Durante años, la Argentina vivió dentro de una ficción. No fue un error técnico ni una mala calibración económica, sino algo más profundo: un sistema que prometía consumo sin producción, gasto sin límite y consecuencias invisibles, construido y sostenido desde el poder. El resultado fue un bienestar aparente basado en subsidios, precios artificialmente bajos y expansión del gasto. Todo parecía funcionar, pero no porque la economía generara más riqueza, sino porque el Estado redistribuía recursos que no le pertenecían y emitía dinero sin respaldo. Ese “bienestar” no era real: era apropiación disfrazada.
Durante ese proceso, el Estado operó como un gran ocultador de costos. Financió el déficit con emisión, licuó ingresos vía inflación y trasladó el peso del gasto público a toda la sociedad sin hacerlo explícito. La inflación no fue un accidente, sino un mecanismo: una forma de financiar la política evitando el costo político de cobrar impuestos visibles. Por eso, lo que hoy algunos describen como “ajuste” está mal planteado desde el inicio. No estamos frente a una decisión de empobrecer a la sociedad, sino frente al momento en que deja de funcionar un sistema basado en ocultar quién paga.
Durante años, la política evitó el conflicto con la realidad. Eligió sostener el corto plazo incluso al costo de destruir las bases del largo plazo: expandió el gasto, distorsionó precios y multiplicó regulaciones para sostener una ilusión de estabilidad que nunca fue sostenible. Pero la realidad no desaparece, se acumula. Y cuando finalmente aparece, lo hace de golpe. El deterioro no empieza ahora, empieza cuando se decide vivir por encima de lo que se produce. Lo que hoy se vive como caída del poder adquisitivo, retracción del consumo o incomodidad económica no es el resultado del orden, sino la consecuencia inevitable de años de desorden financiado con inflación y endeudamiento encubierto.
El punto de fondo no es económico, sino moral. Durante años se consolidó un sistema en el que unos decidían gastar y otros pagaban sin saberlo, en el que la política prometía beneficios sin explicar su costo. Un sistema basado en la transferencia forzada de recursos desde la sociedad hacia el Estado y sus prioridades. No es inflación versus salarios ni ajuste versus bienestar, sino coerción versus libertad, ilusión versus verdad.
La oposición intenta poner en agenda algunos temas, pero omite deliberadamente analizar las causas. Porque reconocerlas implicaría admitir que ese deterioro no es producto del orden actual, sino del sistema previo que lo hizo inevitable. No hay forma de corregir una economía distorsionada sin atravesar un proceso incómodo, pero ese proceso no es el problema: es la consecuencia de haber postergado durante demasiado tiempo la corrección. Durante años, el ajuste existió, solo que no se lo llamaba así. Se lo llamaba inflación, pérdida de poder adquisitivo, deterioro silencioso. Era un ajuste permanente, encubierto y profundamente regresivo.
Hoy, ese mecanismo se corta y, al hacerlo, el costo deja de estar escondido. Eso genera rechazo, tensión y conflicto político, pero también introduce algo que estuvo ausente durante décadas: claridad. Porque cuando el costo es visible, también lo es la responsabilidad. El proceso actual que está experimentando Argentina no es un experimento, es un punto de quiebre: el intento de abandonar un esquema basado en la ilusión y reemplazarlo por uno basado en la realidad, dejar de financiar la política con inflación, dejar de simular riqueza inexistente y dejar de trasladar el costo hacia adelante.
No es un camino cómodo, pero es el único compatible con una sociedad que quiera dejar de vivir a costa de sí misma. Porque una economía puede tolerar errores; lo que no puede tolerar indefinidamente es un sistema basado en ocultarlos. El problema no es el ajuste. El problema es haber construido un modelo que solo funcionaba mientras nadie preguntara quién pagaba. Y cuando esa pregunta aparece, ya no hay relato que la sostenga.
