Los agricultores, especialmente los de aguacate y limón, siguen siendo blanco del crimen organizado, obligados a pagar "derecho de piso" para poder trabajar.
Mientras los cárteles pelean por el control del territorio, los pobladores viven en el miedo constante, sin saber si serán la próxima víctima de una ejecución o un secuestro.
El gobierno sin respuesta: patrullajes insuficientes
A pesar de los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército, el crimen organizado mantiene su dominio en la región. El gobierno federal ha enviado refuerzos para patrullar las zonas más afectadas, pero los resultados son casi nulos.
Los habitantes denuncian que las autoridades llegan, pero no se enfrentan realmente a los grupos criminales.
Las fuerzas de seguridad realizan patrullajes esporádicos, pero en cuanto se van, los cárteles vuelven a imponer su ley.
En muchas comunidades, los habitantes prefieren acudir al crimen organizado en lugar de la policía, lo que demuestra la falta de confianza en las instituciones.
Las ejecuciones, los secuestros y los enfrentamientos son parte de la vida cotidiana, y cada día que pasa, Michoacán se hunde más.