El Gobierno y la oposición se aproximan a un inminente acuerdo definitivo para evitar el default de la deuda. El programa incluye un fuerte recorte de gastos y no habrá ningún aumento impositivo, pero fueron tenidas en cuenta algunas consideraciones del oficialismo.

Tras tensas semanas de negociaciones, finalmente el Gobierno de Joe Biden y la oposición encabezada por McCarthy llegaron a una tentativa de acuerdo, el primer paso para la redacción de un documento definitivo que evitaría un histórico default en Estados Unidos (algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a permitir).

El acuerdo significa una contundente victoria para los republicanos, ya que las líneas generales del programa de consenso se acercan más a posiciones fiscalmente conservadoras y no se establecerá ningún tipo de aumento impositivo, una de las condiciones más celosamente respaldadas por el ala trumpista de la oposición.

Sin embargo, y aunque Biden dio el brazo a torcer ante la inminente llegada del incumplimiento, el acuerdo deberá ser respaldado por las distintas facciones de ambos partidos en el Congreso y no se descartan nuevos cambios para que finalmente pueda ser aprobado.

Los puntos más importantes del acuerdo

En primer lugar, los republicanos darán el visto bueno para aumentar el techo legal de la deuda pública federal por encima de los 31,4 billones de dólares tal y como lo exigía el presidente Biden. Esto permitirá refinanciar las operaciones del Gobierno federal y evitar cualquier incumplimiento.

Asimismo, los recortes al gasto público sólo se efectuarán sobre el gasto no relacionado con la defensa. Por lo tanto, las partidas presupuestarias asignadas para gasto militar, controles fronterizos, policía y la atención médica a veteranos de guerra, no se verán afectadas de ningún modo y mantendrán las pautas de crecimiento fijadas previamente.

Las erogaciones restantes en el presupuesto (la gran mayoría del mismo) tendrán un crecimiento nominal cercano al 0% para el año 2024, y a partir de 2025 habrá un límite de aumento del 1% nominal anual para los próximos seis años. Esta regla fiscal es más laxa de lo que originalmente proponía el proyecto republicano, pero garantiza que el gasto público en relación al PBI se vea constantemente recortado.

Para lograr la moderación de la expansión nominal del presupuesto, fueron establecidos una serie de recortes sobre partidas que son significativas para el total. Se ampliaron los requisitos para acceder a los programas sociales, en particular sobre el plan de cupones alimentarios.

La ley vigente establece que los adultos sanos y sin hijos de 18 a 49 años pueden acceder a cupones alimentarios de manera restringida y solo durante tres meses de cada tres años, siempre y cuando no hayan estado empleados al menos 20 horas a la semana. Con el nuevo acuerdo, estas restricciones también afectarán a las personas de hasta 54 años. Se incluyen excepciones para el caso de veteranos.

También se establecen requisitos mínimos de trabajo (búsqueda activa de empleo y la obligación de realizar capacitaciones) para aquellas personas que quieran entrar en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Sin embargo, estos requisitos no se incluirán para el acceso al Medicaid como lo establecía el proyecto republicano original, y en este aspecto también debieron ceder ante la posición de los demócratas.

El acuerdo establece la recuperación de los fondos por el Covid-19 que no fueron gastados efectivamente, aproximadamente 4,5 billones de dólares que se recortarán automáticamente de los gastos presupuestarios.

Washington is sitting on tens of billions of dollars in unspent COVID funds, even though the pandemic is over. Republicans are leading the charge to claw back this money for taxpayers—marking the largest rescission in history.

Here are just some of the slush funds included: pic.twitter.com/1sRKY5MbpK

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) May 28, 2023

Sin lugar a dudas uno de los principales puntos fuertes del acuerdo será la marcha atrás con los rescates de préstamos estudiantiles, una medida que desequilibró completamente las finanzas públicas desde agosto del año pasado. Los prestatarios volverán a pagar los préstamos que suscribieron sin el auxilio del Gobierno federal (siendo que la inmensa mayoría jamás necesitaron de ningún rescate).

Sin embargo, los demócratas lograron retener un paquete de hasta 20.000 millones de dólares en programas de alivio para deudas estudiantiles que finalmente no serán recortados. Pero aún así, se debe tener en cuenta que los rescates involucraban un gasto de US$ 315.000 millones solo en 2023, con lo cual la balanza se terminó inclinando en favor del conservadurismo fiscal.

Los republicanos también lograron imponer su posición para recortar la financiación adicional al Servicio de Impuestos Internos, una normativa establecida en la Ley de Reducción de la inflación de 2022. Esto implica un ahorro neto de hasta US$ 80.000 millones solamente para el año fiscal 2023.

Washington advierte que el grupo Wagner está prolongando el conflicto y causando más caos en Sudán, a la par que sanciona a al jefe de la compañía en Malí.

Estados Unidos ha acusado al Grupo Wagner de proporcionar misiles tierra-aire a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), tirando más leña al fuego de un conflicto que en poco más de un mes ya desplazado a casi 1,3 millones de personas.

Adicionalmente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al líder de Wagner en Malí, acusándolo de tratar de obtener armas para los esfuerzos de Rusia en Ucrania.

“En Sudán, el Grupo Wagner ha estado suministrando a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán misiles tierra-aire para luchar contra el ejército de Sudán, contribuyendo a un conflicto armado prolongado que solo resulta en un mayor caos en la región”, expresó el comunicado del Tesoro de Estados Unidos.

Mientras tanto, Washington ha estado ayudando a negociar varios acuerdos de alto el fuego, a pesar de que estos han sido sistemáticamente violados por ambas partes en conflicto. Estados Unidos dice que su objetivo principal en Sudán es reducir la violencia antes de trabajar hacia un fin permanente de los combates y devolver al país a un gobierno civil.

El mes anterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, había dicho que las autoridades legítimas de Sudán tienen derecho a utilizar los servicios del grupo Wagner si así lo desean. Diplomáticos occidentales en Jartum habían asegurado ya en 2022 que Wagner estaba involucrado en la minería ilícita de oro en Sudán y que estaba a difundiendo desinformación.

El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación por la posibilidad de la participación de Wagner en Sudán, diciendo que el grupo “simplemente trae consigo más muerte y destrucción”.

“Está en tantos países diferentes, y en África, un elemento que, cuando se compromete, simplemente trae consigo más muerte y destrucción“, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo keniata, Alfred Mutua. “Es muy importante que no veamos mayor participación en Sudán“, aseguró.

El Tesoro también dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha “recurrido a confiar en el Grupo Wagner para continuar su guerra de elección” en Ucrania. Adicionalmente, como parte del anuncio, Estados Unidos impuso sanciones a Ivan Aleksandrovich Maslov, el jefe de Wagner en Malí.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó la imposición de sanciones diciendo que los empleados del grupo podrían haber estado tratando de trabajar a través del país de África occidental para adquirir equipos como minas, drones, radares y sistemas de contrabatería para su uso en Ucrania.

“Las sanciones del Tesoro contra el representante más importante del Grupo Wagner en Malí identifican e interrumpen a un operativo clave que apoya las actividades globales del grupo“, confirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“La presencia del Grupo Wagner en el continente africano es una fuerza desestabilizadora para cualquier país que permita el despliegue de los recursos del grupo en su territorio soberano”, sentenció Nelson.

“El Grupo Wagner puede estar tratando de ocultar sus esfuerzos para adquirir equipo militar para su uso en Ucrania, incluso trabajando a través de Malí y otros países donde tiene un punto de apoyo”, dijo el Tesoro en el comunicado oficial.

“De hecho, hay indicios de que Wagner ha estado intentando comprar sistemas militares de proveedores extranjeros y enrutar estas armas a través de Malí como un tercero“, dijo el portavoz Matthew Miller a los periodistas el lunes.

“No hemos visto, hasta el momento, ningún indicio de que estas adquisiciones hayan sido finalizadas o ejecutadas, pero estamos monitoreando la situación de cerca”, añadió el funcionario estadounidense.

A principios de 2023, Estados Unidos calificó a Wagner de “organización criminal transnacional” e impuso sanciones a sus principales líderes.

En un informe donde se intentó acusar a Trump de mantener una investigación abierta contra Hillary Clinton por razones políticas, el New York Times confirmó que fue Biden quien puso fin a las indagaciones del FBI contra la ex Secretaria de Estado.

Esta semana, el medio The New York Times reveló que la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) a la Fundación Clinton, abierta en 2017 durante el gobierno de Trump y que seguía en curso cuando el ex presidente debió abandonar la Casa Blanca en 2020, fue inmediatamente cerrada por Biden en sus primeros días como mandatario.

La investigación que incluyó decenas de agentes del FBI y fiscales federales, partió de una investigación del autor conservador Peter Schweizer quien publicó sus descubrimientos en un libro que salió en 2015 sobre las donaciones que entidades extranjeras hicieron a la Fundación Clinton cuando ella era Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama.

Esta era la segunda investigación federal que atravesaba Hillary Clinton, después de que en 2016 el FBI investigara su rol en la Primavera Árabe, la muerte del embajador Christopher Stevens en Benghazi y la eliminación de cientos de miles de correos electrónicos de una casilla privada que abrió ilegalmente mientras era Canciller.

Aquella investigación, que lideró el entonces director del FBI, James Comey, también fue cerrada por un presidente demócrata. Luego de que Comey testificara ante el Congreso que Hillary Clinton había cometido una serie de delitos pero que (por alguna razón) no recomendaba presentar cargos, Obama agarró la lapicera y puso fin a la investigación.

Muchos recordarán los debates entre Trump y Hillary, donde el republicano le diría en la cara que si hubiera jueces como él, ella ya estaría presa. En esos debates, aquella investigación fue un tema central, y cuando Trump llegó a la presidencia, cumplió su promesa y ordenó al DOJ que abriera una investigación sobre la Fundación Clinton.

El caso se centró en investigar las donaciones que la Fundación Clinton recibió de una empresa americana-canadiense llamada Uranium One mientras la empresa estaba siendo adquirida por la agencia nuclear rusa. 

Clinton, como Secretaria de Estado, formó parte de un comité gubernamental que necesitaba votar para aprobar el acuerdo de en ese momento. Antes de la votación, su Fundación recibió una masiva donación de esta entidad, y días después, dio su voto a favor de la compra.

Hacia fines del 2017, Rod Rosenstein, vicefiscal general de la Casa Blanca, abrió la investigación de manera oficial, y su oficina ordenó una citación para la Fundación en 2018 y los fiscales a cargo del caso entrevistaron al ex director financiero de la organización. 

La investigación fue dividida entre tres grupos de fiscales, uno en Washington D.C., otro en Nueva York, y el tercero en Little Rock. Éste último pidió cerrar el caso en enero de 2021, cuando asumió Biden, pero el principal agente allí a cargo dejó en claro en el comunicado oficial que fueron los fiscales (puestos por Biden), y no los agentes del FBI, los que tomaron la decisión de cerrar la investigación.

Tras el pedido de los fiscales en Little Rock, Biden tomó la lapicera y ordenó cerrar todas las investigaciones, entre enero del 2021 y septiembre de ese mismo año, completamente blindando a su aliada política de una investigación federal.

“El informe muestra, una vez más, que la Fundación Clinton ha sido objeto de acusaciones por motivos políticos sin ningún fundamento real”, dijo Craig Minassian, portavoz de la Fundación Clinton. “A pesar de esto, lo que sigue siendo cierto es que nuestro trabajo marca una diferencia significativa en la vida de millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo”.