La prisión preventiva al exjefe de la Caminera expone los vicios de un sistema que gobierna hace 26 años y convirtió al Estado en botín.
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La detención del exjefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una asociación ilícita, no es un hecho aislado ni sorpresivo. Es apenas un síntoma más de lo que ocurre cuando el poder político se enquista durante 26 años en la misma estructura.
La Justicia investiga maniobras de extorsión, enriquecimiento ilícito y uso de recursos estatales para fines privados. Pero lo grave no es solo el delito: lo grave es el sistema que lo permite.
La detención del exjefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una asociación ilícita, no es un hecho aislado ni sorpresivo.
El poder que se hereda, los privilegios que se perpetúan
Durante más de dos décadas y media, Córdoba fue gobernada por el mismo espacio político. Se creó una cultura de impunidad en la que determinados sectores viven del Estado como si fuese un patrimonio propio.
No sorprende, entonces, que policías con más de veinte años de servicio, formados dentro de esa lógica, hayan terminado operando como una organización mafiosa. El “Estado paralelo” no nació ayer: es la consecuencia de los vicios enquistados en el poder.
La Justicia investiga maniobras de extorsión, enriquecimiento ilícito y uso de recursos estatales para fines privados.
Un Estado para ellos, nunca para la gente
La investigación detalla cómo móviles, horarios de servicio y bases de datos oficiales se utilizaron para negocios privados. El poder policial al servicio de unos pocos, mientras el ciudadano común queda desprotegido frente a la inseguridad creciente.
Esto no es casual: es la muestra de cómo el Estado se convirtió en herramienta de privilegios, no en garante de derechos. La corrupción no se da en los márgenes, se da en el corazón mismo de las instituciones.
La investigación detalla cómo móviles, horarios de servicio y bases de datos oficiales se utilizaron para negocios privados.
Córdoba necesita un cambio real
El fiscal González habló de “gravedad institucional”. Y tiene razón: cuando los que deberían proteger a los cordobeses terminan actuando como bandas criminales, el contrato social se rompe.
Pero ese quiebre no es obra de un individuo, sino del sistema político que los cobija. Hoy, mientras el cordobés paga impuestos récord y vive con miedo de salir a la calle, algunos utilizan el poder como negocio propio.
Es hora de terminar con este ciclo de privilegios y corrupción estructural. Córdoba necesita recuperar la institucionalidad y la transparencia, y eso solo será posible si se pone fin al cordobesismo eterno que gobernó como dueño del Estado. Porque lo que hoy vemos en tribunales no es una excepción: es la consecuencia natural de un poder que nunca quiso soltar la caja.
