Durante buena parte del siglo XX, la política dejó de discutir cómo proteger la libertad de las personas y comenzó a concentrarse en otra idea mucho más ambiciosa: garantizar resultados materiales. A partir de ahí, el concepto de “derecho” empezó a expandirse de manera casi infinita.
Primero aparecieron los llamados derechos sociales. Después vinieron nuevas generaciones de derechos vinculados al bienestar, la felicidad, el ambiente, el acceso garantizado a bienes y servicios, e incluso demandas cada vez más amplias hacia el Estado. El problema es que, detrás de ese lenguaje moralmente atractivo, existe una discusión mucho más profunda que pocas veces se plantea de forma abierta.
¿Puede existir un derecho que obligue a otra persona a trabajar para satisfacerlo?
Ahí aparece una diferencia central que el debate público moderno suele ignorar: la distinción entre derechos negativos y derechos positivos.
Los derechos negativos son aquellos que exigen que otros no interfieran. El derecho a no ser robado, censurado, golpeado o encarcelado arbitrariamente. Son derechos compatibles con la libertad individual porque no requieren apropiarse del trabajo ajeno. Simplemente implican que nadie se meta con otro.
Los derechos positivos funcionan de manera distinta. Cuando alguien afirma tener “derecho” a recibir vivienda, salud, educación o determinados bienes materiales, necesariamente aparece una obligación sobre terceros. Porque esos recursos no aparecen solos. Deben ser financiados, producidos y sostenidos por alguien.
Y ahí comienza una de las grandes contradicciones de los Estados modernos.
En nombre de ampliar derechos, muchas veces se termina ampliando el poder de coerción del Estado sobre quienes producen, trabajan, invierten o generan riqueza. Lo que se presenta como solidaridad institucionalizada termina dependiendo de impuestos cada vez más altos, regulaciones más invasivas y una transferencia permanente de recursos administrada por la política.
Durante décadas, la Argentina llevó esa lógica al extremo.
El país construyó una cultura política donde prácticamente todo pasó a considerarse un derecho garantizado por el Estado. Subsidios, tarifas artificiales, empleo público expansivo, asistencia permanente, controles económicos y una maquinaria burocrática creciente financiada por presión fiscal, inflación y deuda.
El resultado no fue una sociedad más libre ni más próspera. Fue exactamente lo contrario.
A medida que el Estado prometía más cosas, también necesitaba apropiarse de más recursos. Y cuanto más avanzaba esa dinámica, menos autonomía conservaban los individuos. El ciudadano dejaba de ser alguien responsable de construir su propio proyecto de vida y pasaba a convertirse en un sujeto dependiente de decisiones políticas.
Por eso la discusión de fondo no es solamente económica. Es moral e institucional.
Toda libertad concreta necesita una base material. La libertad de emprender, por ejemplo, no existe solamente como un principio escrito en una Constitución. Requiere capital, insumos, energía, crédito, acceso a mercados y capacidad de producir sin trabas arbitrarias. Cuando el poder político controla esos recursos o condiciona su acceso mediante regulaciones, permisos, cepos o discrecionalidad burocrática, puede limitar la libertad económica incluso sin prohibir formalmente la actividad privada.
La Argentina ofrece numerosos ejemplos de esa lógica. Empresas que podían existir legalmente, pero que no conseguían importar insumos, acceder a dólares, girar utilidades o sostener sus operaciones por la presión regulatoria y fiscal. El resultado era una economía donde producir dependía menos de la capacidad empresarial y más de la relación con el poder político.
El intervencionismo moderno muchas veces no necesita estatizar ni prohibir. Le alcanza con controlar las condiciones materiales que hacen posible la actividad privada.
Por eso la propiedad privada no es simplemente una cuestión económica. También funciona como límite al poder político. Donde los individuos conservan autonomía económica, existe mayor margen para disentir, criticar y actuar independientemente del Estado.
La gestión de Javier Milei está reabriendo, quizás por primera vez en décadas, esta discusión de manera frontal en la Argentina. No solamente alrededor del déficit o del gasto público, sino sobre el tamaño mismo del Estado y la relación entre libertad, responsabilidad individual y poder político.
El cambio cultural más profundo no pasa únicamente por ordenar cuentas fiscales. Pasa por volver a preguntarse qué significa realmente un derecho y hasta dónde puede expandirse el Estado sin terminar erosionando las libertades que dice proteger.
Porque cuando todo se transforma en un derecho garantizado políticamente, alguien siempre termina pagando el costo. Y cuanto más cosas promete el poder, más recursos necesita extraer de la sociedad para sostenerlas.
La libertad deja entonces de ser autonomía individual y pasa a depender de permisos, subsidios y estructuras administradas desde arriba.
Ese quizás sea uno de los grandes debates ideológicos de los próximos años: si las sociedades van a seguir ampliando indefinidamente las obligaciones del Estado o si volverán a poner límites al poder político para recuperar espacios de responsabilidad, propiedad y libertad individual.
