Escándalo de la Caminera de Córdoba: detalles de la causa y todos los implicados

Un escándalo sacude a la seguridad provincial tras confirmarse la detención del jefe de la Caminera de Córdoba. La investigación comenzó en noviembre de 2024, a partir de una causa iniciada por la fiscal Paula Kelm en Cosquín. Esa causa original derivó en seis detenciones  por estafas con inmuebles y usurpaciones.

A partir de un dato surgido en ese expediente, el fiscal Guillermo González detectó un vínculo clave con un civil cordobés. Esta persona resultó ser el nexo entre la organización de Cosquín y una nueva red con conexiones internas en la Policía. Así se llegó a la cúpula de la Caminera, encabezada por Maximiliano Ochoa Roldán.

El viernes 27 de junio, González dispuso 11 allanamientos en simultáneo en Córdoba capital y localidades aledañas. Las zonas allanadas fueron Unquillo, La Calera, Cosquín, Santa María de Punilla, La Falda, Huerta Grande y Salsipuedes. En los operativos se secuestraron computadoras, armas, celulares, documentación, vehículos y dinero en efectivo.

Qué dijo el fiscal González en conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa en la Jefatura de Policía, González estuvo acompañado por el ministro Juan Pablo Quinteros. Allí detalló que el civil detenido actuaba como conexión directa con la banda ya desarticulada en Punilla. Gracias a este hallazgo, la fiscalía descubrió que había oficiales con acceso a bases de datos confidenciales operando de forma ilegal.

Según el fiscal, los implicados utilizaban esa información para ejercer coacciones, cobrar deudas o asumir defensas judiciales por fuera del marco legal. También accedían a antecedentes penales para fijar honorarios y negociar de manera extrajudicial. González evitó dar mayores precisiones debido al secreto de sumario, pero confirmó que hay más pruebas en análisis.

El funcionario judicial advirtió que se trata de una estructura que operaba desde hace tiempo y que podría haber más implicados.  Aclaró también que los delitos no están vinculados a las multas o tareas habituales de la Caminera. El foco de la causa está en el uso ilegítimo de datos públicos y el aprovechamiento del cargo para beneficio personal.

Los siete implicados: uno por uno, quiénes son y qué cargos enfrentan

Comisario General Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán: director de la Policía Caminera. Acusado de ser jefe de asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y encubrimiento por omisión de denuncia.

Gastón Miguel Ochoa Roldán:  abogado y hermano del jefe de la Caminera. Imputado como miembro de la asociación ilícita.

Comisario Inspector Leonardo Javier Torres:  jefe de la asesoría letrada de la Policía de Córdoba. Está acusado de integrar la asociación ilícita.

Comisario Inspector Martín Darío Heredia:  miembro de la Caminera. Enfrenta cargos por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.

Comisario Inspector Jorge Gutiérrez:  titular de la Dirección de Protección de Testigos. Se le imputa asociación ilícita y peculado de servicios.

Suboficial Principal Dante Gabriel Villalba:  chofer en Jefatura de Policía. Acusado de coacción, asociación ilícita y peculado de servicios.

Gabriel Élido Burkhard:  civil. Se lo investiga por coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito y por haber organizado parte de la red delictiva.

El modus operandi y posibles nuevos implicados

La red habría accedido de forma ilegítima a bases de datos oficiales para beneficiarse económicamente. Según fuentes judiciales, usaban esa información para desalojar casas, apropiarse de terrenos o influir en procesos judiciales.  Luego se quedaban con entre un 20% y un 30% del valor de las propiedades.

El grupo se valía de efectivos con título de abogado y civiles que oficiaban como intermediarios. Esa estructura facilitaba el accionar en diversas localidades y permitía esquivar los controles internos. Se investigan maniobras de usurpación, cobro de honorarios y enriquecimiento personal con recursos del Estado.

La causa sigue abierta y no se descartan más imputaciones.  El fiscal González señaló que el material secuestrado incluye información clave sobre las operaciones de la banda. A medida que se analicen computadoras y celulares, podrían sumarse más personas a la lista de implicados.