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Estados Unidos

Donald Trump inició una masiva campaña legal para combatir el fraude demócrata y forzar un cambio de resultados para diciembre

Este lunes, el presidente Trump accionó todo su equipo legal y completó litigaciones en cinco Estados donde las elecciones están en disputa. La Justicia tendrá que expedirse en los próximos días y muchas demandas podrían llegar a la Corte Suprema.

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La elección estadounidense entró en la etapa del caos total. Mientras los medios ungieron a Joe Biden como Presidente-Electo, la Justicia todavía no determinó un ganador y son cinco los Estados que enfrentarán distintas demandas por parte de la campaña Trump.

Múltiples denuncias de los fiscales de mesa, tanto demócratas como republicanos, le dieron el pie a los abogados de Trump para poder iniciar acciones legales y litigar los resultados.
Actualmente hay 12 demandas, de las cuales 8 siguen abiertas, por apelación o por aceptación de la Justicia. Las apelaciones llegarán a la Corte Suprema y las aceptaciones tendrán una resolución en los próximos días.
Como primera instancia, cuando empezaron a llegar las denuncias de fraude, el equipo legal de la campaña republicana pidió en todos los Estados involucrados que se paren de contar los votos hasta que se resuelvan las acusaciones. Todas las cortes estatales rechazaron este pedido pero aceptaron revisar las irregularidades y denuncias de fraude una por una.
Un punto que destaca la campaña de Trump, es la enorme irregularidad de que Pensilvania, Michigan, Arizona, Nevada y Georgia tardaron unas pocas horas de la noche del 3 de noviembre para contar el 95% de los votos, pero hace 6 días que están contando el último 5%.

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Pensilvania

En Pensilvania particularmente, Trump demandó a la Comisión Electoral del Estado ya que no estaban dejando ingresar veedores republicanos al proceso de conteo. Exactamente 682.479 votos fueron contados y computados mientras los republicanos no estaban dentro del establecimiento. 

La Justicia primero desestimó la causa, pero luego aceptó la apelación de Trump y dejó entrar veedores. La Comisión, controlada por los demócratas que responden al gobernador izquierdista Tom Wolf, apeló la decisión y asegura que "no es un derecho electoral poder observar la elección".

Más allá de que los veedores republicanos pudieron entrar al establecimiento, fueron colocados a 30 metros del Centro de Cómputos, teniendo que observar la elección con binoculares.

Trump además inició dos causas más en Pensilvania, bajo la carátula de "Irregularidades en el recuento", y es altamente probable que estas denuncias terminen en la Corte Suprema. Un fallo en favor de Trump en la Corte implicaría una serie de cosas.

En primer lugar, los votos que llegan después del 9 de noviembre, quedarían impugnados definitivamente. Pero además, Trump busca que los votos que llegaron después del 3 de noviembre también queden impugnados. De lograr este objetivo, Trump pasaría de estar 3% abajo en Michigan a liderar por casi 7%.

El voto por correo probó ser altamente irregular. Mientras se les dio a los estadounidense todo el mes de octubre para enviar su voto por correo, además se les permitió mandarlo el mismo día de las elecciones. En ciudades como Filadelfia, muchas boletas enviadas el 2 o el 3 de noviembre, en una acción inexplicable, fueron recolectadas por el Servicio Postal varios días después de las elecciones. En contraste, la entrega de boletas del Correo durante octubre tardó en promedio solamente un día.

Esta irregularidad fue cuestionada por Trump, quien asegura que entre estos lotes de boletas hay votos que fueron emitidos después del 3 de noviembre, los cuales no deberían ser contabilizados. En Pensilvania, por ahora, la Corte Suprema pidió que todos estos votos se cuenten de manera separada, indicando que están revisando un fallo sobre si estos votos valen o no.

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Nevada

En Nevada, la campaña de Trump ha identificado dos lotes de votos por correo, uno de 6.000 votos y otro de 9.000, que tienen en sus sobres un domicilio afuera del Estado, por lo que se inició una demanda para que estos 15 mil votos sean impugnados.

Además, una votante de Nevada, Jill Stokey, testificó ante un juez que cuando quiso emitir su voto el 3 de noviembre en persona, los fiscales de mesa le dijeron que alguien ya había votado por ella. El juez federal rechazó esta causa pero la campaña de Trump piensa llevarlo a la Corte Suprema, y asegura que esto ocurrió por un error en el sistema que se usa en el condado de Clark (bastión demócrata) y que puede haber hasta 3.000 votos comprometidos de la misma manera.

Otra demanda que inició Trump contra la Comisión Electoral fue para que les dejen entrar veedores al proceso. La Justicia rechazó este pedido en primera instancia, pero tras la apelación decidieron obligar a la Comisión a poner una grabación en vivo del recuento de votos, algo que no se estaba haciendo hasta ese momento.

Hoy, un fiscal de mesa de Nevada declaró que vio con sus propios ojos como se fabricaban boletas con domicilios afuera de Nevada para que sean computadas.

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Michigan

En Michigan se intentó detener la certificación de los resultados de las elecciones en Detroit, la ciudad más grande de Michigan y bastión demócrata.

El juez Timothy Kenny negó la moción de medidas cautelares el 6 de noviembre, diciendo que no había evidencia de que no se hubieran seguido los procedimientos de supervisión.

"La rápida decisión del juez Kenny refleja una decisión tomada ayer por el juez Stephens del Tribunal de Reclamaciones, específicamente, que, una vez más, las acusaciones son meras especulaciones", dijo Ryan Jarvi, secretario de prensa de la Procuradora General demócrata de Michigan, Dana Nessel, en un comunicado. "La opinión rápida, clara y decisiva debe poner fin a las afirmaciones sin mérito que se han hecho en Michigan y otros estados del país".

Esta demanda no fue presentada por Trump, si no por el Election Integrity Fund, que trató de evitar que los fiscales electorales en Detroit aceptaran un lote enorme de votos por correo que inicialmente no podían ser leídas por una máquina. Con todos estos votos que se contaron, Biden pasó de estar varios puntos atrás de Trump a llevarse el Estado.

El caso alegaba que el trabajo no siempre había sido supervisado por inspectores electorales de los dos partidos políticos, y que la certificación debería retrasarse hasta que los inspectores pudieran revisar el proceso. Esta fue una derrota de Trump en la Justicia.

Sin embargo, este lunes 9, el equipo legal de Trump agregó la demanda "Constantino v Detroit", donde se incluyen decenas de testimonios de fiscales de mesa, algunos demócratas y otros republicanos, quienes aseguran que vieron fraude en el conteo de votos con sus propios ojos.

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Georgia

En Georgia, la campaña de Trump tiene todas sus fichas puestas en el recuento más que en acciones legales. Las irregularidades en el conteo de votos fueron enormes, con unos 132.000 votos por correo con errores "CoA", lo cual significa que los votantes cambiaron el domicilio antes de la elección pero el sobre todavía tiene la dirección anterior.

En estos casos, los votos se cuentan pero tienen una enorme posibilidad de ser impugnados, ya que se puede argumentar que el voto provino del nuevo inquilino de ese domicilio y no de la persona que se tiene en los registros.

El gobernador de Georgia, el republicano y trumpista Brian Kemp, aseguró en un esperanzador tweet que "todos los votos legales deben ser contados", dando a entender que estos 132.000 votos son ilegales.

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Arizona

Mientras Fox News y Associated Press han declarado que Biden ganó el Estado de Arizona, otras redes todavía no se animan a dar un resultado definitivo, considerando que la carrera está demasiado cerca para poder hacer una estimación certera. Joe Biden lidera a Trump tan solo por 14 mil votos (un 0,4%) y todavía quedan 150 mil votos por contarse. 

El 7 de noviembre, la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano presentaron una demanda en un tribunal estatal alegando que cientos de miles de votos fueron impugnados por los fiscales electorales por haber sido marcados por un marcador Sharpie en vez de una lapicera con tinta indeleble. Según se presentó en la demanda, los mismos centros de votación repartían los marcadores Sharpie y que esto fue un intento "explícito" para hacer fraude y rechazar votos de condados pro-Trump. 

Si bien los funcionarios electorales han dicho que estas afirmaciones son falsas, la demanda sigue abierta, aunque todo indica que será desestimada, ya que la Justicia en Arizona es dominada por los demócratas.

Los votos que quedan por contarse en Arizona pertenecen a la categoría de "Provisionales", los cuales deberían ser mayoritariamente para Trump, ya que son votos que se enviaron previamente por correo, pero que las personas decidieron o votar el 3 de noviembre en persona o cambiar su voto. Según diversas encuestas, estos grupos deberían ser votantes de Trump. Sin embargo, se necesita que Trump reciba más del 66% de los votos restantes para quitarle el Estado a Biden.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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Estados Unidos

Estudiantes de extrema izquierda tomaron la Universidad de Columbia en apoyo al terrorismo palestino

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Los adolescentes más ricos del mundo tomaron control del campus de la prestigiosa universidad neoyorquina en apoyo al terrorismo de Hamás.

La situación social en los Estados Unidos se torna cada vez más preocupante a medida que la izquierda destruye el tejido social con manifestaciones violentas que atentan contra los valores occidentales.

En los últimos días, esta situación mostró un nuevo punto crítico luego de que un grupo de alumnos activistas de extrema izquierda de la Universidad de Columbia en Nueva York tomaran el campus de la institución en apoyo a la causa palestina con consignas en defensa del terrorismo islámico y con un marcado antisemitismo.

Docenas de alumnos y activistas de izquierda ajenos a la universidad se instalaron de manera ilegal dentro de la prestigiosa institución en carpas para expresarse en contra de la operación militar especial que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza, en respuesta al ataque genocida del grupo terrorista palestino Hamás, donde más de 1.500 judíos fueron asesinados a sangre fría el 7 de octubre.

La toma fue impulsada por la asociación izquierdista "Students For Justice In Palestine" y contó con el apoyo de múltiples organizaciones universitarias, que agredieron a estudiantes de religión judía y a otros que no compartieran su visión acerca del conflicto en Medio Oriente.

Lo que hace aún más insólita la situación es que los estudiantes que participaron de la manifestación, lejos están de ser árabes o palestinos; por el contrario, son blancos de clase alta. Se trata de los hijos adolescentes de las familias más adineradas del planeta jugando a disfrazaese de terroristas.

Los manifestantes que confraternizan con el terrorismo islámico bloquearon el acceso a la prensa y aseguran que solo permitirán el acceso de periodistas "afines a la causa". Entre otros, rechazaron el acceso de periodistas judíos, por su religión.

Si bien las autoridades de la universidad habían mencionado que los protestantes serían desalojados en el transcurso de la primera noche de la ocupación, ningún tipo de acción fue llevada a cabo.

Los estudiantes judíos debieron abandonar el campus universitario y la zona quedó completamente en manos de los grupos estudiantiles de extrema izquierda, que aprovecharon la ocasión para dar discursos violentos y cargados de odio contra la comunidad judía.

Recién el jueves, la policía de Nueva York se hizo presente y en un operativo arrestó alrededor de 110 personas participantes de la protesta, incluida la hija de la representante demócrata del estado de Minnesota Ilhan Omar, Isra Hirsi.

La intervención por parte de la policía de Nueva York se dio luego de que las autoridades de la universidad encabezadas por la presidente de la institución, Minouche Shakif, dieran aviso acerca de los ilícitos que se estaban cometiendo dentro de la institución sumado a la hostil recepción de los estudiantes contra las fuerzas policiales a las cuales llamaron "asesinos de bebés".

Los incidentes con los grupos pro-Palestina se originaron luego de que Shakif hablara frente al Comité de Educación del Congreso de los Estados Unidos acerca de los crecientes casos de antisemitismo en las universidades, por lo que los mencionados grupos de estudiantes comenzaron a acampar de forma ilegal en el campus y a tomar actitudes violentas y hostiles contra estudiantes de religión judía.

Uno de los factores determinantes para la escalada en el conflicto de las agrupaciones estudiantiles con la universidad, fue la prohibición de dos agrupaciones izquierdistas a fines del año pasado, las cuales se les imputó el incumplimiento con las políticas de la Universidad de Columbia respecto al código de conducta y abuso contra otros estudiantes.

De acuerdo a la presidente de Columbia, se autorizó a la Policía de Nueva York a desalojar el campamento establecido en el ala sur del campus, lo que provocó incidentes. En concordancia con las acciones legales que la dirigencia de la universidad tomó contra los alumnos, se les informó a su vez que a cualquier alumno que participe de cualquier manera en las protestas y ocupación del territorio universitario se encuentra suspendido.

A pesar de que docenas de revoltosos protestantes hayan sido arrestados durante el desalojo, el acampe por parte de las organizaciones pro-Palestina no ha podido ser desmantelado, sino que incluso se incrementó en tamaño luego de que quienes lideran la protesta declarasen que han "tomado" la universidad y la declaren como una "universidad popular’‘.

Ataques antisemitas y apoyo al terrorismo islámico

Uno de los factores distintivos que las protestas llevadas a cabo en los últimos días en la Universidad de Columbia, es el profundo sentimiento anti-Israel que profesan, el cual ha llevado a quienes participan del acampe a ser perpetradores de violentos ataques antisemitas contra aquellos estudiantes que profesan la religión judía, e incluso a aquellos que no defiendan sus reclamos.

Uno de los casos de marcado sentimiento anti-judío que se ha llevado a cabo en los últimos días han sido las graves agresiones perpetradas contra la estudiante judía Elisha Baker, de 21 años, quien denunció que un grupo de protestantes le expresó en repetidas ocasiones que "se mate a sí misma" y le causaron heridas de moderada gravedad tras patearla en varias ocasiones en el estómago durante el acampe.

Otro incidente de extrema gravedad se dio en el momento en el cual un participante de la protesta terrorista fue enfocado sujetando un cartel que decía "El próximo objetivo de las brigadas Al-Qasam" mientras apuntaba a un grupo de estudiantes judíos.

Las brigadas Al-Qasam son el brazo armado de la organización terrorista Hamás, la cual ha gobernado al territorio ocupado de Palestina en las últimas décadas y fue el responsable de los ataques terroristas contra distintos poblados israelíes el pasado 7 de octubre de 2023 donde miles de ciudadanos judíos fueron asesinados por Hamás.

Los preocupantes incidentes que tienen por objetivo el acoso y agresiones a los estudiantes judíos despertó la preocupación de empleados de la universidad que pertenecen a la colectividad.

El rabino ortodoxo Elie Buechler, quien se desempeña como profesor tanto en la Universidad de Columbia como en la Universidad Barnard, instó mediante un mensaje abierto de Whatsapp a los estudiantes judíos a abandonar el campus universitario e irse a sus hogares mientras dure el acampe debido a los crecientes ataques antisemitas.

Otro profesor de la universidad, Shai Davidai, mencionó que los estudiantes no lo dejan entrar a la facultad por ser judío y que las protestas llevadas a cabo por las agrupaciones estudiantiles habían cruzado un límite convirtiéndose en actos terroristas llevados a cabo por grupos terroristas.

En concordancia con el sentimiento anti-Israel que las protestas mantienen, además se encuentra presente una profunda adoración por los grupos terroristas islámicos como Hamás, con el cual los estudiantes participantes de los acampes se sienten identificados al punto de que mencionan frases como "Todos somos Hamás" e incluso celebraron el ataque del 7 de octubre, conocido por los palestinos como la "Inundación de Al-Aqsa".

Extensión a otras universidades

Si bien el foco principal de las protestas que se desarrollaron con intensidad en la última semana está puesta en la Universidad de Columbia, en las últimas horas la Universidad de Yale ha visto sucesos similares en sus instalaciones, además de que varios de sus estudiantes hayan irrumpido en el campus de Columbia para mostrar su apoyo para con los protestantes locales.

La situación descrita devuelve a la memoria aquellos incidentes en estados demócratas como Oregon y Washington unos años atrás cuando protestantes tomaban partes de las ciudades con la idea de convertirlas en un "espacio independiente" y de "liberación". Esta misma situación se repite en las universidades hoy en día luego de que el suceso inicial en Columbia de pie a estudiantes en la Universidad de Yale en Connecticut para tomar una porción del campus y proclamarlo como una "zona liberada".

Así como en Columbia, ataques contra alumnos judíos fueron reportados a lo largo de la protesta, pero un caso de extrema gravedad fue reportado en las últimas horas en el cual la estudiante judía de periodismo Sahar Tartak fuera apuñalada en el ojo con el asta de una bandera por parte de un protestante en el campus quien en todo momento se cubrió el rostro con un trapo musulmán.

De manera similar que en la universidad localizada en Nueva York, la policía irrumpió y trató de desalojar la protesta desarrollada en el campus localizado en New Haven, Connecticut, pero los estudiantes pertenecientes a las organizaciones terroristas pro-Palestina se mantienen en el lugar.

En paralelo a los distintos hechos que se están desarrollando tanto en Columbia como en Yale y otras universidades en cuyos campus grupos de estudiantes subversivos, la reacción por parte de todo el arco político se hizo presente, tanto en defensa de los estudiantes comunes como también en defensa de aquellas agrupaciones estudiantiles terroristas.

Por el lado de aquellos estudiantes que decidieron tomar la propiedad de las universidades y agredir alumnos por su pensamiento, las diputadas revoltosas Ilhan Omar (cuya hija fue arrestada en la redada en Columbia) y Rashida Tlaib de Michigan y Minnesota respectivamente se alzaron en defensa de las subversivas actitudes de aquellos grupos pro-Hamás que buscan esclavizar al sistema educativo.

En cambio, desde la Casa Blanca, condenaron eufóricamente las tomas de campus en las universidades y la agresión constante que los estudiantes de religión judía han sufrido en las instalaciones, de acuerdo al vice-secretario de prensa del órgano gubernamental Andrew Bates.

Desde el ámbito del Partido Republicano, quien se expresó de manera más rotunda fue la representante de Neuva York, Elise Stefanik, quien a su vez también instó a la presidente de la Universidad de Columbia Shafik a renunciar debido a la falta de acciones tomadas por la universidad para proteger a los estudiantes de religión judía.

La representante republicana de Carolina del Norte, Virginia Foxx quien a su vez preside el Comité de Asuntos Educativos, envió una carta a la Universidad de Columbia demandando que se tomen acciones concretas frente a la situación que se está desarrollando y se pueda otorgar un ambiente seguro a los estudiantes. Dentro de la carta que la diputada envió a la universidad señaló que ante la ausencia de medidas contra los estudiantes que mantienen cautiva a la universidad, el comité educativo del Congreso no dudaría en hacerlos responsables por dichos resultados.

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