electoral quienes deberán resolverlas.

Aseguró que la mayoría de los perfiles cuestionables provienen del Poder Judicial, aunque también aceptó que hubo fallas dentro del Legislativo.

El INE se lava las manos

Ante la presión, Guadalupe Taddei respondió que el INE no tiene responsabilidad directa en la selección de candidatos.

El proceso, sin embargo, deja serias dudas sobre la transparencia y la legitimidad de los perfiles seleccionados.

Un proceso manchado por la opacidad.

Los señalamientos de Noroña y la defensa del INE dejan ver una preocupante falta de coordinación institucional. La peligrosa permisividad con perfiles podrían poner en riesgo el Estado de derecho.

Algunos de los aspirantes han sido acusados de liberar a criminales, estar involucrados en desapariciones forzadas o tener antecedentes de violencia de género.

Esta elección, impulsada por Morena para supuestamente democratizar al Poder Judicial, se ha convertido en un proceso opaco, improvisado y plagado de irregularidades.

La presencia de candidatos ligados al crimen organizado demuestra que el oficialismo está más interesado en el control político que en la justicia.