Hace exactamente doscientos cincuenta años un grupo de hombres firmó uno de los documentos más trascendentes de la historia. No porque declarara la independencia de trece colonias frente a la Corona británica, sino porque afirmaba algo mucho más revolucionario: que existen derechos que ningún gobierno crea y, por lo tanto, ningún gobierno puede quitar.
La vida, la libertad y la propiedad no eran concesiones del rey ni beneficios otorgados por una mayoría circunstancial. Eran derechos inherentes a toda persona por el simple hecho de existir. Esa afirmación, que hoy puede parecer evidente, fue en realidad una ruptura radical con siglos de absolutismo. Por primera vez una nación nacía sobre la premisa de que el poder político debía estar subordinado al individuo y no el individuo al poder político.
Ese fue el verdadero secreto de los Estados Unidos.
Muchos creen que su éxito se explica por la abundancia de recursos naturales, por su ubicación geográfica o por la calidad de sus gobernantes. La historia demuestra que ninguna de esas respuestas alcanza. Hay países inmensamente ricos que permanecen en la pobreza y Estados Unidos tuvo presidentes brillantes, regulares y francamente malos. Su excepcionalidad no estuvo en los hombres que ocuparon la Casa Blanca, sino en haber construido instituciones pensadas para desconfiar del poder, limitarlo y someterlo al imperio de la ley.
Murray Rothbard señalaba que los revolucionarios norteamericanos jamás separaban la libertad de la propiedad porque entendían que ambas eran expresiones de un mismo principio moral. Quien no puede conservar el fruto de su trabajo tampoco puede considerarse verdaderamente libre. La defensa de la propiedad no era un privilegio económico, sino la condición indispensable para preservar la autonomía del individuo frente al Estado.
La Argentina nació inspirada por esa misma tradición. Alberdi comprendió que la misión de una Constitución no consistía en organizar la vida de los ciudadanos, sino en impedir que los gobernantes la organizaran por ellos. Durante décadas ese modelo funcionó. Nuestro país se convirtió en uno de los destinos más elegidos por inmigrantes de todo el mundo porque ofrecía algo escaso incluso entonces: libertad para trabajar, comerciar y prosperar.
Pero el siglo XX invirtió esa lógica. Poco a poco dejamos de discutir cómo limitar al Estado para preguntarnos qué nueva función debía asumir. Cada crisis justificó una regulación adicional, un impuesto más alto o un ministerio nuevo. El poder político dejó de ser un árbitro para convertirse en protagonista de todos los aspectos de la vida social.
El kirchnerismo llevó esa concepción hasta su máxima expresión. Construyó un modelo basado en la idea de que la riqueza podía distribuirse antes de ser creada, de que la inflación podía ocultarse con controles y de que la voluntad de un grupo de funcionarios era superior a las decisiones de millones de personas actuando libremente. No fue simplemente un conjunto de malas políticas económicas. Fue una filosofía política que colocó al Estado por encima de la sociedad.
Jesús Huerta de Soto ha explicado que el problema esencial del socialismo no es solamente moral, sino también intelectual. Ningún gobierno dispone del conocimiento necesario para coordinar una sociedad compleja porque ese conocimiento está disperso entre millones de individuos. Allí donde el poder reemplaza la cooperación voluntaria por la coacción, inevitablemente destruye la creatividad, la innovación y la capacidad de progreso.
Por eso el proceso iniciado por Javier Milei resulta mucho más profundo que un programa de estabilización económica. El equilibrio fiscal, la desregulación o la reducción del gasto público son importantes, pero todos responden a una idea anterior: devolverle a la sociedad el espacio que durante décadas ocupó el Estado. No se trata simplemente de administrar mejor el poder, sino de reconocer que existen ámbitos donde el poder nunca debió haber entrado.
Eso explica también la desesperación de quienes hicieron del Estado su herramienta de dominación política. Cuando el poder deja de repartir privilegios, se debilita el sistema de dependencias sobre el que vivieron durante años. Por eso la verdadera discusión nunca fue entre ajuste o gasto, sino entre una sociedad de ciudadanos libres y otra de individuos subordinados al favor del gobierno.
Hace doscientos cincuenta años, Estados Unidos descubrió que la grandeza de una nación no depende de tener gobernantes extraordinarios, sino de impedir que cualquier gobernante concentre demasiado poder. Esa fue también la intuición de los padres fundadores de la Argentina.
Después de demasiadas décadas de haberla olvidado, hoy nuestro país tiene la oportunidad de volver a encontrarla. Y quizá ese sea el cambio más importante de todos, porque las naciones no comienzan a prosperar cuando el Estado hace más cosas, sino cuando aprende, por fin, cuáles son las que nunca debió hacer.
